Alrededor del 64% de los retirados del Gobierno central reciben pensiones anuales de $12,000 o menos. Se trata de una cifra similar a la que a nivel federal se traza para un individuo que vive en la pobreza.
En total son 74,241 personas –un poco menos que la población total de Mayagüez– que, en el caso de que se decrete un recorte en las pensiones, como propuso en enero la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), se hundirían en la pobreza de no ser que tengan una fuente alterna de ingresos.
Precisamente, el dilema actual del Gobierno es cómo apunta la tijera de los recortes de modo que no afecte a los “más vulnerables”. Estos han sido descritos por fuentes de El Nuevo Día en el Gobierno como aquellos jubilados con pensiones menores a los $2,000.
En el mejor de los casos, la aspiración de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares es de proveer nuevas fuentes de ingresos al sistema, de modo que se puedan solventar las pensiones. Esto último, sin embargo, todavía no se ha explicado a fondo. El principio, sin embargo, es crear alianzas público privadas que generen ingresos que se puedan inyectar a los programas de jubilaciones.
Solo en el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, la diferencia entre los ingresos (gran parte producto de las aportaciones de los empleados activos) y los gastos (que incluyen las pensiones) es de alrededor de $53 millones mensuales. Buena parte de ese dinero se ha cubierto vendiendo los activos del Sistema. Pero la insuficiencia es tanta que ya se advierte que estos valores se habrán vendido en su totalidad para el verano. Es decir, la emergencia llegaría mucho antes de que se puedan concretar las alianzas que produzcan los nuevos ingresos para los sistemas de retiro.
El miércoles, Rosselló Nevares abordó en una conferencia de prensa el tema y señaló que, de decretarse recortes, se evitará afectar a los “vulnerables”.
Los que tienen pensiones altas son relativamente pocos. Según datos de la ASR, apenas 3,547 jubilados del sistema de los empleados del Gobierno reciben cheques mayores a los $3,000 mensuales. Los que reciben por encima de los $2,000 son unos 11,436.
Sin embargo, algunas de las pensiones individuales pueden ser muy jugosas. De hecho, la más alta es de $17,354 mensuales ($208,248 anuales) y corresponde a un jubilado de una corporación pública. Lo usual es que los jubilados de estas instrumentalidades del Gobierno sean más altas que las que reciben los retirados del Gobierno central.
Esto, sin embargo, tiene sus excepciones. Por ejemplo, el convicto exsecretario de Educación, Víctor Fajardo, recibe sobre $6,000 mensuales de pensión como jubilado del Gobierno.
No obstante, las pensiones que con más frecuencia son más cuantiosas están en la judicatura, que tienen un sistema aparte por disposición constitucional. Son 372 jubilados que reciben, en promedio, $5,110 mensuales de retiro. Las valores actuariales del 2014 ponían al sistema de retiro de la judicatura con activos que cubrían apenas el 10% de las obligaciones con los pensionados. Es decir, el problema de este sistema implicaba que tenían diez centavos por cada dólar que debe.
Contra el reloj
La ruta a seguir en el tema de retiro tendrá que estar plasmada en el Plan Fiscal que el Gobierno presentará a finales de este mes a la Junta de Supervisión Fiscal, ente que controla las finanzas de Puerto Rico por virtud de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).
Las autoridades no han esbozado en detalle el camino que se delinea en el documento más allá de la aspiración de buscar nuevos ingresos para solventar el sistema o de decretar recortes que no afecten a los “menos vulnerables”, como dijo el gobernador el miércoles.
Las expresiones del gobernador fueron cuatro días después de que La Fortaleza emitiera un comunicado negando que como parte del Plan Fiscal se evaluaba “tocar” los beneficios de los retirados del Gobierno.
El inicio del problema
Desde hace décadas se conoce sobre los problemas fiscales en los tres principales sistemas de retiro. No obstante, por diversas razones, por cuatrienios las soluciones fueron pospuestas, con muy pocas excepciones.
Natalia Palmer, administradora interina de la ASR, explicó que desde que los sistemas fueron creados en la década de 1950 se enfrentaban serios problemas estructurales puesto que los beneficios de los empleados públicos estaban definidos, independientemente de la aportación que hacían al sistema. Con los años se fueron legislando beneficios adicionales para los jubilados sin proveer los ingresos para costearlos.
Otros dos asuntos, estrictamente demográficos, afectaron significativamente la salud fiscal de los sistemas: el aumento en la expectativa de vida y la caída de la economía con la consecuente emigración de cientos de miles de personas. La longevidad llevó a que los jubilados permanecieran por más tiempo recibiendo sus cheques mientras que los problemas económicos causaron una reducción en los recursos humanos en el Gobierno al punto que hoy día son más los retirados que los que aportan a los sistemas con sus salarios.
Acalorado debate
En teoría, el Gobierno central debería responder por las insuficiencias de fondos en los sistemas. No obstante, la crisis fiscal con su elevada deuda pública han diezmado los recursos de la principal alcancía del Gobierno. Es decir, no hay dinero ni en retiro ni en el Gobierno para las pensiones.
Para el economista y profesor de finanzas Antonio Fernós Sagebién, recortar las pensiones sería una acción injusta puesto que se trata de un beneficio para el que los empleados gubernamentales pasaron su periodo laboral aportando.
“Las pensiones no son un regalo o dádiva, sino fruto de muchos años de trabajo arduo. Las pensiones se nutren de la retención patronal y de las aportaciones que el propio empleado hizo. Por lo tanto, es ingreso que el trabajador dejó de recibir en un momento dado con la esperanza y expectativa de consumo futuro”, dijo Fernós Sagebién.
“Los malos manejos de los sistemas no pueden pagarlos los pensionados. El Gobierno tiene la responsabilidad en esto”, dijo el economista al advertir que un cambio en las pensiones, dependiendo de su magnitud, podría tener un efecto adverso en la economía en general.
Sin embargo, si no se ajustan las pensiones, probablemente se tenga que recortar servicios gubernamentales o el repago de la deuda pública, entre otros gastos, lo que en potencia podría tener efectos en la ciudadanía y la economía también, puesto que un buen puñado de los bonistas son individuos o instituciones puertorriqueñas.
Promesa cambia el juego
El panorama legal también enfrentaría sus complicaciones. En el 2013 y el 2014 se legisló para cambiar los tres sistemas de retiro principales en el Gobierno. En las reformas sólo se excluyeron los planes de pensiones de la Universidad de Puerto Rico y de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Los cambios conllevaron la eliminación o reducción de muchos de los beneficios de los ya pensionados y los empleados activos. Las leyes fueron retadas en los tribunales. En dos de los pleitos (el de los maestros y el de la judicatura) se determinó que los cambios eran aplicables solamente a los servidores públicos de nuevo ingreso.
Este panorama, sin embargo, no necesariamente se repetiría de surgir pleitos judiciales que cuestionen los cambios que se perfilan para los sistemas de retiro. Esto porque la ley PROMESA, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el pasado verano, dispone que ninguna ley estatal ni la Constitución de Puerto Rico pueden ir por encima de las determinaciones que se tomen bajo este estatuto, explicó el abogado y profesor en derecho constitucional Carlos Ramos.
Esto dejaría a los pensionados solamente con el foro federal para llevar su reclamo de justicia, probablemente por el menoscabo contractual que implicaría una reducción en las pensiones. Sin embargo, la jurisprudencia a nivel federal es muy confusa en este aspecto y las decisiones más recientes del Circuito de Apelaciones en Boston ponen el peso de la prueba sobre la parte demandante. Es decir, los jubilados tendrían que probar que el Gobierno tenía alternativas al recorte en las pensiones.
“Sería bien cuesta arriba para un caso a nivel federal. Ahora, esa misma disposición aplicaría también a los bonistas cuando vayan a reclamar un menoscabo de sus contratos con el Gobierno en el escenario de impago. Aunque uno sabe que las cosas pueden cambiar cuando los bonistas son los menoscabados”, dijo Ramos.
💬Ver 0 comentarios