Si bien los retos son complejos en el Departamento de Educación, el momento histórico que atraviesa la agencia y las circunstancias actuales sientan las bases para una transformación urgente del sistema hacia uno descentralizado, donde el poder decisional resida en la comunidad escolar, con un presupuesto que priorice al estudiante y condiciones dignas para maestros y el personal no docente.

Esos cambios deben ocurrir con prisa, pero con el freno justo para que su ejecución sea eficaz, desligada del vaivén político partidista que estanca la implantación de políticas públicas. Esas fueron las principales áreas de consenso alcanzadas por cinco destacadas figuras en el ámbito de la educación en el foro Punto de Encuentro: los retos de la descentralización del sistema educativo de Puerto Rico, coordinado por El Nuevo Día, en colaboración con la Escuela de Comunicación Ferré Rangel, de la Universidad del Sagrado Corazón, en Santurce.

“La descentralización es un proceso, es una forma de acercar la toma de decisiones de la educación de nuestro país a la escuela, donde se encuentran los profesionales de la educación, que es el magisterio, y la gente que más quiere a los niños y niñas además del magisterio, sus padres y sus madres”, subrayó Ana María García Blanco, educadora y fundadora del Instituto Nueva Escuela.

“Tenemos que ser muy disciplinados en sacar la política partidista del salón de clases y que todas las decisiones que se tomen, que afecten ese lugar, que es el lugar más importante de una sociedad, no tengan nada que ver con una decisión político partidista y el mercado que viene atado a eso”, anotó la también integrante del comité ejecutivo de la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (Idear), como ha sido denominado el proyecto impulsado en el sistema público de enseñanza.

El panel estuvo integrado, además, por el director de Ia Oficina de Idear, Roger Iglesias Sepúlveda; el exsecretario de Educación César Rey; el vicepresidente de la Asociación de Maestros, Raúl González, y Michael Fernández, director ejecutivo de Caras con Causa, entidad que opera la Escuela con Causa Rosalina Caraballo Martínez, en Cataño.

Esta es la segunda edición de Punto de Encuentro, una serie de conversatorios para fomentar el diálogo entre líderes de distintos sectores del quehacer económico y social para que ofrezcan propuestas concretas en temas determinantes para el futuro Puerto Rico.

Desde sus inicios, Idear contempló un calendario de trabajo ambicioso dirigido a establecer la primera agencia educativa local (LEA, en inglés) en agosto próximo, para el inicio del nuevo año escolar. Sin embargo, en los últimos meses, han surgido cuestionamientos en torno a si la rapidez perjudicaría el producto final.

“El calendario se modificó ya, y se ha modificado en varias ocasiones a solicitud de las mismas mesas de implementación y de la misma comunidad. Ahora mismo, en agosto, ya no vamos a tener la primera LEA, lo que nos estamos moviendo es a tener una región lo más descentralizada posible para prepararla y que esté en transición a convertirse en una LEA para agosto de 2025″, dijo, en primicia, Iglesias Sepúlveda, al responder si era una opción modificar el calendario de trabajo y qué pasaría si se detenía.

Rumbo a la descentralización, Educación estableció tres zonas pilotos: la Zona Sur, integrada por 28 escuelas en Guánica, Yauco y Guayanilla –que sería la primera LEA-; Zona Montaña, compuesta por 19 escuelas en Orocovis y Morovis; y la Zona Urbana, con 26 planteles en Mayagüez, Hormigueros y Añasco.

El director de Idear indicó que todavía evalúan qué sucederá con el programa piloto a partir de agosto. “La petición de los pilotos es continuar porque están empoderados, creen en el proyecto, quieren continuar, quieren seguir creciendo. Estamos evaluando la alternativa de que los pilotos continúen y, si continúan, qué exactamente es lo que vamos a estar evaluando”, sostuvo.

En un aparte con El Nuevo Día luego de la actividad, Iglesias Sepúlveda explicó que la decisión de aplazar el lanzamiento de la primera agencia local educativa se tomó luego que el Senado rechazó, el mes pasado, el Reglamento de las Facultades y Deberes de las Oficinas Regionales Educativas (ORE), que, entre otras cosas, habría establecido las bases para la transición hacia lo que sería la primera LEA. “Aunque se aprobara el reglamento ahora, nos dimos cuenta que estaba demasiado apretado. No habría tiempo para hacerlo”, expuso Iglesias Sepúlveda.

Días después que el Senado objetó el estatuto, en una vista pública en ese cuerpo legislativo, portavoces de entidades enfocadas en políticas educativas y filantropía –que poco antes habían renunciado a las mesas de trabajo de Idear– solicitaron paralizar el proceso de descentralización y que se descartara establecer, en agosto, la primera LEA por discrepancias sobre la manera en que transcurre el proceso.

Aun con los retrasos en los trabajos, los panelistas coincidieron en que este es el momento idóneo para adelantar el proyecto de descentralización, sobre todo, al contar con el apoyo del secretario de Educación federal, el puertorriqueño Miguel Cardona.

“Tenemos una oportunidad para adelantar ese camino hacia lo que queremos, una oportunidad para, nosotros como país, como pueblo, aprovechar eso y adelantar la educación pública de nuestro país, el acceso a la educación”, subrayó García Blanco, también miembro de la Comisión Presidencial de Excelencia en la Educación, nombrada por el presidente Joe Biden.

“Están mirando a Puerto Rico como un modelo de transformación distinto. Esto no es lo que pasó en (Washington) D.C., esto no es lo que está pasando en Hawái, esto no es lo que está pasando en otros estados que se han descentralizado. Muchos de ellos se han dirigido hacia la privatización del sistema público, esto es un modelo nuevo que tiene un componente de participación comunitaria importante”, enfatizó.

La descentralización, coincidieron los participantes, es un primer paso hacia la transformación educativa, pero no es el final, sino una herramienta para mejorar el sistema escolar. Enfatizaron, además, que este proyecto debe mantenerse al margen del cambio de administraciones gubernamentales, sobre todo, tomando en cuenta que este es año electoral.

“La alternancia política arruina los proyectos educativos. Cada secretario trae su propio libro y cada secretario impulsa un proyecto distinto. Desgraciadamente, la inversión que, entonces, se hace en un proyecto sustantivo, como fue el proyecto de reingeniería, no tuvo seguimiento”, sostuvo Rey, en referencia al proyecto de reestructuración que impulsó en la agencia, bajo su secretariado, entre 2001 y 2004.

“El problema que tiene el proyecto educativo es esa inestabilidad política, cuando debería haber una junta que supervisara proyectos de continuidad, cuando, a lo mejor, se podría pensar en secretarios que alternen con los cuatrienios, cuando debería haber un consenso de comunidad con protagonistas estudiantes, maestros y personal no docente, participando de esas decisiones educativas”, abundó.

Sobre ese asunto, García Blanco recalcó que, en el comité ejecutivo de Idear, se vela por la continuidad del proyecto, independientemente de cualquier cambio que pueda surgir tras las elecciones de noviembre.

Al reconocer que esta transición tomará tiempo, los panelistas advirtieron que no hay que esperar a completar la descentralización para dar mayor autonomía a las escuelas. Destacaron, sobre todo, la autonomía curricular, de modo que las escuelas puedan atender el rezago académico y las necesidades específicas de los estudiantes.

“Nuestra escuela empieza en sexto grado, o sea, que los estudiantes que llegan a mi escuela llegan con un rezago, en promedio, de dos a tres años. Tengo estudiantes en sexto grado, un número significante que tenemos que trabajar la re-enseñanza de la lectura”, relató Fernández sobre su experiencia al frente de la escuela alianza Rosalina Caraballo Martínez.

“Pero yo tengo una autonomía como comunidad escolar para definir cuáles son mis estrategias educativas. Necesitamos darle esa autonomía a todas las escuelas de Puerto Rico para que puedan decidir, identificar primero cuáles son las necesidades y, luego, diseñar los planes de trabajo”, sostuvo.

Subrayó que decisiones como el presupuesto operacional, cuánto personal docente requieren por estudiantes, así como el personal no docente y de apoyo, como orientadores y trabajadores sociales, las tiene que poder tomar la escuela, no una oficina regional ni central.

En específico, respecto al presupuesto del Departamento de Educación, hubo un reclamo por mayor transparencia, particularmente en la divulgación de cómo la agencia distribuye las partidas, y se enfatizó en la importancia de determinar cuánto es el costo por estudiante y cómo se calcula esa inversión. Esa fórmula por estudiante es una de las exigencias de la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85 de 2018), pero no se ha cumplido.

Iglesias Sepúlveda, director de Idear, mencionó que Educación trabaja para establecer la cifra exacta de inversión por estudiante, pero no pudo brindar mayores detalles sobre cuándo se completaría ese análisis.

El vicepresidente de la Asociación de Maestros, por su parte, planteó que están sobre la mesa las discusiones en torno al presupuesto y los cambios que haya que hacer desde la Oficina de Gerencia de Presupuesto y otras agencias “para ubicar, en tiempo y espacio, la manera en que esa LEA debe responder a las necesidades y al proceso de funcionamiento”. Además, los panelistas entienden que es necesario modificar el sistema de reclutamiento del personal en Educación y –como establece el informe del comité ejecutivo de Idear– enfocarse en el criterio por mérito.

Asimismo, anticiparon que será necesario enmendar la Ley 85 de Reforma Educativa, al señalar que existen lagunas o discrepancias entre sus disposiciones y la ejecución completa del proyecto de descentralización.

“Hay que ver la posibilidad de que la propia ley pueda ser enmendada en algunas áreas particulares para poder ajustar todo este proceso de cambio, y hay que respetar lo que son los derechos del magisterio, hay que respetar la escuela pública, hay que mantener la no privatización de la escuela pública, y es parte de los preceptos que hemos discutido con el secretario de Educación federal”, puntualizó González.