El plan del gobierno es cortar 9,925 árboles y talar otros 15,001. (Suministrada)

La jueza Sarah Rosado Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, declaró no ha lugar la moción que presentó el gobierno para desestimar el pleito que varios ciudadanos radicaron por el corte de árboles en el Parque Julio Enrique Monagas, en Bayamón.

En su lugar, Rosado Morales ordenó atender los méritos de la demanda en sendas vistas convocadas para mañana, 13 de enero, y el 3 de febrero.

Según los ciudadanos, que en el pleito se describen como visitantes asiduos del parque, la tala fue “indiscriminada”, pues se habrían cortado árboles en buenas condiciones y sin exista un plan de reforestación. Sostienen, además, que el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no tenían los “permisos adecuados” para los trabajos.

En su moción de desestimación, el gobierno alegó –sin éxito– que los ciudadanos tenían a su disposición un remedio administrativo adecuado en ley previo a acudir al tribunal, que concederles el remedio interdictal (“injunction”) solicitado sería contrario al interés público, que no han sufrido un daño irreparable, y que no procede como cuestión de derecho dictar una sentencia declaratoria.

“Desestimar –sin más– los reclamos de los ciudadanos demandantes sobre violaciones a la legislación y reglamentos en protección de los recursos naturales, alegadamente ocurrida en un área recreativa que utilizan frecuentemente y que tiene especies protegidas, como la boa puertorriqueña y el palo de rosa, despojaría a los ciudadanos de un remedio eficaz para evitar las violaciones de leyes por parte del Estado y sus funcionarios”, estableció Rosado Morales en su resolución.

“La parte demandante ha alegado que las acciones llevadas a cabo por el DRD y el DRNA son contrarias a la legislación y reglamentación en torno a la protección de los recursos naturales, específicamente, contra la deforestación y la protección de ciertas especies y suelo. Concluimos, por tanto, que la parte demandante ha alegado un daño irreparable”, agregó la jueza.

El gobierno también expuso, en la moción de desestimación, que la tala y poda de árboles en espacios públicos es necesaria porque supuestamente están enfermos o representan un riesgo a la seguridad tras el impacto de los huracanes Irma y María, en 2017. Advirtió, incluso, sobre la presunta pérdida de fondos federales si no se realizan los trabajos según coordinado.

Ante eso, Rosado Morales declaró: “El cumplimiento de las leyes y sus reglamentos no puede estar supeditado al uso o pérdida de fondos. Por el contrario, los fondos públicos –federales o estatales– deben emplearse con el más estricto apego al ordenamiento jurídico y para propiciar el bien común”.

En octubre pasado, El Nuevo Día reveló que el plan del DRD y el DRNA es cortar 9,925 árboles y talar otros 15,001 en 19 propiedades públicas. El costo de los trabajos asciende a $17.2 millones.