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El debate sobre el status de Puerto Rico todavía se mantiene distante tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado federal. (AP)

Washington - En el panorama del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el debate de status es aún un asunto distante.

Pero, el congresista demócrata Darren Soto (Florida) ya ha reconocido que su proyecto de ley a favor de la admisión de Puerto Rico como estado requerirá cambios, al aceptar que puede ser necesaria una nueva votación en la isla.

“Tenemos que hacer preparativos alternativos”, dijo Soto al aludir a la oposición del presidente Donald Trump a la estadidad para Puerto Rico y la posición del gobierno federal de que los pasados plebiscitos de status en la isla no reflejaron consenso.

En el Senado, el asunto tampoco está en la agenda del Comité de Energía y Recursos Naturales, que preside la republicana Lisa Murkowski (Alaska).

El pasado 28 de marzo, Soto presentó la legislación 1965 de la Cámara baja federal que impulsa, sin convocar a una nueva consulta, admitir a Puerto Rico como estado de EE.UU. tres meses después de la medida convertirse en ley.

Soto apuesta a que su proyecto irá a una audiencia pública en junio o julio en el Comité de Recursos Naturales. “Queremos que el Congreso se tome con seriedad las elecciones que ocurren en Puerto Rico”, dijo Soto, quien fue observador del plebiscito criollo de 2017 y ha defendido sus resultados, que reflejaron un 97% de respaldo a la estadidad en medio de un boicot de los partidos de oposición y con la más baja participación de la historia para un referéndum de status (23%).

A pesar del optimismo de Soto sobre la convocatoria a una audiencia pública a más tardar en julio, el presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona) –cuyas prioridades son la recuperación de Puerto Rico tras el huracán María y revisar el funcionamiento de la ley Promesa– no garantiza nada.

Grijalva dijo esta semana a El Nuevo Día que la mejor forma en que puede describir la posibilidad de una vista pública sobre el proyecto 1965 es que “el congresista Soto se garantizó a sí mismo una audiencia sobre su proyecto de ley”.

Grijalva también aclaró que cuando comentó recientemente que tenía la percepción de que la mayoría en Puerto Rico apoyaba la estadidad, se refería a la reunión pública que celebró el comité en San Juan el 15 de marzo, al que se movilizó un buen número de defensores de la estadidad.

El proyecto de Soto no va a ser el único a favor de la estadidad que se presentará en esta sesión, confirmó la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien es parte de la minoría republicana de la Cámara baja.

La semana pasada, el portavoz republicano en el Comité de Recursos Naturales, Rob Bishop (Utah), sostuvo que antes de coauspiciar el proyecto de Soto –el cual duda que avance y el cual ha cuestionado por no incluir una nueva votación– esperará por el proyecto de la comisionada González.

“Respaldo el proyecto de Darren Soto. Creo que es importante que haya este esfuerzo demócrata y republicano para impulsar la estadidad. A la misma vez, me encuentro trabajando en un esfuerzo en el Senado que tendrá su (proyecto) homólogo en la Cámara. Desde el día uno dije que íbamos a radicar distintos proyectos. Ambos proyectos son compatibles”, sostuvo González.

En su más reciente proyecto de ley, de junio de 2018, la comisionada González propuso convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado y entonces crear un Grupo de Trabajo del Congreso que estudie los cambios de ley necesarios para convertir la isla en un estado.

Prats cree que nada pasará

Tras cinco reuniones con cinco miembros del Congreso, el exsenador Roberto Prats, uno de los que aspiran a ser el candidato a gobernador del Partido Popular Democrático (PPD), dijo no dudar de que la legislación proestadidad “va a correr la misma suerte de proyectos anteriores”, en el sentido de que nada pasará, dijo.

“La ley Promesa, la recuperación (tras el huracán) María y el status no mezclan”, sostuvo Prats, quien no quiso identificar los miembros del Congreso con los que se entrevistó. Pero, piensa que más adelante habrá espacio para encaminar una discusión de status “de una forma diferente”.

Prats descartó que haya ambiente en el Congreso para eliminar la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) creada por la ley Promesa para controlar las decisiones financieras del gobierno de la isla. “La mejor manera de deshacerse de la junta es demostrar que ya no hace falta”, indicó.

Pese a la imposición de la ley Promesa, que acabó con la ilusión del gobierno propio, Prats aún ve en la cláusula territorial de la Constitución de EE.UU. –que fundamenta el poder del Congreso sobre la isla–, “una autoridad” que le puede permitir a Puerto Rico “pactar una relación política libre de ambigüedades”.

También confía en que pueda encaminarse una discusión sobre la vieja idea de sectores del PPD de establecer un mecanismo por el cual el gobierno de Puerto Rico pueda objetar la aplicación de leyes federales.


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