La alcaldesa de San Juan dice que la gobernadora Wanda Vázquez Garced aún no ha demostrado que vaya a dirigir el país de una manera distinta a la pasada administración.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, le entregó una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced en la que exige que se definan los servicios esenciales del gobierno. De igual manera, propuso esta tarde la posibilidad de que el Senado los establezca a través de la aprobación de una resolución.

La ejecutiva municipal hizo la propuesta en las reuniones que sostuvieron los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) hoy, martes, primero con el presidente de dicho cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz, y luego con la gobernadora.

En la carta, también pidió que se asigne $123 millones al programa de Educación Especial, declare un estado de emergencia por la violencia de género, provea recursos para atender las investigaciones forenses, resuelva los problemas en el transporte marítimo público y le devuelva los $350 millones que el plan fiscal le quitó a los ayuntamientos.

“El país tiene que funcionar para todos y no puede funcionar para unos cuantos. Aquí hay unas lecciones importantes que aprender. La gobernadora tiene que declarar como servicios esenciales, y ya obtuvimos un compromiso del presidente del Senado (Thomas Rivera Schatz) a estos efectos, la salud, la educación, la seguridad y el pago de las pensiones. La gobernadora tiene que declarar un estado de emergencia en cuanto a la violencia de género en Puerto Rico. No hay por qué dilatarlo o estudiarlo más. Ella fue procuradora (de las mujeres) y sabe de la situación”, dijo Cruz Soto justo antes de entrar a la mansión ejecutiva.

La alcaldesa capitalina, quien es precandidata a la gobernación por el PPD, alegó que el propio gobierno central ha dicho que tiene un excedente en los recaudos de $2,000 millones y que cuenta con unos $14,000 millones en las cuentas de banco -la mayor parte de ese dinero tiene unos restringidos- de las agencias e instrumentalidades. Por eso, manifestó, el Estado tiene los fondos suficientes para cubrir las necesidades de los ayuntamientos, las deficiencias en el servicio de lanchas de Vieques y Culebra y cubrir las insuficiencias en el programa de educación especial.

Soto Cruz no comentó si el dinero fuera suficiente si se tuviera que pagar la deuda pública de Puerto Rico, cuyos desembolsos están congelados desde el 2016.

“No se está pagando la deuda, pero uno tiene que decidir si se va a estar haciendo más de lo mismo. Hasta ahora lo que ha cambiado es el nombre de quién ocupa La Fortaleza. No ha cambiado nada todavía. Todavía hay personas del maldito chat que están trabajando (en el gobierno) y no se ha resuelto ninguno de los problemas de Puerto Rico”, dijo Cruz Soto.

“Ella (Vázquez Garced) tiene la facultad de, si de verdad quiere demostrar que es diferente, tomar acciones diferentes. Hasta ahora hay mucha foto, pero es más de lo mismo”, manifestó.

Mientras, al salir de su encuentro con Rivera Schatz, explicó que la aprobación de una resolución para establecer los servicios esenciales podría servir de guía para posibles enmiendas a la Ley Promesa y recordó que el congresista Raúl Grijalva expresó que está inclinado a introducir cambios al estatuto que trajo a Puerto Rico a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Uno podría ir a Washington con algo que ejemplifica la necesidad que tiene el pueblo de Puerto Rico de que se protejan estos servicios”, dijo Cruz Soto. La propuesta de la alcaldesa incluye: seguridad, salud, educación en todos los niveles y el pago de las pensiones de empleados públicos. “La Ley Promesa no define los servicios esenciales y ha habido una renuencia, la hubo del pasado gobernador Ricardo Rosselló”, sostuvo.

“Al hacerlo, le quitas jurisdicción a la JSF y le pones cortapisas a lo que ellos creen que pueden hacer con Puerto Rico, que es lo que les da la gana”, agregó.

Según Cruz Soto, Rivera Schatz “acogió positivamente” su propuesta y dijo que la trabajaría con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

Al atender a la prensa al final del cónclave, Rivera Schatz también lució inclinado a acoger la propuesta.

“Lo que se nos plantea es que haya una expresión del pueblo de Puerto Rico de cuales considera son los servicios esenciales. Acordamos crear un comité designado con alcaldes federados y otras personas que nutran el grupo para buscar un lenguaje para establecer lo que el pueblo considera son servicios esenciales. Es establecer un listado de servicios básicos esenciales y que el gobierno de Estados Unidos lo reconozca como una expresión del gobierno de Puerto Rico”, destacó el líder legislativo.

Durante el encuentro con los alcaldes se tocaron varios temas, como el futuro de la Ley 29 que exime a los municipios de hacer aportaciones por el pago de pensiones y de remitir a la Administración de Servicios de Salud su partida para el pago del Plan Vital.

Sobre ese aspecto, el alcalde de Maunabo, Jorge Márquez, reconoció que existe gran incertidumbre entre los ejecutivos municipales sobre qué pasará con ese dinero que actualmente los municipios no tienen que pagar en momentos en que la JSF ha retado la validez de esa ley ante la jueza Laura Taylor Swain, quien celebró una vista judicial sobre el tema la semana pasada.

“El estado de derecho es la Ley 29, pero se sigue implementando el plan fiscal y eso creo una incertidumbre sobre qué va a pasar”, dijo Márquez.

De hecho, los alcaldes de Trujillo Alto, Cabo Rojo y Cayey, José Luis Cruz Cruz, Bobby Ramírez Kurtz y Rolando Ortiz, respectivamente, presentaron un tétrico cuadro de los municipios sin el ente fiscal invalida la ley.

“Si se deroga, muchos municipios… Trujillo Alto perdería casi $3 millones y sería abismal para los servicios que hay que dar. Habría que tomar decisiones drásticas”, dijo Cruz Cruz. “Cuarenta municipios podría cerrar… el Estado tiene que sacar el dinero de algún lado”, agregó.

En el caso de Cabo Rojo, el ahorro anual por conducto de la Ley 29 es de $1.7 millones, dijo su alcalde. “No tendríamos fondos para dar servicios a nuestro pueblo”, dijo al anticipar el escenario en caso de que se invalide la ley.

Ortiz insistió en que la ley se presume válida ya que Taylor Swain no se ha expresado al respecto.

“El gobierno tiene la responsabilidad de honrar los beneficios de esta ley y la JSF ha dicho que si se aprueba la legislación se tienen que identificar los fondos. Le compete a la Asamblea Legislativa y a la gobernadora Wanda Vázquez identificar los fondos que van a sustituir el dinero (no pagado por los municipios) de la Ley 29”, dijo Ortiz.

Durante la reunión entre los alcaldes y Rivera Schatz se insistió en la postura de que el impuesto al inventario, que genera unos $220 millones anualmente a los ayuntamientos, no puede ser eliminado sin antes identificar una fuente de dinero que lo sustituya.

“Hay varias propuestas sobre la mesa. Hasta que no haya una que no sacrifique los servicios que dan los servicios municipales, responsablemente tenemos que mantenernos en la discusión de ese tema. Mientras no haya una alternativa viable, eficaz y segura seguiremos explorando hasta que encontremos esa alternativa”, dijo Rivera Schatz.

Ayer, el representante Antonio Soto, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, le planteó a la gobernadora Wanda Vázquez en un caucus la necesidad de retomar el tema.

“Thomas Rivera Schatz dice que no va a aprobar ninguna legislación”, dijo hoy Cruz Soto. “Tony Soto habla y habla y no pasa nada”, agregó.


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