El profesorado de Periodismo de la Universidad Puerto Rico (UPR) en Río Piedras exigió este lunes al Senado que detenga la aprobación del proyecto de ley que dificultaría el acceso a información pública y que, en su lugar, se comience una discusión abierta y participativa sobre la legislación que, según han denunciado sectores, impone requisitos y obstáculos adicionales al proceso para acceder a datos en poder de las agencias gubernamentales.

“Cuando se obstaculiza el acceso a la información pública, se limita la función fiscalizadora de la prensa y la capacidad del país para exigir rendición de cuentas”, destacó el grupo académico, en una comunicación firmada por seis profesores de la de la concentración en Información y Periodismo de la Facultad de Comunicación e Información (FaCI) de la UPR.

“El acceso a la información pública es la base de la participación democrática. Sin datos, no hay rendición de cuentas; sin rendición de cuentas, no hay democracia”, aseveraron los profesores, cuyas expresiones fueron emitidas en su carácter personal y colectivo, y no en representación oficial de la FaCI.

El Proyecto del Senado (PS) 63, de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, está pautado para llevarse a votación este martes sin que se hubiesen celebrado vistas públicas. Seis entidades, según un informe de la Comisión de Gobierno de ese cuerpo legislativo, sometieron memoriales en oposición a la medida y aun así el organismo recomendó la aprobación de la propuesta. La pieza solo recibió el aval de la Comisión Estatal de Elecciones(CEE).

La legislación impone requisitos adicionales a las solicitudes de información mediante enmiendas a la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública” (Ley 141-2019). Entre otras cosas, elevaría a 20 días laborables el término para la entrega de información, en lugar de los 10 días actuales, y 20 días más como prórroga, para un total de 40. Al sumar días feriados y fines de semana, el tiempo real sería de dos meses.

Asimismo, impone como requisito notificar a jefes de agencia cada petición y exige incluir la dirección postal y el correo electrónico en las solicitudes, lo que, han advertido algunas entidades, perjudica a ciudadanos sin acceso a estos medios, además de que expone a los solicitantes a “carpeteo” o actos de persecución al interior de las agencias.

El grupo de profesores sostuvo, además, que el proyecto constituye un grave retroceso para el derecho ciudadano de acceso a la información pública, y advirtieron que su aprobación debilitaría aún más las herramientas que tienen la prensa y la ciudadanía para exigir rendición de cuentas.

Asimismo, cuestionaron –al igual que otras entidades– las “sanciones simbólicas” que impondría la medida contra las agencias que incumplan. Dichas multas, dijeron, “no garantizan transparencia real”.

Las agencias que incumplan podrán ser sancionadas con una multa de hasta $100 diarios. La totalidad de las sanciones no podrá exceder los $18,000, dispone la medida en su Artículo 10.

Ante la ausencia de audiencias públicas para evaluar la medida, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) celebró, en mayo, unas vistas ciudadanas, donde 12 ponentes expusieron sus experiencias sobre las dificultades de acceder a información pública y manifestaron su rechazo al proyecto.

Entre quienes levantaron su voz en oposición a la legislación, está -además del Colegio- la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el Overseas Press Club y las organizaciones FURIA, Kilómetro Cero y Sembrando Sentido.

“El derecho a saber no es una concesión del Estado, sino una garantía que impide que el poder público actúe sin rendir cuentas. El conocimiento y la información son bienes públicos; obstaculizarlos desde el poder es una forma de censura estructural que empobrece el pensamiento crítico, limita la investigación y debilita el ejercicio del periodismo responsable”, advirtieron.

Firmaron los documentos el doctor Israel Rodríguez Sánchez, la doctora Lourdes Lugo Ortiz, la doctora Ramaris Albert Trinidad y las profesoras Amary Santiago Torres, Patricia Rivera Meléndez y Marisellie Ortiz Nieves.