Caracas — Una coalición de organizaciones humanitarias alertó sobre la profundización de la crisis humanitaria en Venezuela por la pandemia del nuevo coronavirus y reclamó a los gobiernos del continente elevar la presión para lograr una solución a la compleja situación política en la nación sudamericana.
Unas 26 organizaciones aseguraron que la situación en Venezuela “ha seguido deteriorándose” tras el brote de COVID-19 que ha dejado hasta ahora 321 contagiados y 10 fallecidos y amenaza con generar estragos en el deteriorado sistema de salud.
En un comunicado las organizaciones pidieron a los gobiernos regionales que promuevan un mayor financiamiento para la respuesta humanitaria y que insten a la administración de Nicolás Maduro a que ponga fin a la represión de las manifestaciones que, aseguraron, se ha recrudecido desde mediados de marzo luego de que se decretó el estado de alarma y cuarentena durante el cual “al menos 34 personas han sido detenidas arbitrariamente”.
Asimismo, la coalición solicitó que se levanten todas las limitaciones que enfrentan muchas organizaciones humanitarias que no han podido continuar su trabajo debido a la escasez de gasolina, las restricciones de movimiento establecidas por la cuarentena y los obstáculos que se han impuesto para registrar y autorizar a organizaciones son gubernamentales para operar en el país.
Gobierno chileno restringe los pases para circular
Ante el aumento de los contagiados en Chile, que en las últimas horas registró 780 nuevos casos del virus, el gobierno restringió el número de pases para circular en las barriadas con cuarentena obligatoria, porque “ha habido un abuso” en su uso, dijo la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. Ahora sólo se recibirán siete permisos por semana, frente a los 11 otorgados hasta ahora.
La restricción se conoció el mismo día en que en Chile, con 16,023 casos y 227 fallecidos, el acomodado barrio de Las Condes abrió al público las puertas de un centro comercial un mes y medio después de que se prohibiera el funcionamiento de todas las grandes tiendas en el país.
El ministro de Economía, Lucas Palacio, dijo recientemente que en un futuro aún no determinado volverán a funcionar 160 grandes tiendas, las que deberán acatar un estricto protocolo sanitario.
La apertura y funcionamiento, sólo por un día, del centro comercial de Las Condes servirá para analizar la eficacia de múltiples medidas sanitarias para evitar contagios. Entre los mecanismos usados hay programas tecnológicos que indican cuándo los clientes llegan al máximo número permitido en un local y que muestran cuándo las personas se encuentran a menos de un metro de distancia entre sí.
Los grandes y medianos centros comerciales emplean a unas 400,000 personas y una cantidad aún indeterminada recibirá en mayo un tercio menos de su salario porque sus empleadores se acogieron a una ley de protección del empleo que los obliga a pagar sólo las cargas sociales de salud y pensiones mientras el seguro de cesantía les entrega el 70% de sus salarios. El gobierno estima que hasta mediados de marzo el desempleo se incrementó en torno al 40%, el equivalente a un millón de cesantes de una masa laboral total de nueve millones de personas.
900 fallecidos en Ecuador
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que en Ecuador se han registrado hasta ahora 900 fallecidos a causa del COVID-19, 24,934 contagiados y 1,806 pacientes ya recibieron el alta hospitalaria.
Ecuador ha realizado un total de 69,054 pruebas de COVID-19.
Diálogo en Argentina entre funcionarios penitenciarios y presos
En Argentina, donde hay 4,070 infectados y 215 fallecidos, la atención está puesta en la mesa de negociación que se abrirá en las próximas horas entre funcionarios penitenciarios y gubernamentales con los presos de una cárcel de la capital que exigen que se agilicen sus excarcelaciones en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus, un reclamo que se ha multiplicado en los penales de todo el país.
El diálogo se estableció tras el violento motín de hace una semana en esa cárcel, cuando un centenar de presos subieron al techo y causaron destrozos en reclamo de mayores medidas de higiene y de arrestos domiciliarios para evitar el contagio del nuevo coronavirus en medio de condiciones de hacinamiento.
Otros penales están pendientes de estas conversaciones en el marco de cientos de excarcelaciones concedidas en las últimas semanas por jueces, luego de que expertos en la materia aconsejaran la salida de prisiones superpobladas de los reos considerados de riesgo por su edad o condiciones de salud, de los menos peligrosos y los detenidos sin motivos jurídicos suficientes.
En medio de la creciente indignación social por las excarcelaciones concedidas, el gobierno negó que haya un plan para facilitarlas con el fin de aliviar el hacinamiento.
Asociaciones de familiares de víctimas convocaron por redes sociales a un cacerolazo en las próximas horas bajo la consigna “No los liberen”.
Uno de los arrestos domiciliarios cuestionados es el de un detenido aún sin condena por la violación de una niña de 12 años y del exmédico de la Armada Carlos Capdevila, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar de 1976 a 1983.
Referentes de la organización de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora repudiaron el beneficio conseguido por Capdevila, quien argumentó que es mayor de 70 años y padecer hipertensión arterial, cáncer de próstata y dificultades motrices.
En América Latina hay más de 183,000 contagiados y más de 9,400 muertos.
El coronavirus ha infectado a más de 3.2 millones de personas y causado la muerte a más de 229,000 en todo el mundo, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país.
