En la foto, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila. (GFR Media)

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, indicó esta mañana que el Código Electoral que se discute en la Legislatura es implementable siempre y cuando al organismo que preside se le asigne el dinero necesario.

Aunque no ofreció una cifra exacta del dinero que necesita, el funcionario se refiere, por ejemplo, a que tendría que tomar las acciones necesarias para viabilizar el voto electrónico para no videntes, personas con problemas de movilidad y el voto ausente.

Dávila indicó a El Nuevo Día que no ha intervenido en la discusión legislativa sobre el Código Electoral desde que participó en la única vista pública que se celebró sobre el tema en abril.

“La implementación es un asunto que va a depender de cuánto se asigna para esos fines. Una vez el proyecto se apruebe, nos sentamos a hacer ese análisis”, dijo en referencia al dinero que necesita.

La viabilización del voto electrónico requeriría un proceso de subasta para cualificar licitadores y analizar sus propuestas.

“Entendemos que tenemos tiempo”, respondió Dávila tras ser cuestionado sobre si tendrá tiempo para completar el proceso previo a las primarias que se celebrarán en junio del 2020.

Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ha dicho que la medida representa ciertos ahorros para la CEE, entre ellos la eliminación de las vicepresidencias.

De acuerdo con la pieza legislativa, la eliminación del requisito de presentación de endosos en un sinnúmero de candidaturas también representaría ahorros, pero ese lenguaje es objetado por la Cámara.

Dávila calculó que la separación de las candidaturas de gobernación y comisaría residente representaría un costo adicional de $600,000 debido a las papeletas adicionales que habría que imprimir.

Otros $600,000 serían necesarios para la papeleta en que los puertorriqueños votarían simbólicamente por el presidente de Estados Unidos.

La Cámara de Representantes está impulsando una enmienda de la comisionada residente, Jenniffer González, para que el voto presidencial se aplace para el 2024.


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