Londres— Los pasados y el presente gobierno británico se enfrentan a acusaciones de evitar el escrutinio y socavar la democracia tras la revelación de que miles de afganos fueron relocalizados en el Reino Unido en virtud de un programa que se ocultó a los medios de comunicación, al público y a los legisladores en el Parlamento.

También, presuntamente se ocultó información clave a los propios afganos, que habían ayudado a las fuerzas del Reino Unido y cuyos datos personales se habían revelado en una enorme filtración de datos.

Muchos planean demandar al gobierno británico por ponerlos en peligro a manos de los talibanes. Algunos se quedan en Afganistán, ya que el actual gobierno británico dice que el programa de reasentamiento terminará.

Esto es lo que ocurrió en una extraordinaria cadena de acontecimientos.

La saga se desencadenó por la caótica salida occidental de Afganistán en agosto de 2021, cuando los talibanes, expulsados del poder 20 años antes, barrieron el país, tomaron Kabul e impusieron su estricta versión de la ley islámica.

Los afganos que habían trabajado con las fuerzas occidentales —como arregladores, traductores y en otras funciones— o que habían servido en el ejército afgano respaldado internacionalmente corrían el riesgo de sufrir represalias. Gran Bretaña puso en marcha un programa, conocido como Política de Reubicación y Asistencia Afgana, o ARAP, para traer a algunos al Reino Unido.

En febrero de 2022, un funcionario de defensa envió por correo electrónico una hoja de cálculo que contenía la información personal de casi 19,000 solicitantes de ARAP a alguien ajeno al Ministerio de Defensa. El gobierno dice que el individuo pensó que estaba enviando una lista de unos 150 nombres, no el conjunto completo.

El gobierno británico sólo tuvo conocimiento de la filtración cuando una parte de los datos fue publicada en Facebook 18 meses después por alguien que amenazó con publicar la lista completa.

La filtración desató la alarma entre los funcionarios británicos que temían que hasta 100,000 personas estuvieran en peligro cuando se añadieran los números de familiares de las personas nombradas. El entonces gobierno conservador solicitó una orden judicial que prohibiera la publicación de la lista.

Un juez concedió una orden general conocida como supermandato, que prohibía a cualquiera revelar no sólo información sobre la filtración, sino la existencia del propio mandato.

Los supermandatos son relativamente raros y su uso es controvertido. La mayoría de los pocos casos en los que han salido a la luz involucraron a celebridades que intentaban evitar revelaciones sobre sus vidas privadas. Este es el primer caso conocido de un supermandato concedido al gobierno.

El exsecretario de Defensa Ben Wallace dijo el miércoles que solicitó la orden judicial para ganar “tiempo y espacio para hacer frente a esta filtración, averiguar si los talibanes la tenían” y proteger a los que estaban en riesgo.

Wallace dijo que pidió una orden judicial ordinaria —no un supermandato— por un período de cuatro meses. La orden de silencio permaneció en vigor durante casi dos años.

El gobierno comenzó a traer a Gran Bretaña a los afganos de la lista filtrada que se consideraban más en riesgo. Hasta la fecha, unas 4,500 personas —900 solicitantes y aproximadamente 3,600 familiares— han sido traídas a Gran Bretaña en virtud del programa. Se espera que unas 6,900 personas sean reubicadas cuando se cierre, a un costo de 850 millones de libras ($1,100 millones).

En total, unos 36,000 afganos han sido reasentados en el Reino Unido desde 2021.

Mientras tanto, varias organizaciones de noticias se habían enterado de la lista filtrada, pero se les prohibió publicar historias sobre ella. Desafiaron el supermandato en los tribunales, y un juez ordenó que se levantara en mayo de 2024, pero permaneció en vigor después de que el gobierno apelara.

Gran Bretaña celebró elecciones en julio de 2024 que llevaron al poder al Partido Laborista de centro-izquierda. El primer ministro Keir Starmer y su gabinete se enteraron del mandato poco después de asumir el cargo y lidiaron con cómo proceder.

En enero, el gobierno ordenó una revisión por parte de un ex alto funcionario. Encontraron pocas pruebas de que los datos filtrados expusieran a los afganos a un mayor riesgo de represalias por parte de los talibanes. La revisión dijo que los talibanes tenían otras fuentes de información sobre aquellos que habían trabajado con el anterior gobierno afgano y las fuerzas internacionales y que están más preocupados por las amenazas actuales a su autoridad.

Dados esos hallazgos, el gobierno retiró su apoyo al supermandato. El mandato fue levantado en la corte el martes, y minutos después el secretario de Defensa John Healey se presentó en la Cámara de los Comunes para hacer pública la saga por primera vez.

Healey dijo que la ruta de asentamiento secreto estaba siendo cerrada, pero reconoció el miércoles que ‘la historia apenas está comenzando’, y muchas preguntas siguen sin respuesta.

Los críticos de la inmigración, incluido el líder de Reform Uk Nigel Farage, exigen saber qué selección se hizo de las personas que vinieron bajo el programa secreto.

Los abogados de los afganos en la lista filtrada quieren saber por qué se les ocultó la información. Adnan Malik, jefe de privacidad de datos en la firma legal del Reino Unido Barings Law, dijo que estaba reuniendo una demanda colectiva por cientos de ex traductores, soldados y otros.

Los legisladores y los defensores de la libertad de expresión dicen que el uso de un supermandato es profundamente preocupante. Preguntan cómo el Parlamento y los medios de comunicación pueden responsabilizar al gobierno si hay un secreto tan estricto.

El juez Martin Chamberlain, quien dictaminó que el mandato debía ser levantado, dijo el martes en el Tribunal Superior que el supermandato ‘tuvo el efecto de cerrar completamente los mecanismos ordinarios de rendición de cuentas’.

Healey reconoció que ‘no se puede tener democracia con supermandatos en su lugar’, y dijo que el gobierno había actuado tan rápido y seguro como pudo.

‘La rendición de cuentas comienza ahora’, dijo a la BBC.