El representante novoprogresista por Cataño, Bayamón y Guaynabo, Antonio Soto, radicó una demanda contra Hacienda, para que se cumpla con el Código de Incentivos a cabalidad. (Archivo / GFR Media)

La Cámara de Representantes radicó una demanda contra el Departamento de Hacienda y su secretario, Francisco Parés, para que este cumpla a cabalidad con las disposiciones de la Ley 60-2019, conocida como el Código de Incentivos, que entró en vigor en enero de 2020.

En su demanda, el representante Antonio Soto, le solicitó al Tribunal de San Juan que obligue al Departamento de Hacienda a cumplir con la Sección 1063.16 del Código de Incentivos. Dicha sección en particular les exige a las compañías de seguros y de telecomunicaciones enviarles a sus clientes una Declaración Informativa, un documento que recoge los pagos emitidos por clientes comerciales o residenciales y que pueden ser reclamados en las planillas de contribución sobre ingresos.

“El Secretario decidió cambiar las reglas de juego o la legislación desde su oficina”, dijo Soto al defender la Ley 60-2019.

Según Soto, el secretario Parés de forma “unilateral”, “puso en pausa” la sección 1063.16 del Código de Incentivos, por lo que actualmente no se está cumpliendo con la ley. De poner en vigor dicha sección, se beneficiarían los empleados por cuenta propia, así como los pequeños y medianos comerciantes al cumplir con su responsabilidad contributiva.

La vista tendrá lugar este jueves, en la sala del juez Anthony Ramos Cuevas.

Pero en una conferencia de prensa, celebrada hoy en el Capitolio, Soto, quien preside la Comisión cameral de Hacienda, indicó que “en un salto olímpico” y “en un intento de enmendar una ley a través de un pronunciamiento administrativo”, el 9 de diciembre Parés firmó una Determinación Administrativa aplazando la entrada en vigor de la Ley 60-2019 por un año, obligando a los consumidores a preparar sus propias Declaraciones Informativas.

De hecho, el estatuto en cuestión, fija el 28 de febrero como fecha límite para que las empresas de los sectores de seguros y telecomunicaciones envíen los documentos a sus clientes. Sin embargo, según Soto, una decisión de Parés aplazó el cumplimiento de la ley por un año. Previo a la aprobación de la Ley 60-2019, estos ciudadanos tenían que preparar las Declaraciones Informativas con la información que mantuvieran en sus expedientes personales.

A juicio del representante novoprogresista, Parés básicamente se abrogó la facultad de enmendar una ley debidamente aprobada, por lo que sus acciones deben ser declaradas nulas por el Tribunal.

“En vez de ser la persona la que emita la Declaración Informativa, recaía en la empresa que recibió el pago”, dijo Soto al recordar que estas compañías ya cuentan con toda la información de sus clientes para realizar estos documentos. Sostuvo, además, que tras la firma de la Determinación Administrativa del 9 de diciembre, desde la Cámara se le advirtió a Parés que no estaba cumpliendo con la ley y no hizo caso.

El recurso legal contra el secretario de Hacienda fue presentado el 16 de enero. De hecho, había anunciado que así lo haría, con la anuencia del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, luego de que la gobernadora WandaVázquez vetara el Proyecto de la Cámara 2172, conocido como el de Enmiendas Técnicas a la Reforma Contributiva.

Irónicamente, entre otras cosas, esa medida aplazaba la entrada en vigor de la Ley 60-2019 por un año, ante señalamientos de compañías de seguros y de telecomunicaciones de que se les hacía cuesta arriba cumplir con la fecha límite del 28 de febrero del 2020.

Soto argumentó que la Determinación Administrativa de Parés coloca en una encrucijada a los pequeños y medianos comerciantes y aquellos profesionales que trabajan por cuenta propia que no saben si sigue en efecto la Ley 60-2019 o deben acatar la determinación de Parés.

“No podrán reclamar el gasto en sus planillas y tendrán que pagar más contribuciones”, dijo Soto.


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