El presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez, urgió este martes al Departamento de Educación puertorriqueño a establecer “un plan urgente” para evitar que el sistema escolar se perjudique con las acciones del gobierno de Donald Trump para despedir a miles de empleados del Departamento de Educación federal.

“El silencio gubernamental no es opción”, expresó Bonilla Sánchez, en declaraciones escritas.

“Recae sobre el Departamento de Educación (de Puerto Rico) y su secretario (Eliezer Ramos Parés) la responsabilidad ineludible de trazar un plan urgente y transparente en vías de reducir la dependencia de fondos federales y asegurar que cualquier recorte de fondos a futuro no precarice nuestro sistema educativo”, añadió.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio paso, el lunes, a los planes del Ejecutivo federal para despedir a 1,400 empleados del Departamento de Educación, una acción que se interpreta como el desmantelamiento de la agencia. Trump prometió eliminar el Departamento de Educación federal durante la campaña electoral. Se trata de una acción que el gobierno estadounidense había anunciado en marzo, pero se puso en pausa mientras se dilucidaba en los tribunales.

Bonilla Sánchez señaló que la Asociación de Maestros ha denunciado, durante meses, los planes de Trump para eliminar la agencia, que anualmente destina millones de dólares en fondos federales para Puerto Rico. El pasado año fiscal, Educación local recibió $2,433 millones de asignaciones federales, según el presupuesto certificado por la Junta de Supervisión Fiscal.

“Ya no hay espacio para declaraciones tibias ni para la inacción. Es momento de que localmente se actúe con urgencia para proteger a nuestros estudiantes del impacto directo de esta decisión”, recalcó.

El expresidente demócrata Jimmy Carter firmó, en 1979, la ley para establecer el Departamento de Educación federal, que fue creado en 1980. Ante esto, la agencia solo puede ser eliminada mediante acción del Congreso.

El Tribunal Supremo federal suspendió el lunes una orden del juez federal de Boston Myong Joun, quien ordenó en mayo revertir los despidos y cuestionaba el plan en su totalidad, reportó The Associated Press. Los recortes de personal “probablemente paralizarán al Departamento” de Educación, argumentó Joun, según la agencia de noticias.

Trump celebró la determinación, al escribir en redes sociales que la corte “les ha otorgado una gran victoria a padres de familia y estudiantes de todo el país”. La secretaria de Educación federal, Linda McMahon, también elogió la acción del máximo foro judicial.

“Hoy, la Corte Suprema confirmó nuevamente lo obvio: el presidente de los Estados Unidos, como jefe del poder ejecutivo, tiene la última autoridad para tomar decisiones sobre los niveles de personal, la organización administrativa y las operaciones diarias de las agencias federales”, indicó en un comunicado.

Los 1,400 empleados que, en marzo, fueron notificados de su cesantía se encuentran en licencia con sueldo, informó The Associated Press.

Las tres juezas en el Supremo nombradas por presidentes demócratas se opusieron a la decisión de la mayoría judicial, en una opinión redactada por la togada de ascendencia puertorriqueña Sonia Sotomayor.

“Cuando el Ejecutivo anuncia públicamente su intención de violar la ley, y luego cumple esa promesa, es deber del poder judicial controlar esa ilegalidad, no acelerarla”, escribió Sotomayor.

El presidente de la Asociación de Maestros sostuvo que desmantelar la agencia representa una amenaza sobre programas educativos y servicios esenciales que reciben miles de estudiantes en la isla, si no se toman medidas para atenderlo.

“Condenamos enérgicamente esta decisión irresponsable y peligrosa que ataca de forma directa el derecho a una educación pública de calidad. Esta acción no solo menoscaba el acceso a servicios fundamentales, sino que representa un ataque frontal a nuestras comunidades más vulnerables”, argumentó Bonilla Sánchez.