La Resolución Concurrente del Senado 100 fue derrotada por la mayoría legislativa. (Archivo / GFR Media)

La mayoría legislativa en la Cámara Alta derrotó hoy a viva voz la Resolución Concurrente del Senado 100, presentada por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), en la que le exigía a la gobernadora Wanda Vázquez Garced responder las interrogantes y preocupaciones expresadas por el senador Charles E. Grassley, presidente de la Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos.

En una carta, enviada el 20 de abril, Grassley reclamó detalles sobre escándalos de este cuatrienio del gobierno de Puerto Rico que apuntan a una posible malversación de fondos y actos de corrupción, incluyendo la compra fallida por $38 millones de un millón de pruebas rápidas para detectar el COVID-19. El senador fue más allá y sostuvo que necesita estas respuestas para examinar “futuras solicitudes de ayuda a la isla”.

Durante su turno, el senador popular Aníbal José Torres argumentó que la intención de la medida era garantizar transparencia. Sostuvo que la importancia de que la gobernadora responda a los reclamos hechos por el senador republicano recae en que es él quien pasa juicio por las asignaciones que hace el senado federal para atender las emergencias, incluyendo la provocada por la pandemia.

“Esa contestación se tiene que dar y se tiene que hacer pública para que haya una transparencia en el proceso. Cuando no hay nada que ocultar pues todas las cartas se ponen sobre la mesa y es una de las razones por las que estamos insistiendo en que se conteste”, declaró.

Torres señaló que un mal manejo del requerimiento de información puede tener serias consecuencias. “Esta es la oportunidad que tiene la gobernadora, precisamente, para distanciarse, para ofrecer unas contestaciones validas que argumenten cuáles han sido las gestiones gubernamentales”, planteó.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, por su parte, cuestionó las intenciones detrás de la presentación de la medida. “Si el senador le dijo a la gobernadora que tenía un término y la gobernadora ya dijo que le va a contestar, oportunamente, ¿por qué el Senado de Puerto Rico debe meterse en eso?”, argumentó el líder legislativo.

“La motivación de la transparencia le nace a alguna gente, digamos que, por temporadas”, añadió Rivera Schatz.

El presidente senatorial cuestionó por qué no hicieron el mismo reclamó cuando en el 2016 el excongresista republicano Orrin Hatch le envió unacarta al exgobernador Alejandro García Padilla, “bajo circunstancias similares”, requiriéndole detalles básicos en torno al monto de la deuda pública, la gravedad de la crisis de los sistemas de retiro de los empleados públicos y su visión sobre cual deuda debía ser pagada con prioridad en caso de una reestructuración.

El Senado también rechazó la Resolución Concurrente de la Cámara 123, la cual expresaba el respaldo de la Asamblea Legislativa a la decisión del Tribunal de Distrito para Puerto Rico y del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston que establece que los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico tienen derecho a los beneficios del Seguro Social Suplementario (SSI) y le solicitaba al Departamento de Justicia federal que no apele dicha decisión para que la misma advenga final y firme.

En su turno inicial, Rivera Schatz señaló que -contrario a opiniones que han trascendido- la determinación judicial no ubica a los puertorriqueños en posición de recibir el beneficio. “Alguna gente interpretó que la determinación del tribunal ubicaba a todos los puertorriqueños en la condición de recibir el Seguro Social suplementario, lo cual no es correcto… el caso de Vaello-Madero establece que el congreso puede discriminar contra Puerto Rico, basta con que tenga una base racional, si así puede llamársele a un discrimen”, expresó.


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