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La senadora Migdalia Padilla. (GFR Media)

La senadora del Partido Nuevo Progresista Migdalia Padilla dejó la puerta abierta esta mañana a que el propuesto Código de Incentivos Económicos presentado por el ejecutivo sea enmendado a los fines de que se tenga que detallar más a profundidad el uso de los diferentes mecanismos que otorga el Estado y que ha sido cuantificado por el propio Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) en $7,642 millones anuales.

Este reclamo de mayor transparencia en el gasto público fue levantado por la organización Espacios Abiertos durante el segundo día de vistas públicas de la medida.

Por un lado, el DDEC sostiene que el costo anual al erario de solo tres mecanismos de incentivos totaliza entre $500 y $600 millones, en referencia a los estímulos monetarios, los créditos contributivos, los subsidios y los desembolsos, dejando fuera de la ecuación, según la denuncia de Espacios Abiertos, otros instrumentos que representan la gran tajada del gasto público para incentivar la economía como lo son las tasas preferenciales, las deducciones especiales, las exenciones municipales, las exclusiones y los acuerdos finales.

“Para tener una visibilidad del gasto total es necesario que se cuantifique para todo el mundo, o sea, la Asamblea Legislativa, el propio Ejecutivo, todos debemos tener una visibilidad del total del gasto y que se presente en el informe anual”, dijo Daniel Santamaría Ots, analista Senior de política pública de Espacios Abiertos, en un aparte con El Nuevo Día.

Una de las objeciones del DDEC y el Departamento de Hacienda al reclamo de Espacios Abiertos gira en torno a la protección de cierta información confidencial de negocios de individuos corporaciones beneficiados por el Estado.

“Nosotros lo que estamos pidiendo es el detalle por nivel programático, por sector. No estamos pidiendo información confidencial de ningún contribuyente.  De los 49% estados que revelan este tipo de información, el 50% lo hacen revelando el nombre de la compañía, pero nosotros estamos siendo mucho más conservadores”, sostuvo Santamaría Ots, quien denunció que en el Código propuesto no se examinan 18 leyes de incentivos dirigidos a causas “sociales”. El analista advirtió que una de esas causas “sociales” podría ser la construcción de vivienda de bajo costo, donde los beneficiarios son empresarios de alto caudal.

En entrevista por separado, Padilla dijo que Espacios Abiertos tiene un “punto” y que está dispuesta a someter enmiendas al proyecto, aunque no las detalló. Agregó que el Estado no puede estar “tan al silencio” cuando se trata de revelar el rendimiento de ciertos incentivos.

“Estás usando dinero del gobierno”, dijo la senadora por Bayamón. “Tienen que probarnos (el DDEC) que esa información es tan sensitiva que pone en riesgo negocios”.

“Ellos tienen un punto, es una realidad. Hay que escucharlos y, si queremos transparencia en los procesos, me parece que cuando se someta el informe (anual) a la Legislatura, porque anualmente se tiene que hacer, podemos verlo quizás que con enmiendas se incluyan (otros mecanismos de incentivos)”, dijo Padilla.

El martes, precisamente, Padilla radicó un informe de investigación de la Comisión de Hacienda donde se confirma que el DDEC ha fallado en entregar a la Legislatura múltiples informes anuales sobre el rendimiento de los incentivos.

Espacios Abiertos también cuestionó hoy la inclusión dentro del Código de Incentivos de una serie de leyes que, por propia admisión de DDEC, representan un rendimiento al fisco. Entre estas, algunas relacionadas con el turismo, el cine, los subsidios por nómina en hospitales y de energía renovable.

“¿Qué quieren? ¿Que se elimine el Código y no se haga nada?", cuestionó Padilla.  


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