El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) acogió la recomendación del Departamento de Justicia y archivó el referido que se presentó más temprano en el año contra el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, tres legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) y un excandidato de esa colectividad a la Cámara de Representantes por, alegadamente, beneficiarse electoralmente de unos donativos de asfalto realizados por la empresa J.R. Asphalt.

De esa forma, el PFEI puso punto final a la investigación que pesaba contra Romero Lugo, el senador Juan Oscar Morales y los representantes Víctor Parés y Jorge “Georgie” Navarro. La querella que presentaron en mayo los excandidatos a la alcaldía capitalina Manuel Natal, Rossana López y Adrián González Costa también incluía a Ricardo Rey Ocasio Ramos, quien cayó derrotado en su intento por convertirse en representante por el distrito 2 de San Juan.

En un comunicado de prensa, el PFEI señaló que completó un “extenso y ponderado análisis de la prueba” que le refirió la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (Dipac) del Departamento de Justicia. El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, al entregar al PFEI el informe preliminar de la Dipac en noviembre pasado, recomendó no designar un fiscal especial contra ninguno de los señalados.

De acuerdo con el PFEI, los querellantes no produjeron prueba “de propio y personal conocimiento” sobre las presuntas ilegalidades cometidas en relación al asfalto donado.

“La prueba documental recopilada en la investigación demuestra que las declaraciones del alcalde Romero Lugo han sido consistentes en que los trabajos de bacheo se realizaron con asfalto provisto por J.R. Asphalt, sin costo alguno y con el único propósito de beneficiar a las comunidades. Ello hay que analizarlo conjuntamente con el dato de que no se obtuvo evidencia que estableciera que el asfalto fue sufragado con fondos públicos”, indicó el PFEI, citando una parte de la resolución en la que acogió la recomendación de Justicia.

Asimismo, según el PFEI, no surgió evidencia de que la empresa –cuyos socios se declararon culpables a nivel federal en relación con esquemas de corrupción en otros municipios– hubiera recibido contratos en San Juan bajo la administración de Romero Lugo como recompensa por el asfalto donado. El comunicado del PFEI precisa que, de siete licitaciones de la ciudad capital en que participó la compañía, resultó agraciada en cuatro.

“La Dipac no encontró prueba alguna de que el licenciado Romero o cualquiera de los otros querellados procuraran el asfalto para el bacheo. Lo que surge es que efectivamente fue un ofrecimiento libre y voluntario”, sostiene la resolución del PFEI.

En declaraciones escritas, Romero Lugo expresó que el archivo de la investigación respondía a la “ausencia total de prueba” para sustentar las “alegaciones falsas” sobre su persona.

“Acojo con respeto las determinaciones notificadas. Las mismas validan lo que expresé en un principio sobre mi cumplimiento con el rigor legal en todas mis acciones y conducta como servidor público y sobre la pulcritud y rigurosidad en los procesos de subasta que se llevan a cabo en el Municipio de San Juan”, agregó el alcalde.

Según expresaron los querellantes luego de presentar el referido a Justicia en mayo, el asfalto provisto por J.R. Asphalt entre 2019 y 2020 para el bacheo de calles en distintos distritos de San Juan constituía un donativo que debió haber sido reportado en los informes de ingresos y gastos de campaña de los políticos implicados. Durante el pasado cuatrienio, Romero Lugo se desempeñaba como senador por el distrito de San Juan, mientras que Morales, Parés y Navarro eran representantes por los distritos 3, 4 y 5 de la capital, respectivamente. Al presente, Parés y Navarro continúan ocupando los mismos escaños, mientras que Morales se convirtió en senador por distrito este año en una elección especial del PNP.

Aunque los señalados reconocieron que coordinaron labores de asfalto gratuito en sus distritos, en todo momento insistieron que no obtuvieron un beneficio ilegal de esos trabajos.

Reacciona Natal

Tras conocer el archivo, Natal, actual coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, cuestionó la diligencia del Departamento de Justicia en la pesquisa que produjo el informe en el que se fundamentó el PFEI para descartar la investigación a fondo.

“Según se desprende de la resolución, todo apunta a que Miguel Romero ni siquiera compareció ante el Departamento de Justicia, y Justicia no acredita qué gestiones, si alguna, utilizaron para obligarle a comparecer”, indicó Natal, mencionando que no surge, por ejemplo, que al alcalde capitalino le hayan requerido que entregara sus dispositivos electrónicos para examinar las comunicaciones que pudiera haber tenido con J.R. Asphalt.

Natal, de igual forma, sostuvo que de la resolución del PFEI no se desprenden los criterios que utilizó Justicia para concluir que el asfalto regalado no provenía de sobrantes de obras sufragadas con fondos públicos y resaltó que los legisladores tenían el deber de informar a sus respectivos cuerpos cualquier regalo que recibieran en carácter de funcionarios electos.

“Si el planteamiento es que lo hicieron en su capacidad individual como ciudadanos, no como candidatos o servidores públicos, tenían que informarlo en (la Oficina de) Ética Gubernamental, y en la resolución dice que no lo hicieron. Si lo hicieron en capacidad de puesto electivo, tenían que reportarlo al Contralor Electoral. Lo que confirma la resolución es uno de nuestros planteamientos, que es que este beneficio que recibieron, independientemente de cuál sombrero aleguen que tenían al momento de recibirlo, en ninguno de los casos cumplieron con su deber de informarlo ante las entidades correspondientes”, sostuvo Natal.

El Nuevo Día se comunicó con el contralor electoral, Walter Vélez Martínez, para conocer si esa oficina continúa examinando las alegaciones sobre los presuntos beneficios de campaña recibidos por los funcionarios, pero al momento de publicación no se había recibido respuesta. En la resolución del PFEI, se indica que “la prueba tiende a indicar que el asfalto fue provisto por uno de los miembros de la empresa y no por la corporación”. La Ley de Financiamiento de Campañas prohíbe que entidades jurídicas realicen donativos políticos a candidatos, pero Natal recalcó que los individuos enfrentan un tope a las contribuciones que, en 2020, se fijó en $2,800 por candidato.

“Si la conclusión de Justicia es que ese donativo lo hizo un individuo, es un donativo en exceso a los límites que establece la ley y la ley tiene unas consecuencias que toman en consideración la totalidad del donativo. En las imágenes que se han presentado hay cientos de miles de dólares en asfalto”, dijo Natal.

Los socios de J.R. Asphalt, Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas Vargas, esperan actualmente por conocer sus condenas tras declararse culpables de cargos de soborno con fondos públicos. Los esquemas ilícitos de la empresa se han vinculado a los casos por corrupción que involucran a exalcaldes de municipios como Cataño, Guaynabo, Guayama, Trujillo Alto, Humacao y Aguas Buenas.