MADRID - Los obispos católicos españoles y el Gobierno español dieron el lunes un paso más para compensar a las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero que han fallecido o cuyos posibles delitos son demasiado antiguos para ser juzgados.

En enero, los obispos católicos españoles acordaron dejar que el Defensor del Pueblo del país tuviera la última palabra en la indemnización eclesiástica de dichas víctimas.

El acuerdo, que prevé un plazo de un año para las reclamaciones, supuso una rara concesión por parte de la jerarquía católica. Su objetivo es resolver los desacuerdos entre el gobierno de izquierdas y las autoridades eclesiásticas sobre las reparaciones, después de que las víctimas criticaran la propuesta original de indemnización interna de la Iglesia.

El lunes, el Gobierno y los obispos españoles firmaron los documentos que detallan cómo funcionará el nuevo sistema de reparación Iglesia-Estado.

El arzobispo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, dijo que el sistema entrará en vigor el 15 de abril. El texto no incluye cifras para las indemnizaciones que podrían recibir las víctimas de abusos sexuales, dijo.

“Queríamos excluir las referencias a escalas y cantidades; no se trata de eso”, dijo Argüello. “Hemos previsto que los equipos empiecen a trabajar en cómo hacerlo, pero el texto no establece un rango ni una cantidad concreta”.

Mientras que las autoridades eclesiásticas de muchos países de Europa Occidental han creado planes de compensación para las víctimas de abusos, bien dirigidos por la Iglesia o por expertos independientes, el proceso español es inusual por la implicación del propio Estado en el proceso.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, dijo el lunes que el sistema evaluaría las reparaciones caso por caso, basándose en factores como la gravedad, la edad de la víctima y la reincidencia de los abusos.

“Se establecen criterios para llegar a una indemnización justa, que no debe estar determinada por una sola cifra”, dijo Bolaños.

En los últimos años, la otrora católica España ha empezado a reconocer un legado de décadas de abusos por parte de sacerdotes y de encubrimiento por parte de generaciones de obispos y superiores religiosos, principalmente gracias a la información inicial del diario El País.

El Parlamento español encargó una investigación al Defensor del Pueblo, que en 2023 presentó un demoledor informe de 800 páginas en el que se investigaban 487 casos conocidos de abusos sexuales y se incluía una encuesta en la que se calculaba que el número de posibles víctimas podía alcanzar los cientos de miles.

Los obispos españoles rechazaron esa estimación, afirmando que su propia investigación había descubierto 728 abusadores sexuales dentro de la Iglesia desde 1945. Afirmó que la mayoría de los delitos se habían producido antes de 1990 y que el 60% de los agresores estaban ya muertos.

Según el nuevo acuerdo, las víctimas pueden dirigirse al Ministerio de Justicia español con su petición inicial. El Ministerio la transmitirá al Defensor del Pueblo, que la estudiará y propondrá un paquete de compensación que el comité de la Iglesia evaluará a continuación.

Si no se llega a un acuerdo con la Iglesia y la víctima, el caso pasará a una comisión mixta con representantes de la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y las asociaciones de víctimas. Si esa comisión no llega a un acuerdo, se mantendrá la decisión del Defensor del Pueblo, dijo Bolaños en enero.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.