Sin embargo, todavía existen diferencias entre la Cámara y el CRIM en torno a cuánto dinero genera el tributo.

Un grupo de alcaldes novoprogresistas avaló esta mañana la posibilidad de que se elimine el impuesto al inventario, siempre y cuando la Legislatura identifique, la manera en que se generará el dinero para sustituirlo.

Al finalizar una reunión con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez y el representante Antonio Soto, el presidente de la Junta del Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales y alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo, contestó con un “sí” cuando se le planteó la posibilidad.

Sus acompañantes en el encuentro, Ángel Pérez (Guaynabo), Aníbal Meléndez (Fajardo) y Ramón Luis Rivera (Bayamón) asintieron.

“Sí. La contestación es sí”, dijo Carrasquillo. “El consenso ha sido buscar un modelo contributivo que sustituya este modelo que no fomenta el desarrollo económico”.

“Que se elimine o se sustituya”, agregó Rivera.

“O se sustituya”, intervino Méndez.

Este cambio se legislaría en un proyecto aparte que se aprobaría de manera simultánea con la reforma contributiva.

Sin embargo, todavía existen diferencias entre la Cámara y el CRIM en torno a cuánto dinero genera el impuesto. Mientras Soto menciona que son $219 millones anuales, Rivera sostiene que pueden llegar a ser hasta $250 millones. Esa diferencia y cómo se generaría el dinero para cerrarla se atenderá en un comité técnico a conformarse entre miembros de la Cámara y del CRIM.

Méndez aseguró que no se aprobarán impuestos nuevos.

Parte de ese dinero sería generado por la legalización de máquinas tragamonedas que, según cálculos de Soto, pudieran generar $162 millones. Esta mañana, tanto los dos representantes como los alcaldes, insistieron en que ese dinero debe ir dirigido a las arcas del CRIM y no al Fondo General, como sostiene el gobernador Ricardo Rosselló.

“Bueno, pues el Ejecutivo puede decirlo, pero nosotros tenemos otra posición y los alcaldes tienen otra posición. Aquí todas las cosas están en discusión. Estamos buscando alternativas con los alcaldes”, dijo Méndez. “Estamos trabajando con un proyecto de ley que va a tener el aval del Ejecutivo.

El presidente de la Cámara también rechazó que el dinero generado por las tragamonedas primero tenga que ser repartido por la Asamblea Legislativa. También rechazó que la legalización de estas máquinas dé paso a un esquema de lavado de dinero, como denunció ayer Clarissa Jiménez, presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo.

“Esta es una jurisdicción que está tratando de legislar sobre algo permitido en otras jurisdicciones”, dijo Méndez. “Que las autoridades locales van a reglamentar unas máquinas que están existentes, que están al garete, que no hay ningún tipo de fiscalización, generan ingresos y ni el Estado ni los municipios están participando. Se quiere establecer una conexión con Hacienda para evidenciar esos ingresos y que puedan tributar”.

A la reunión fueron invitados los alcaldes de Ponce y Cataño, pero no pudieron estar presentes. Méndez indicó que procurará reunirse también con los alcaldes populares.


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