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El Senado acogió este lunes el informe final sobre la investigación que condujo ese cuerpo legislativo en torno al manejo de los fondos de investigación provenientes de la National Science Foundation (NSF) en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y la administración central de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La pesquisa de la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo, que preside la senadora popular Mari Tere González, fijó la responsabilidad por la suspensión de los fondos de la entidad federal en las figuras del entonces presidente de la UPR, Miguel Muñoz, y el entonces director del Centro de Recursos para Ciencia e Ingeniería, el catedrático Manuel Gómez.

"La Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo del Senado, luego de su estudio sobre la situación en la UPR con la NSF, concluye que con intención o por negligencia crasa las personas y entes llamados a proteger el bienestar y el desarrollo de la UPR han fracasado en esa gestión provocando daños irreparables a su economía, a las investigaciones, sus profesores investigadores, estudiantes, y su prestigio, dejando a la universidad en un estado de incertidumbre sobre el futuro de la otorgación de los fondos federales, no solo de NSF si no de otras agencias", reza el informe que leyó ante el pleno la senadora González.

"De los testimonios surge que esas personas llamadas a cumplir y que no fueron diligentes en su gestión son en principio el doctor Miguel Muñoz, expresidente de la Universidad, la Junta de Síndicos de la UPR, y el doctor Gómez, del Centro de Recursos de Ciencias e Ingeniería", añade el documento.

Los hallazgos fueron referidos al Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental para que adopten las acciones correspondientes.

El informe detalla 23 conclusiones, que incluyen la existencia de motivos de preocupación respecto al manejo que la UPR ha dado a las partidas que la NSF asigna como "costos indirectos", que según la reglamentación federal, no pueden emplearse para el pago de salarios.

"En una reunión el 10 de enero de 2013, de la Junta de Síndicos, quedó evidenciado que el dinero de costos indirectos se ha usado para aumentar el pago de salarios a investigadores y administradores, en clara violación a la Circular OMB A-21", concluyó el organismo legislativo.

Además, señala que se estableció un esquema mediante el cual ese dinero se manejaba como "fondos institucionales", lo que presuntamente imposibilitó a la NSF la fiscalización de ese capital.

 La comisión senatorial puntualizó, además, que la NSF realizó 32 señalamientos sobre supuestas irregularidades en el RUM y la administración central de la UPR, principalmente sobre el Sistema de Informes de Tiempo y Esfuerzo, y esas observaciones no fueron informadas a la comunidad univeristaria hasta un año y medio después.

 Asimismo, indica que el plan de acción correctiva aprobado por la NSF para atender esa situación ha demorado más de un año en ponerse en vigor.

"El expresidente de la UPR tenía conocimiento del incumplimiento y del vencimiento de los términos para cumplir, y no actuó con la diligencia y urgencia que requería el momento y las circunstancias", destaca el documento.

El informe fue recibido por el pleno senatorial con la oposición de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), cuyo portavoz Larry Seilhamer argumentó que existen "unas contradicciones y unas inconsistencias" entre lo que estableció la investigación, y el testimonio vertido por José Lasalde, entonces vicepresidente de Investigación y Tecnología, y hoy presidente interino de la UPR.

Durante el debate legislativo, la senadora novoprogresista Margarita Nolasco catalogó el informe como "una colección de chismes entre empleados de la UPR", y afirmó que su único objetivo es desviar la atención para eximir de toda responsabilidad al expresidente de la institución Antonio García Padilla, hermano del gobernador Alejandro García Padilla.

Algunos de los señalamientos de la NSF se extienden a los años en los que García Padilla estuvo al frente del sistema univeristario público.

"Esto es un informe para proteger a toda costa a los anteriores regentes de la UPR. El doctor Muñoz entró aquí en el 2011. Verdaderamente, tenemos que pensar que lo que quieren es distribuir culpas entre todo el mundo, y sin buscar el culpable verdadero", argumentó Nolasco.