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Ponen fecha a la salida del síndico en Educación: gobierno federal aprueba plan de transición

El anuncio fue realizado este jueves por la gobernadora Jenniffer González, junto al secretario del DE, Eliezer Ramos Parés

26 de marzo de 2026 - 9:35 AM

La gobernadora Jenniffer González y el secretario de Educación, Eliezer Ramos, anuncian la aprobación del Plan de Transición por parte Educación federal. (Suministrada)

El gobierno de Estados Unidos aprobó el plan de transición que traza la salida del síndico (TPFA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Educación de Puerto Rico, poniendo así fecha al fin de la supervisión sobre el uso de fondos federales en dicha agencia.

De cumplirse el calendario establecido, el síndico saldría tan pronto como el 20 de noviembre de 2026, informaron este jueves la gobernadora Jenniffer González Colón y el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, mediante un comunicado de prensa.

El TPFA ha supervisado el uso de fondos federales en Educación desde 2021 y le ha costado al gobierno puertorriqueño cerca de $150 millones que no llegan a los salones de clase, según los datos provistos a El Nuevo Día por la administración de González Colón.

De acuerdo con el gobierno, la aprobación del plan de transición por parte de Educación federal brinda la ruta para una salida ordenada y escalonada del síndico, lo que permite que los procesos se lleven a cabo, “manteniendo así los logros que se han alcanzado”.

Precisamente, la mandataria indicó que la salida del síndico federal representa un ahorro de aproximadamente $32 millones anuales, recursos que podrán destinarse a ampliar la oferta de servicios que reciben directamente las comunidades escolares.

“Estos recursos ahora podrán redirigirse para ampliar servicios directos a nuestras comunidades escolares, fortaleciendo programas, apoyos y oportunidades para nuestros estudiantes y sus familias”, expresó.

“Estamos haciendo historia. Este logro marca un hito significativo en el Departamento de Educación y es un reconocimiento al trabajo íntegro y al compromiso real que tenemos con nuestro sistema y nuestros estudiantes”, mencionó González Colón.

La primera ejecutiva del país indicó que le llena de orgullo la aprobación del plan de transición “que se ejecutará al pie de la letra para ya en el 2027 poder decir que la agencia opera sin el síndico. Los fondos federales se están utilizando de manera ágil, segura y eficaz para que se puedan brindar los servicios que nuestros estudiantes merecen y necesitan”.

Por su parte, Ramos Parés indicó que “esta aprobación reconoce el compromiso sostenido de nuestra agencia en la implementación completa del ”Comprehensive Corrective Action Plan" (CCAP), así como la capacidad que tenemos para diseñar y ejecutar una transición responsable, estructurada y basada en evidencia".

“El plan de transición establece un enfoque escalonado que nos permite asumir progresivamente las funciones fiscales críticas, garantizando el cumplimiento con los requisitos federales y la continuidad operativa del sistema”, comentó el titular de Educación local.

En ese sentido, Ramos Parés añadió que esto fue un compromiso de la administración de González Colón “que ya se está haciendo realidad y devuelve la confianza en la gestión que día a día realizamos”.

Según el gobierno local, uno de los componentes centrales que dio paso a la aprobación del plan de transición fue la creación de la nueva Oficina de Cumplimiento, que asumió funciones previamente delegadas al TPFA, fortaleciendo los controles internos, la supervisión fiscal y la rendición de cuentas.

Precisamente, esta Oficina de Cumplimiento se constituye como la entidad responsable de atender y canalizar todas las solicitudes y requerimientos provenientes de entidades de fiscalización, incluyendo la Oficina del Inspector General (OIG), la Contraloría, la Single Audit y otras agencias pertinentes.

El gobierno precisó que la aprobación del gobierno federal valida el progreso alcanzado por el Departamento de Educación local y su capacidad para sostener prácticas administrativas y fiscales robustas, “sentando las bases para una mayor autonomía operacional y una gestión más eficiente de los recursos públicos en beneficio de los estudiantes y comunidades escolares de Puerto Rico”.

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