El contrato entre el gobierno y LUMA Energy no prohíbe expresamente que el consorcio subcontrate a sus compañías afiliadas para la reconstrucción del sistema eléctrico tras el paso de los huracanes Irma y María, una multimillonaria faena que se sufragará con fondos federales autorizados el año pasado.

El acuerdo –a 15 años y por $1,500 millones– tampoco garantiza que los costos operacionales se mantendrán estables o bajarán tan pronto LUMA asuma las riendas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el próximo 1 de junio, ni evita, por lo tanto, que el consorcio acuda al Negociado de Energía de Puerto Rico a pedir una revisión o aumento tarifario. Dicho aumento podría solicitarse tan pronto como el mismo 1 de junio.

Igualmente, del contrato no se desprende que la AEE ni nadie destinará partidas al Fondo General para asumir los salarios de sus empleados que, en lugar de pasar a LUMA –un trámite que no es automático–, sean reubicados en otra parte del gobierno. En las corporaciones públicas –como la AEE–, los sueldos son más altos que en las agencias y demás instrumentalidades.

En esa línea, los empleados que pasen a otras entidades públicas no retendrán el beneficio de plan médico que tienen en la AEE, pues la ley no lo considera un derecho adquirido. En consecuencia, recibirán la cubierta de la entidad receptora.

Estas admisiones las hizo hoy, martes, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (APPP), Fermín Fontanés, quien fue el único deponente en la primera vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes sobre la Resolución 136, que ordena una “investigación exhaustiva” sobre la contratación de LUMA.

Para todas, sin embargo, dio una justificación y defendió el contrato, al exponer que “facilita la continuidad necesaria para lograr una optimización del sistema de energía eléctrica que le brinde tranquilidad y seguridad a los clientes”.

En su turno de preguntas, el presidente de la Comisión, Luis Raúl Torres, del Partido Popular Democrático (PPD), indicó que la compañía Quanta Services, que integra el consorcio de LUMA, notificó y exhortó a sus afiliadas a licitar los proyectos de reconstrucción. Respondiéndole, Fontanés dijo que en el contrato “hay una prohibición de conflictos de intereses”, pero reconoció que no existe un impedimento expreso a que las firmas del consorcio recluten a sus afiliadas.

Admitió, también, que LUMA se encargará del manejo de los $10,700 millones autorizados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para la reconstrucción de la red.

Además de Quanta Services, LUMA está formado por ATCO, con la colaboración de Innovative Emergency Management (IEM).

“No hay garantías que eviten que el costo operacional aumente (con la llegada de LUMA), pero sí hay fiscalización de esos costos”, dijo Fontanés a preguntas del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, también del PPD.

Mencionó, por ejemplo, que el consorcio deberá presentar presupuestos anuales, que serán avalados tanto por la APPP como por el Negociado. “El Negociado es el que mira y pasa juicio final sobre el presupuesto y si tiene o no impacto en la tarifa, pero nosotros, como primer turno al bate, podemos ver si presentan un aumento irracional, a lo que respondemos que no es justificable. Tenemos garras para hacer eso”, agregó.

Sobre el futuro de los empleados de la AEE, Fontanés recalcó que “la ley y el contrato” establecen que ninguno se quedará sin trabajo como resultado de la transacción. Empero, reconoció que, si se integran a la plantilla de LUMA, ya no serán empleados públicos, sino privados, y podrían ser despedidos en cualquier momento como parte de una reorganización. En teoría, a los empleados que pasen a LUMA les cobija la reforma laboral de 2017, aunque el consorcio ha informado, por ejemplo, que no dará período probatorio, sino que todos los reclutados serán permanentes.

“Son permanentes hasta el día que los boten”, dijo el representante Denis Márquez, del Partido Independentista Puertorriqueño, a lo que Fontanés respondió: “Como todo el mundo”.

Personalidad jurídica

Torres y Márquez cuestionaron el uso –por parte de Fontanés– del nombre LUMA como la entidad que negoció con el gobierno desde 2018, ya que el consorcio se incorporó formalmente en Puerto Rico el 17 de enero de 2020. Previo a eso, las gestiones las hicieron Quanta Services y ATCO.

Torres resaltó, incluso, que el consorcio incorporó dos entidades: LUMA Energy Manageco y LUMA Energy Servco. “Son dos LUMA y siempre las han presentado como una”, acotó el popular.

Fontanés respondió que, cuando la APPP evaluó las cualificaciones y propuestas de las compañías interesadas en asumir las riendas de la AEE, “LUMA no tenía personalidad jurídica, pero cuando se firmó el contrato (el 22 de junio de 2020), sí”.

Alegó que “es típico que compañías internacionales que trabajan en los mercados de afuera” no se incorporen localmente hasta ganar la propuesta por la que compiten, a fin de no espantar a sus accionistas ni que surjan “connotaciones negativas”.

Sobre la creación de dos entidades bajo el nombre LUMA, dijo que “es el ejemplo utilizado en otras jurisdicciones en procesos similares”. Explicó que LUMA Energy Manageco “será la compañía del servicio eléctrico”, mientras que LUMA Energy Servco “va a estar a cargo de la empleomanía, recursos humanos, informática y finanzas, etcétera”.