El representante Víctor Torres González. (semisquare-x3)
El representante Víctor Torres González. (Teresa Canino )

El abogado desaforado Héctor Díaz Vanga renunció al contrato de asesoría legislativa que mantenía con el representante penepé Víctor Torres González, confirmó a El Nuevo Día el legislador. 

Sin embargo, todavía Díaz Vanga mantiene un contrato con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, quien sostiene que el abogado no está impedido de ofrecer asesoría legislativa, a pesar de estar desaforado desde el 14 de diciembre.

"Soy abogado. No he revalidado. ¿Algo me impide a mí hacer un análisis jurisprudencial? No, porque tengo el conocimiento y la experiencia", dijo Méndez a periodistas esta mañana. Indicó que enmendó el contrato con Díaz Vanga solo porque había sido contratado para brindar representación legal en los tribunales y, al ser desaforado, no podía cumplir con esa función.

El contrato entre Díaz Vanga y Torres González había sido motivo de una querella ética contra el legislador radicada el 12 de abril por José "Cheíto" Rivera Madera, quien pretende retar a Torres González en las elecciones del 2020 por el distrito representativo 23. En síntesis, Rivera Madera sostiene que Torres González debió haber enmendado el contrato para eliminar la responsabilidad específica de “análisis jurídico y jurisprudencial sobre legislación”

Torres González contrató a Díaz Vanga como asesor legislativo en julio del año pasado a razón de $21,000, pero el contrato ha sido enmendado en varias ocasiones hasta totalizar $47,999.70. Una de esas enmiendas ocurrió luego que Díaz Vanga fuera notificado por el Tribunal Supremo que había sido desaforado.

Entre las tareas de Díaz Vanga figuran realizar “análisis jurídico y jurisprudencial sobre legislación”, según se dispone en su contrato.

Se alega en la querella, en poder de El Nuevo Día y notarizada por el abogado Juan Pelegrín Rivera Román, que Torres González violó varios incisos del artículo 4 (Normas de Conducta) del Código de Ética de la Cámara al fallar en la correcta supervisión de un empleado o contratista, en este caso Díaz Vanga, quien está desaforado desde el 14 de diciembre e impedido de ofrecer la citada asesoría legal. 

En la carta de renuncia, firmada el 9 de abril, Díaz Vanga alega que le han surgido "nuevas oportunidades de crecimiento profesional", por lo que no podrá cumplir con sus responsabilidades como asesor legislativo. 

También le indica a Torres González, sin dar explicación alguna, que no estará facturando por la labor realizada en febrero, marzo y abril.

Torres González le aceptó la renuncia dos días más tarde.

"Aquí estoy viendo la querella", dijo Torres González a este medio hoy al mediodía en su oficina. 

Preguntado por qué no enmendó el contrato con Díaz Vanga, Torres González insistió en que no tenía la necesidad de hacerlo.

"Es (análisis legal) interno, no es análisis en los tribunales. Lo que dice la querella es que lo suspenden de foros judiciales. En ningún momento me representó en un tribunal", dijo Torres Gonzalez. "Yo estoy claro".

Torres González indicó que contestará la querella y que será asesorado por un abogado. Entre sus argumentos, levantará el hecho de que trata de un asunto académico, debido a la renuncia del contratista.

La enmienda al contrato cancelado no aparece en el sitio de Internet de la Oficina del Contralor.

"Esto es algo de política y tratando de desenfocar a uno", dijo Torres González al hablar de la querella.


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