La Haya, Países Bajos- La Corte Penal Internacional está abandonando una investigación sobre si las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela califican como crímenes contra la humanidad, dijeron los fiscales el jueves.

Venezuela pidió a la CPI en 2020 que examinara lo que denominó “medidas coercitivas ilegales”, argumentando que la congelación de activos y la prohibición de viajar a funcionarios venezolanos, impuestas por primera vez por Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama, habían causado “sufrimiento generalizado”.

Tras una investigación inicial, los fiscales se negaron a seguir adelante, alegando falta de pruebas.

En un comunicado, la fiscalía del tribunal internacional afirmó que, aunque “en general se acepta” que las sanciones “pueden haber exacerbado una situación humanitaria calamitosa ya existente”, no existen pruebas suficientes de la “intención necesaria” para presentar cargos penales.

El tribunal señaló que el cierre de la investigación “no está relacionado con los acontecimientos de enero de 2026 en Venezuela.”

En enero, las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa y los sacaron del país en un ataque militar relámpago. Estados Unidos también ha llevado a cabo una serie de ataques contra barcos que, según afirma, transportaban drogas desde Venezuela.

El examen de las sanciones estadounidenses es independiente de la investigación en curso del tribunal sobre posibles delitos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas bajo el mandato de Maduro durante la represión de las protestas antigubernamentales en 2017.

El año pasado, los jueces de apelación ordenaron al fiscal jefe Karim Khan que se recusara de una investigación sobre Venezuela, alegando un conflicto de intereses. La cuñada de Khan, la abogada penalista internacional Venkateswari Alagendra, ha formado parte de un equipo que representa al gobierno de Maduro.

Khan está actualmente de baja en el tribunal, tras haber dimitido temporalmente a la espera de una investigación sobre acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Por otra parte, la fiscalía dijo el jueves que seguía adelante con una investigación sobre posibles crímenes contra la humanidad cometidos por Bielorrusia.

En 2024, Lituania pidió a la CPI que abriera una investigación contra su vecino por las severas medidas represivas a las que se enfrentaban los grupos de la oposición.

Lituania afirma que el presidente de línea dura de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, obligó a los disidentes a cruzar la frontera, lo que da jurisdicción al tribunal. Lituania es miembro del Tribunal, pero Bielorrusia no.

La decisión abre la posibilidad de que Lukashenko y otros funcionarios bielorrusos se enfrenten a cargos en la CPI.

Sviatlana Tsikhanouskaya, líder de la oposición bielorrusa en el exilio, aplaudió la decisión. “Esta decisión devuelve la esperanza de que prevalezca la justicia, de que los responsables rindan cuentas y de que las víctimas reciban por fin verdad y justicia”, declaró a The Associated Press.