Toa Alta - Aunque más cerca, la fecha del cierre absoluto del vertedero de Toa Alta aún es incierta, reconocieron la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), durante una reunión pública en la que se le presentó a las comunidades los acuerdos concernientes a la segunda estipulación y orden final rumbo a la esperada clausura, como parte de una demanda federal contra el Municipio.

La situación, sin embargo, es insostenible y va contra el reloj para los residentes aledaños al vertedero. “Que cierren ese portón y no haya nadie entrando”, exigió Elaine Cruz Medina, de 69 años y residente del barrio Quebrada Arenas, en declaraciones a El Nuevo Día.

“¿Quién es responsable? ¿Nadie aquí? Esto es como seguir peleando sin justicia. Es, para mí, bien duro decir que están haciendo algo. Hay que hacer algo rápido”, planteó, por su parte, Ivette Elice Cintrón, de 59 años, en su turno de comentarios ante funcionarios de la EPA y el DRNA. En la reunión pública, celebrada el martes, en el coliseo Lauro Dávila Félix, participaron unos 40 vecinos.

Tras un sinnúmero de querellas por irregularidades, en agosto de 2017 la EPA emitió una orden administrativa que fue incumplida por el Municipio. Casi cuatro años después, en febrero de 2021, la EPA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentaron una demanda, en la corte federal, contra Toa Alta por el “peligro inminente y sustancial” del vertedero y su impacto en las comunidades.

El tribunal aprobó un primer acuerdo preliminar, en agosto de 2022, y estableció los requerimientos para atender los “peligros inminentes y sustanciales” del vertedero, incluyendo el cese del depósito de nuevos residuos, mantenimiento de la cubierta, aplicación de controles para la estabilidad de pendientes y el desarrollo de planes para la gestión y recogido de lixiviados (residuos líquidos de la basura) y aguas pluviales.

La segunda estipulación y orden final propuesta –que debe ser aprobada por la corte– solicita acción municipal para atender los problemas de lixiviados en la celda sureste del vertedero, e impone una penalidad civil por $50,000. Dicha celda abarca un área de 4.4 acres, donde existe acumulación de lixiviados.

“No se compara, la salud no tiene precio. Vecinos míos han muerto, se han ido vidas”, subrayó Cruz Medina, en reacción a la multa.

Angélica Muñoz Lugo, de 28 años, tuvo una apreciación similar, al sostener que ninguna cifra compensa los daños sufridos por los vecinos, como su mamá, Evelyn Lugo Cordero, de 60 años y residente del barrio Contorno.

“Cada vez que llueve, todas esas aguas, lixiviados, caen en el terreno de ella. Para nosotros poder sacarle esa agua, eso es a través de bombas; si no es con bomba, el agua no sale de allí y no te puedes imaginar los olores que son horribles”, relató Muñoz Lugo a este medio, al tiempo que denunció el riesgo que representa la situación para la salud de madre.

El lixiviado es un líquido que atraviesa o sale de los residuos sólidos y que contiene materiales solubles extraídos de dichos desperdicios. El vertedero de Toa Alta libera un estimado de 28 a 46 millones de galones de lixiviado al año, precisó la EPA, con impactos potenciales al ambiente, tanto en agua superficial como subterránea.

“Esa agua está impactando severamente nuestro acuífero de la costa norte, está impactando severamente a los cuerpos de agua superficiales, también regulado por la Ley (federal) de Agua Limpia, y muchas de ellas están haciendo una salida al vertedero y se ha encontrado en los patios los residentes que están aledaños al vertedero. Y esto es una preocupación, esto es un riesgo inminente y sustancial a la salud humana y al ambiente”, reconoció el ingeniero Eduardo González, a cargo del cierre del vertedero en la EPA.

Carmen Guerrero, directora de la División de Protección Ambiental del Caribe de la EPA, reiteró, en tanto, que la agencia ha planteado, en corte, la urgencia del asunto –como lo ha compartido la comunidad en las reuniones públicas–, y persigue el cierre total de la instalación lo antes posible, pero atendiendo, a su vez, las medidas correctivas necesarias para detener el impacto al ambiente y la comunidad.

“Reconocemos que, para poder lograr y llegar a la justicia ambiental, los procesos participativos y de integración en la ciudadanía son bien vitales”, dijo a El Nuevo Día.

En Puerto Rico, el DRNA es el responsable de velar por el cumplimiento de la normativa sobre vertederos. Mientras, la EPA tiene autoridad para abordar problemas urgentes que representan “peligros inminentes y sustanciales”.

“Estos cierres son proyectos de ingeniería, es un proyecto de construcción que requiere estudios geofísicos, estudios geológicos, diseño de planes, el plan de cierre, todo, no es poner un candado y nos vamos”, planteó, por su parte, María Victoria Rodríguez, directora del Área de Control de Contaminación de Terreno del DRNA, respecto al tiempo que puede tomar el cierre absoluto, sin fecha concreta.

Para los trabajos de cierre, hay asignados unos $13 millones en fondos federales, indicó Rodríguez.

De otro lado, en respuesta a planteamientos hechos por los vecinos, el licenciado Carlos López Freytes, abogado del Municipio de Toa Alta, sostuvo que el vertedero no está recibiendo basura nueva, a tono con el primer acuerdo de 2022.

“Como parte de los acuerdos, el Municipio, toda la basura que recoge la tiene que llevar a otro vertedero, ya sea a Toa Baja o a Vega Baja. Lo que el Municipio sí está autorizado es a recibir materiales de escombro para ponerlos y disponerlos fuera. O sea, que es como un pequeño trasbordo para que los camiones no estén yendo más lejos a mover lo que es material de escombro que se hace con maquinaria municipal”, aseguró el también expresidente de la Junta de Calidad Ambiental, ahora adscrita al DRNA.

“Adicional a eso, hay maquinaria haciendo los trabajos de cierre. Por ejemplo, la EPA nos ha exigido que tenemos que hacer lo que son las cubiertas intermedias, eso significa traer material de relleno, tapar e ir haciendo esas medidas como parte del proceso de cierre”, añadió.

El alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto, no participó de la reunión.

Sobre los $50,000 de multa, López Freytes respondió que “el propósito principal no es la multa, el propósito principal es lograr el cierre del vertedero de conformidad con las normas aplicables y todos los esfuerzos y los recursos que tiene el Municipio lo está dirigiendo a ese esfuerzo”.