El Proyecto del Senado 1221 que enmendaría la Ley 40-2017 es de la autoría de Larry Seilhamer. (Gerald López Cepero)

La empresa Applied Energy Systems (AES) advirtió esta mañana en una vista de la Cámara de Representantes que remover el producto Agremax de la lista de "usos beneficiosos" de los residuos de carbón (RCC) que produce la planta cogeneradora operada por la empresa en Guayama aumentaría el costo y reduciría la producción de energía.

El Proyecto del Senado 1221, de la autoría del legislador Larry Seilhamer, removería el Agremax, utilizado como relleno en depósitos sanitarios como el de Peñuelas, de la lista de “usos beneficios” de los RCC. El único uso que AES le da al Agremax actualmente es como cubierta en vertederos y en la solidificación de líquidos industriales.

La medida enmienda la Ley 40-2017, conocida como la "Ley para prohibir el depósito y la disposición de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón en Puerto Rico".

Aunque no menciona el Agremax por nombre, el proyecto añadiría la frase "cualquier mezcla de estos materiales". El Agremax es una mezcla de ceniza y agua.

AES, al momento, no le da otros usos viables al Agremax como, por ejemplo, ser materia prima para la formulación de cemento y concreto, la creación de bloques y materiales para la construcción de techos.

Según Adriana Cantero Rengel, portavoz de la empresa, en Puerto Rico se importa la ceniza para esos usos alternos a rellenos sanitarios. Aseguró que la AES está haciendo "esfuerzos" para comercializar los RCC.

En una ponencia firmada por Jesús Bolinaga, director del complejo del Caribe de AES, alegó que el proyecto propuesto “pone en riesgo la habilidad de la planta en Guayama para proveer energía vital para el sistema eléctrico”.

AES produce el 17% de la energía en Puerto Rico.

“Prohibir que AES-PR pueda fabricar Agremax y ofrecer el mismo para sus usos beneficiosos reconocidos, tanto por la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) como por la Junta de Calidad Ambiental (JCA),resultaría en un problema de generación energética en Puerto Rico ya que dificultaría que la planta pueda continuar produciendo de manera segura y económica el 17% de la energía que se consume en Puerto Rico, porque el volumen almacenado de residuos de combustión de carbón, según quedaría definido en la Ley 40, aumentaría de manera rápida sin permitirse una forma adecuada de almacenaje, manejo, uso o disposición de Puerto Rico”, sostuvo Bolinaga.

Bolinaga sostuvo esta mañana en una vista de la Comisión para el Desarrollo Integrado de la Región Sur que, debido a las leyes de cabotaje, los altos costos y las complicaciones de logística, la empresa está imposibilitada de sacar de la isla los RCC en “un término tan corto”.

Bolinaga se rehusó a contestar preguntas de El Nuevo Día, pero sostuvo en su ponencia que la compañía “podría verse obligada” a reducir o detener la generación de electricidad si el proyecto se convierte en ley.

Al expresarse a favor de la medida, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) recomendó definir como "Uso Beneficioso No Encapsulado Prohibido" cualquier uso en que se utiliza el material como relleno estructural, para modificación y/o estabilización de terrenos, agregado o sub-base de carreteras y pavimentación, “entre otros”.

Se define el Uso Beneficioso Encapsulado como aquel en que los RCC quedan adheridos a una matriz sólida “eliminándose o reduciéndose sustancialmente cualquier lixiviación y emisión de los componentes del RCC al medio ambiente o su descomposición”.

El DRNA sí recomendó que se establezca una métrica que le permita a la agencia fiscalizar el proceso de disposición de los RCC y que se calcule la cantidad, en toneladas, que produce AES cada 180 días para que esa sea la cantidad a ser dispuesta en el periodo establecido por el proyecto.

“Nuestra agencia no tiene ninguna objeción con que se prohíban los usos beneficiosos no encapsulados y recomienda que se incluya la definición presentada de Uso Beneficioso No Encapsulado Prohibido”, reza la ponencia del DRNA, firmada por la secretaria Tania Váquez Rivera.

La agencia sí advirtió que la aprobación del proyecto atrasaría nuevamente la confección del reglamento requerido por la Ley 40-2017. De hecho, el reglamento todavía se encuentra en etapa de borrador, según reconocieron Laura Díaz Solá y Frances Segarra, asesora legal de la agencia y directora de la Oficina de Control y Certeza y Calidad Ambiental del DRNA, respectivamente.

¿No les preocupa que dos años después no se hayan adjudicado estas controversias?, preguntó el representante independentista Denis Márquez, en referencia a las multas aún sin adjudicar. Trascendió en la vista pública que el DRNA todavía mantiene en procesos administrativos apelativos una serie de querellas presentadas contra AES por el alegado mal manejo de su montaña de cenizas durante el paso del huracán María.

“Ciertamente es preocupante. La agencia ha estado trabajando en los casos dentro de las posibilidades de los recursos que tenemos. Se les ha dado la prioridad a los casos conforme a derecho, pero sí hay atrasos en los procedimientos”, dijo Díaz Solá.

“Lo menos que puede darle el DRNA a la gente es celeridad y transparencia”, le contestó Márquez en una audiencia donde hubo presencia de miembros del Campamento Contra Cenizas en Peñuelas.

En un aparte con El Nuevo Día, Díaz Solá sostuvo que, a pesar de que el reglamento no es final, el alcance de la Ley 40-2017 está siendo ejercido por el DRNA.

Si bien el proyecto de ley que establece la Política Pública contra el Cambio Climático sostiene que se dejará de quemar carbón para generar electricidad en Puerto Rico a partir del 1 de enero de 2028, este año el pasado gobernador Ricardo Rosselló Nevares alegó que se habían iniciado conversaciones con AES para que la empresa dejara de generar electricidad con carbón a partir del año que viene. En documentos oficiales, la AES desmintió a Rosselló.


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