Mientras la administración de Jenniffer González intenta proyectar un escenario de normalidad tras el desmantelamiento de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por parte del presidente estadounidense Donald Trump, múltiples voces cuestionan la validez de las destituciones de cinco de los siete integrantes, un panorama que pudiera dejar al organismo –de momento– sin poder decisional sobre temas trascendentales e, igualmente, obstaculizar las gestiones ordinarias que lleva a cabo.

Para el abogado y director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía, Sergio Marxuach, si alguno de los integrantes despedidos optara por retar legalmente la destitución, para la administración Trump sería cuesta arriba demostrar la “causa” que la ley Promesa exige para ese tipo de determinación.

“De lo que ha salido hasta ahora públicamente, ninguna de las notificaciones tenía expresamente la causa por la que se estaba removiendo a estas personas. En teoría, podrías decir que cada uno de los miembros que recibió esta carta podría ir a corte y retar su despido. La ley Promesa es clara: (la destitución) es por causa y, hasta donde sabemos, no se ha dado ninguna causa para remover”, señaló Marxuach, quien reconoció, sin embargo, que hay un trecho entre la disposición legal y la voluntad de alguno de los miembros para atravesar un proceso judicial contra el presidente de Estados Unidos.

Según la interpretación de Marxuach, un pleito sobre la facultad del presidente de destituir miembros de la JSF se dirimiría ante el Tribunal Federal para el distrito de Puerto Rico, toda vez que se radicaría al amparo de Promesa.

En su sección 101, la ley federal estipula que el término de cada integrante de la JSF es de tres años y que “el presidente podrá remover a cualquier miembro de la Junta de Supervisión solo por causa”.

El martes, la JSF confirmó los despidos de su presidente, el exjuez de Quiebras Arthur González; y a los puertorriqueños Cameron McKenzie, expresidente de la Cámara de Comercio; el inversionista Juan Sabater; la educadora Betty Rosa y el ejecutivo Luis Ubiñas.

El Nuevo Día intentó contactar a McKenzie, quien fungía como el miembro de la JSF residente en Puerto Rico, pero no obtuvo respuesta.

Hasta el momento, la Casa Blanca ha esbozado planteamientos genéricos para los despidos, centrados en los niveles de gastos que ha incurrido la JSF durante sus nueve años de gestión. De momento, no se ha explicado por qué quedaron exentos de la purga el experto en pensiones Andrew Biggs y el exjefe de presupuesto de los estados de Utah y Michigan, John Nixon, ambos nominados por líderes congresionales republicanos.

“Estados Unidos era un país con separación de poderes, donde cada una de las ramas de gobierno celaba la separación. Como decía el juez (Antonin) Scalia, de la Corte Suprema, era la separación de poderes lo que hacía de Estados Unidos un país libre. Esa separación se ha ido borrando porque el Congreso y la Corte Suprema han ido dejando de celar su campo. Se supone que el presidente no pudiera hacer lo que hizo”, opinó, en tanto, el exgobernador Alejandro García Padilla, quien en 2016 accedió a la aprobación de Promesa y la imposición de la JSF como vía para manejar la deuda del gobierno puertorriqueño y sus instrumentalidades, que se estimaba en $73,000 millones.

García Padilla se expresó esperanzado en que alguno de los directivos despedidos rete la acción de Trump, pero, como Marxuach, reconoció que dependerá de la voluntad personal.

Aunque el exmandatario popular coincidió en que los gastos de la JSF –estimados en más de $2,000 millones desde 2016 por entidades como Espacios Abiertos– exceden por mucho las proyecciones iniciales, acentuó que difícilmente justifica la destitución de cinco de los siete integrantes.

“Hubiesen tenido que quitar a los siete. No creo que ningún miembro de la Junta, independiente de los demás, pueda tomar la decisión de contratar a una persona o bufete”, manifestó García Padilla.

El exdirectivo de la JSF Antonio Medina, en cambio, sostuvo que, durante su tiempo en el organismo, se llegó a discutir a fondo las facultades del presidente sobre los miembros. “En aquel momento, (concluimos) que el presidente realmente tiene el poder de nombrar y despedirnos de la Junta, siempre y cuando sea con causa. ‘Causa’ es un término tan ambiguo que, si él entiende que la quiebra ha tomado demasiado tiempo o considera que el costo ha sido demasiado alto, probablemente tiene esa discreción”, dijo Medina.

El miércoles, el secretario de la Gobernación y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Francisco Domenech, rechazó que las destituciones supongan una paralización en las gestiones pendientes del organismo, entre las que destaca la renegociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Los asuntos pendientes siguen en pie, así como el plan de manejo y trabajo de los próximos temas a tratarse. Nada ha cambiado, lo que incluye el seguir adelantando los temas de energía, restructuración de la deuda de la AEE, el cumplimiento con el plan fiscal, entre otros”, dijo el jefe de gabinete.

En la tarde, Biggs y Nixon, los dos miembros restantes de la JSF, acudieron a una reunión en La Fortaleza con la gobernadora González y otros funcionarios.

“Los miembros actuales Andrew G. Biggs y John E. Nixon proveen continuidad a las operaciones de la Junta de Supervisión y su personal conforme a Promesa”, señaló el organismo por escrito.

Si bien la JSF mantiene a su director ejecutivo, Robert Mujica, y personal que puede ejecutar las tareas diarias, Medina señaló que incluso las reprogramaciones de presupuesto que se evalúan ordinariamente requieren un voto mayoritario del organismo, función que posiblemente quedaría vedada con solo dos integrantes.

La mediación en curso con los acreedores de la AEE –la tarea pendiente de mayor trascendencia de la JSF– quedan “paralizadas”, a juicio del exintegrante, quien señaló que los miembros del organismo, de ordinario, participaban personalmente de las reuniones.

“Una oferta para hacer el ‘settlement’ (acuerdo) de esa quiebra requeriría una supermayoría”, dijo Medina, en referencia a las disposiciones de Promesa que requieren el favor de no menos de cinco integrantes en determinadas circunstancias.

De acuerdo con la sección 101, entre las decisiones que requieren un voto mayoritario de “la membresía completa de la Junta de Supervisión” –es decir, cuatro votos– figuran las aprobaciones de planes fiscales y presupuestos, los bloqueos de leyes aprobadas y el aval a designaciones de proyectos críticos.

Marxuach, en tanto, subrayó que entre otras controversias en curso, como las negociaciones del gobierno con New Fortress Energy, la intervención de la JSF podría cuestionarse ante el volumen de vacantes.

“En la medida que tengamos una junta con solo dos miembros, (…) se van a quedar en el limbo y (las decisiones) pueden ser cuestionadas por personas o entidades que se vean afectadas”, dijo el economista.