Con el reloj en contra, entre los vecinos de residenciales públicos en Puerto Rico aún reina el desconocimiento sobre los cambios en la reglamentación que impulsa el Departamento de Vivienda federal (HUD, en inglés), que, según líderes comunitarias entrevistadas, podrían dejar en la calle a miles de personas y agravar la actual crisis de vivienda asequible.

Saraí Bernard Ruiz, líder del residencial Dr. Rafael López Nussa, en Ponce, y Mirta Colón Pellicier, del antiguo residencial Las Gladiolas, en Hato Rey, además, exigieron el respaldo público de alcaldes, legisladores, empleados de gobierno y funcionarios electos en contra de los reglamentos propuestos, que proponen, entre otros cambios, fijar un término límite para la ocupación de unidades de vivienda pública e imponer requisitos de trabajo a tiempo completo para los residentes.

“En Puerto Rico, esto no es humanamente posible, porque es que ninguna de esas reglamentaciones tiene un respaldo posible. Hay una regla, pero cada regla tiene una excepción. Yo entiendo que Puerto Rico, lamentablemente, es la excepción”, opinó Bernard Ruiz, en entrevista telefónica.

A manera de ejemplo, cuestionó si en Ponce habría espacios de vivienda asequible donde reubicar a las familias que residen actualmente en los 404 apartamentos de su residencial.

“Dentro de dos años, todos los que vivimos aquí nos vamos a la calle si se implementaran los reglamentos”, alertó la mujer, quien recordó que la crisis de vivienda en el sur se agravó por los daños causados por los terremotos del 2020.

De otra parte, Colón Pellicier consideró que son pocos los patronos dispuestos a emplear para jornadas de 40 horas semanales porque supuestamente “no quieren dar” los beneficios que corresponden quienes laboran a tiempo completo.

“Se van a vaciar los residenciales. (Pero) aquí todo el mundo va a estar afectado porque no son solamente los residenciales públicos. Estamos hablando que todos los programas que estén subvencionados con fondos federales pueden entrar dentro de esta regulación”, aseguró sobre la normativa propuesta, que también contempla cambios para los beneficiarios de Sección 8.

Pese a esos riesgos, ambas entrevistadas criticaron que supieron de las propuestas reglamentaciones mediante la prensa y no por voz del Departamento de la Vivienda o de la Administración de Vivienda Pública (AVP). Por eso, ahora buscan orientar a sus vecinos.

Al preguntarle al administrador de la AVP, Juan Rosario Hernández, si habían implementado alguna estrategia para comunicar las propuestas a las 56,900 familias que residen en los 324 complejos de vivienda pública, respondió: “Estas políticas se encuentran en el portal de HUD. Nosotros las hemos enviado a varios consejos comunales que nos las han solicitado. Las hemos enviado tanto en español como en inglés”.

El gobierno aún no asume una postura sobre los reglamentos propuestos. A esos fines, se han reunido con varios componentes del gobierno federal y estatal, pero aguardan por las opiniones de los residentes de vivienda pública para fundamentar su análisis.

“Para nosotros, es importante poder conocer lo que nuestros residentes piensan sobre estas políticas públicas y cómo los afectaría”, acentuó Rosario Hernández, quien señaló que han recibido 16 ponencias desde que habilitaron el correo electrónico expresate@avp.pr.gov.

Asimismo, informó que esta semana se realizarán cuatro vistas públicas que, aunque estaban contempladas para discutir el plan anual de la AVP, también servirán para recoger las opiniones de los residentes sobre las nuevas reglas de HUD.

Al plantearle la crisis de vivienda que existe en el país, el titular de la AVP mencionó que es parte del análisis que conducen.

“Siempre vamos a velar por nuestros adultos mayores, nuestras personas con diversidad funcional, madres o padres solteros que cuidan a sus niños, que tienen algún tipo de situación. Esas son las personas que nosotros siempre vamos a estar garantizando, porque entendemos la vulnerabilidad”, expuso.

Los cambios en las reglas que propone HUD incluyen también reducir el término para notificar desahucios, que actualmente es de hasta 30 días. Además, eliminar los subsidios de vivienda pública si en la familia hay algún integrante con status migratorio irregular.

Además, la AVP y los propietarios pudieran limitar a un mínimo de dos años los subsidios, y los beneficiarios, de entre 18 y 61 años, tendrían que cumplir con hasta 40 horas de trabajo semanales. Esta regla excluiría a los adultos de 62 años o más y a las personas discapacitadas.

Las fechas límites para emitir los comentarios sobre los distintos reglamentos van desde el 21 de abril hasta el 1 de mayo.

Bernard Ruiz y Colón Pellicier destacaron que algunas de estas reglamentaciones no están completamente claras. Por ejemplo, la exención del requisito de trabajo para adultos mayores.

“Conocemos de familias que no necesariamente el adulto mayor o la persona con discapacidad es la jefa de familia, sino que es parte de un núcleo familiar. Esa persona no va a ser parte de esa exención porque no es el jefe de familia, o sea que es para todo el mundo”, expuso Colón Pellicier.

Asimismo, alertaron sobre la posibilidad de que familias sean separadas porque, en el núcleo familiar, haya personas con status migratorio no definido.

“¿Los padres tienen que abandonar a sus niños? ¿Los esposos tienen que abandonar a sus parejas porque no tienen documentos? No importa si son personas serias, trabajadoras, que llevan una vida viviendo en Puerto Rico y por cosas burocráticas no tienen la ciudadanía o las visas…Entiendo que eso se llama discrimen”, putualizó Bernard Ruiz.

Ambas líderes comunitarias consideraron que la AVP debe orientar a sus participantes, además de garantizar servicios de traducción para poder someter los comentarios –en inglés– directamente a HUD, de forma que puedan llegar a la agencia que tomará las decisiones sobre los reglamentos.

El administrador Rosario Hernández instó a los residentes a enviar sus comentarios tanto a la AVP como a HUD directamente. Aseguró que, de necesitar asistencia con la traducción, tienen “un equipo legal que los puede ayudar”.

Las líderes comunitarias instaron a los residentes en complejos de vivienda pública a exigir a los alcaldes, legisladores y a la gobernadora Jenniffer González que se expresen públicamente en oposición a los nuevos reglamentos.

“Se supone que están en esos puestos para defender a su pueblo. Ellos son la mano que tienen que hacer regir la Constitución de Puerto Rico. Nosotros tenemos derecho a salud, a educación y a una vivienda segura”, subrayó Bernard Ruiz.