La Junta de Supervisión Fiscal indicó que varias de las iniciativas divulgadas ayer como parte de los acuerdos del proyecto de reforma contributiva serían contrarias al plan fiscal. (horizontal-x3)
La Junta de Supervisión Fiscal indicó que varias de las iniciativas divulgadas ayer como parte de los acuerdos del proyecto de reforma contributiva serían contrarias al plan fiscal. (Gerald López Cepero)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió ayer que cualquier cambio al sistema contributivo de Puerto Rico no puede afectar las proyecciones de ingresos y de balance presupuestario establecidas en el plan fiscal certificado hace una semana.

Tras darse a conocer que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y las cámaras legislativas llegaron a un acuerdo que daría paso a la reforma contributiva, la JSF indicó que, hasta ayer, no había recibido “un listado de medidas específicas de pago que se utilizarían para contrarrestar el costo de la merma en recaudos”, pero anticipó que varias de las iniciativas divulgadas serían contrarias al plan fiscal.

Ayer, prácticamente un año después que se planteara hacer cambios al sistema contributivo sin resultados hasta la fecha, las ramas Ejecutiva y Legislativa aseguraron que aprobarán una de las principales promesas políticas del partido de gobierno.

Entre otras cosas, la reforma contributiva ofrecerá un incentivo “tipo crédito contributivo” de un 5% a todos los individuos que radican planilla.

Además, se reducirá la tasa corporativa de 39% a 37.5%, se eliminará el impuesto entre negocios -llamado “B2B”- en el caso de contribuyentes con ingresos de $200,000 o menos, lo que se alegó beneficiaría a cerca de ocho de cada 10 empresarios.

En la legislación, también se reducirá el Impuesto a la Venta y Uso (IVU) en alimentos preparados, independientemente del mecanismo de pago que se utilice.

Los beneficios tributarios se dieron a conocer ayer, luego de una reunión entre Rosselló Nevares y los presidentes de las cámaras legislativas, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez.

“Tanto los presidentes, como algunos de los colaboradores, Hacienda, entre otros, estamos de acuerdo con la manera de recaudar, con la manera de dar este alivio contributivo al pueblo, pero de seguro, de pasarse esta reforma contributiva ahora, el pueblo va a estar recibiendo los beneficios contributivos bastante rápido”, dijo Rosselló Nevares, quien espera que la medida sea aprobada esta misma semana.

Se informó que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes tendrá hoy una vista ejecutiva para discutir el Proyecto cameral 1544 de reforma contributiva.

Habrá un caucus a mediodía y, luego, el proyecto podría bajar a votación en la sesión pautada para las 2:00 de la tarde.

Desde La Fortaleza, el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, aseguraba en conferencia de prensa que la reforma contributiva costará unos $1,127 millones al erario en cinco años del plan fiscal, pero no quedaba del todo claro cómo se pagaría tal alivio.

“Se va a costear con los cambios propuestos a las regulaciones de Hacienda para tener una mejor fiscalización, que ya estaban identificados en el plan fiscal que originalmente aprobó la Junta, que tiene ingresos de $1,678 millones, junto con las medidas amortiguadoras de cambio de comportamiento que tendrá impacto $405 millones”, dijo Rosario Cortés, al plantear que la reforma dejaría un superávit de cerca de $170 millones al cabo de cinco años.

Durante la conferencia de prensa, Rosario Cortés pareció refutar cualquier reparo de la JSF. Esto, al indicar que se dejaron llevar por “modificaciones al sistema contributivo de ciertos individuos que ya fueron evaluados en el primer plan fiscal y aprobados por la Junta”.

Lo que dice el plan fiscal

Sin embargo, la ruta contributiva que adoptará el gobernador y la Legislatura parece distanciarse de la receta certificada por la JSF.

De ser el caso, ello supone un riesgo de implementación en el plan fiscal recién avalado y que según la JSF debe implementarse al 100%. De lo contrario, ello daría al traste con el objetivo de balance fiscal establecido en la ley federal Promesa y las proyecciones de sobrantes para negociar con los bonistas.

Al cabo de seis años fiscales, según el plan fiscal, el gobierno debe aumentar sus recaudos por $2,216 millones. De esa cifra, unos $1,202 millones deben llegar por mejor fiscalización contributiva y otros $1,013 millones, por aumentos en tarifas y ciertos impuestos.

“Para asegurar la neutralidad en recaudos, la implementación de cualquier iniciativa de ley contributiva debe ocurrir secuencialmente, con el gobierno asegurándose de que esas iniciativas puedan pagarse antes de que se reduzcan las tasas (contributivas)”, reza el plan fiscal certificado en su página 114.

Intentos de este diario para conocer cómo específicamente el gobierno y la Legislatura llegaron a sus números resultaron infructuosos. Tampoco fue posible una reacción de los presidentes de las comisiones legislativas de Hacienda, Antonio Soto y Migdalia Padilla. De Soto, se informó que está de viaje. Padilla, mientras tanto, indicó que no estaba al tanto del acuerdo pactado en La Fortaleza.

La contribución básica alterna

A medida que avanzaba el día, el gobierno pareció afinar cómo pagará el cambio tributario.

En declaraciones escritas, el Departamento de Hacienda explicó que “el dinero saldrá del ajuste en la contribución básica alterna que aplica a individuos; y la alternativa mínima que es a corporaciones”.

Durante el cuatrienio pasado, la administración de Alejandro García Padilla buscó fortalecer sus recaudos haciendo ajustes a la contribución básica alterna, lo que dio paso a iniciativas como la llamada Patente Nacional. Tales medidas, a la larga, quedaron sin efecto.

En esta ocasión, la estrategia de Hacienda busca limitar “ciertas deducciones para aquellos que no pueden demostrar que las tienen”.

Sobre la opción de costear la reforma fijando límites a los incentivos contributivos (lo que antes era la pieza angular para pagar la reforma contributiva), Rivera Schatz dijo que “el Código de Incentivos se puede tratar en su momento porque ya, con las medidas cautelares que se hantomado, y a base de los números que tenemos, no hay ninguna dificultad”.

En tanto, Méndez destacó que “hemos llegado a unos acuerdos con los números”, pero dijo que “queremos estar también en cumplimiento con el plan fiscal que estableció la JSF”.

Por su parte, el representante popular Rafael “Tatito” Hernández reclamó que los líderes legislativos y el gobernador “expliquen al pueblo de dónde saldrán los fondos para costear esta reforma; cuál es la base empírica que utilizaron para garantizar los recaudos y si tienen la certeza de que cumplirán con el plan fiscal certificado”.

Las reporteras Leysa Caro y Keila López Alicea colaboraron con esta historia


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