A pesar del creciente rechazo a la medida y las reservas del secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos, la gobernadora Jenniffer González convirtió en ley este miércoles el Proyecto del Senado (PS) 350, que prohíbe los tratamientos de afirmación de género en personas menores de 21 años.

Según un comunicado de La Fortaleza, la pieza fue reconsiderada por la Legislatura y “se le incluyeron las enmiendas solicitadas por la gobernadora”, por lo que se convirtió en la Ley 63-2025.

Más temprano este miércoles, Ramos informó a El Nuevo Día que había sometido a González un memorial con su posición, mientras insistió en que la Legislatura ignoró las enmiendas que él sometió para consideración.

Ramos, quien manifestó que endosó el PS 350 con las enmiendas que había recomendado, rechazó contestar si mantendría su apoyo a la propuesta si se convertía en ley sin esos cambios. También, declinó responder si su exhortación a González era que no firmara la medida tal como fue enviada a La Fortaleza.

“El memorial que sometí a la gobernadora, no voy a hablar públicamente de él ni de las conversaciones que se han tenido. A fin de cuentas, es un asunto de política pública, la decisión final va a ser de la gobernadora”, planteó. “La Legislatura hizo su parte de enviarle un proyecto, ella tiene que analizar las distintas posiciones que le someten tanto agencias de gobierno como entidades privadas que ella le pregunte, y la gobernadora va a decidir este asunto, que es un asunto de política pública”.

Las dos enmiendas propuestas por el titular de Salud –que no fueron atendidas por la Legislatura– iban dirigidas, por un lado, a permitir el uso de bloqueadores de pubertad y, por otro, a que no se viera interrumpido el tratamiento de jóvenes de 18 a 21 años que ya comenzaron el proceso de hormonas de transición.

Ramos ha señalado que no incluir estas enmiendas tendría “consecuencias a la salud”, específicamente en el grupo de pacientes de 18 a 21 años que actualmente están en tratamiento de hormonas de transición. A pesar de reconocer este riesgo para la salud, no pudo precisar cuál sería su plan –si alguno– para asistir a estos jóvenes trans en caso de que la gobernadora firmara la medida.

Por otro lado, el secretario reconoció que la pieza –de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve– toca asuntos que no son un problema en Puerto Rico.

“El proyecto prohíbe cosas que no se hacen ahora mismo en Puerto Rico, pero se pudieran hacer, y puedo entender que haya una política pública de protección a los niños”, sostuvo. “Aquí, por ejemplo, no se hacen cirugías de cambio de sexo, que es una de las cosas que prohíbe el proyecto. Claro, no se hacen, pero no quiere decir que no pudiera llegar alguien que pudiera hacerlas, así que eso está ahí”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico fue la organización más reciente que se unió al llamado para que la gobernadora vetara la medida. Otros grupos que expresaron su rechazo fueron el Colegio de Abogados y Abogadas, la Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr., el Colegio de Médicos Cirujanos –del que Ramos fue presidente–, el Colegio de Trabajadores Sociales y la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional.

“La ACLU rechaza de manera contundente la aprobación de una medida que no solo criminaliza a madres, padres y médicos, sino que discrimina de forma directa contra las personas transgénero y niega la existencia de la niñez y la juventud trans, cuya vida incluso puede estar en peligro”, denunció la directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona.

El lunes, la gobernadora indicó que el proyecto aún no había llegado a su consideración y se reservó cuál sería su futuro. Según el Sistema Único de Trámite Legislativo, la medida se envió a La Fortaleza el 28 de junio.