La Legislatura Municipal de Mayagüez ya tiene ante su consideración un proyecto de ordenanza con enmiendas al Código de Orden Público vigente, que incluye la ubicación de un oficial de seguridad en cada comercio que venda bebidas alcohólicas y la prohibición de “ruidos excesivos e innecesarios” en zonas residenciales.

“Nuestro compromiso es con la seguridad y la calidad de vida de los mayagüezanos. Este nuevo Código de Orden Público (propuesto) responde a la necesidad de actualizar nuestras normas para asegurar una ciudad más ordenada, segura y justa para todos”, expresó el alcalde Jorge L. Ramos Ruiz, en un comunicado de prensa.

La propuesta fue radicada en la tarde de ayer, martes, y está acompañada de un informe técnico preparado por un comité especial creado en agosto. Dicho comité, se informó en el comunicado, celebró reuniones y análisis para evaluar la situación actual del municipio y proponer soluciones concretas y viables.

Uno de los cambios propuestos es que el Código de Orden Público sea aplicable a todo el pueblo y no por áreas, como ahora. El conjunto de reglas vigente data de 2009.

“Queremos que Mayagüez sea un modelo de convivencia y desarrollo responsable. Este proyecto no busca penalizar, sino fomentar la cooperación entre los ciudadanos, los comercios y el gobierno municipal para garantizar el bienestar común”, añadió Ramos Ruiz.

Para el casco urbano, el comité recomendó que haya, al menos, un guardia de seguridad con licencia vigente, de jueves a domingo, en todo comercio que expenda bebidas alcohólicas.

Igualmente, entre las enmiendas se encuentra la instalación obligatoria de cámaras de seguridad en el interior de los establecimientos, incluyendo, al menos, una de alta resolución en la entrada principal. Se propuso que las grabaciones se conserven por un mínimo de 30 días para que el pietaje pueda ser utilizado –de ser necesario– en investigaciones policíacas, ya sea a nivel municipal o estatal.

También, el documento propuesto facultaría al Municipio a instalar cámaras en el exterior de los comercios, cuando así se requiera. El equipo sería provisto por el ayuntamiento y el comercio solo se encargaría de proveer la conexión eléctrica.

El incumplimiento con estas disposiciones conllevaría multas administrativas que comenzarían en $1,000 por infracción.

Otras medidas incluidas en el informe del comité incluyen la creación de una zona hospitalaria, la prohibición de “ruidos excesivos o innecesarios” que interrumpan la tranquilidad en zonas residenciales y comerciales, y el establecimiento de zonas de carga y descarga para facilitar las operaciones del comercio local.

En el comunicado, no se especificó cuándo la Legislatura Municipal atendería el proyecto de enmiendas, ni se ofreció una fecha estimada de implantación.

Hace un mes, El Nuevo Día visitó el casco urbano de Mayagüez, donde comerciantes favorecieron mantener el horario de cierre de las barras a las 2:00 a.m., pero reconocieron problemas de “voceteo”, por lo que pidieron más regulación de esos ruidos excesivos, como parte de la evaluación del Código de Orden Público.