La Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes visitó este martes la Fiscalía de Carolina, como parte de una investigación para fiscalizar el cumplimiento con los protocolos que se siguen con las sobrevivientes de violencia de género en distintos niveles del sistema judicial.

La pesquisa legislativa se realiza al amparo de la Resolución de la Cámara (RS) 709, que presentó la representante Wanda Del Valle Correa días después que Gemillies Lozada Navarro fuera asesinada por su expareja en una salida de la avenida Baldorioty de Castro. La madre de 25 años había solicitado una orden de protección, que se emitió de manera ex parte, pero no se le extendió en la vista final.

Del Valle Correa, también presidenta de la comisión cameral, indicó que las vistas oculares continuarán en la Comandancia de la Policía y en el Tribunal de Carolina. Aunque se ha enfocado inicialmente en su distrito, no descarta moverse a otras regiones para tener un análisis más amplio sobre el aparato de seguridad que debe proteger a las víctimas y sobrevivientes de violencia de género y no revictimizarlas.

“Cuando yo tenga el informe final, yo lo voy a dar, salga lo que salga, porque a mí lo que me importa es que el proceso mejore para que más mujeres se estimulen a buscar ayuda, porque se nos están quedando en el camino”, expresó la representante, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Llegan al tribunal o llegan a la comandancia, y de ahí después no quieren seguir. Entonces, eso es lo que estamos tratando de indagar, en dónde el proceso está fallando, que muchas mujeres se quitan en el proceso”, añadió.

Las denuncias de un sistema insensible al trauma que representa la violencia doméstica han sido constantes a lo largo de la historia. Aunque se han hecho enmiendas en protocolos y adiestramientos, los cambios en la práctica son mínimos, señaló Del Valle Correa.

Como parte de la RC 709, se ordena auscultar sobre la capacitación que reciben los oficiales de la Policía, los fiscales y funcionarios del tribunal sobre los mecanismos y el funcionamiento de las órdenes de protección, y en qué circunstancias las mismas pueden no proceder. Asimismo, indagará sobre el cumplimiento con el deber de orientar a las víctimas sobre el plan de acción de protección.

“Estamos tratando de ver dónde el sistema se está cayendo, que las víctimas se quedan a mitad del camino y qué está sucediendo, que las órdenes de protección no están siendo aprobadas”, subrayó Del Valle Correa.

Al concluir la pesquisa, la Comisión de Asuntos de la Mujer debe someter sus recomendaciones.