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La presidenta del BGF, Melba Acosta, indicó que el “cash flow” del Gobierno central “no aguanta” para pagar las deudas de junio. (Archivo / GFR Media)

La crisis “fiscal y humanitaria” del País empeoró en los últimos meses, reconoció ayer el  Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica tras hacer pública la versión modificada del plan preparado en septiembre pasado para, en teoría, reducir gastos, aumentar ingresos y enfrentar retos estructurales.

La nueva versión del “Plan de Crecimiento Económico y Fiscal para Puerto Rico” reconoce que, a corto y largo plazo, el Gobierno enfrentará “brechas de financiamiento” aún mayores que las actuales. 

Tan es así que, según indicó la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y principal oficial financiero del Gobierno, Melba Acosta, “es muy poco probable” que se cumpla con el pago de unos $800 millones en bonos de Obligaciones Generales (GOs, por sus siglas en inglés) que vence en junio próximo. 

Los GOs están garantizados por la Constitución y su pago va por encima, incluso, del de  servicios básicos, como educación, salud y seguridad.

"Problema mayor"

Según Acosta, el nuevo plan denota un “problema mayor” al presentado en septiembre debido, principalmente, a que los recaudos del Departamento de Hacienda han mermado  por unos $500 millones y el crecimiento económico se ha retrasado.

“El problema (fiscal y económico) que había se ha profundizado más. El Gobierno ha estado tomando medidas para seguir operando; hemos hecho los pagos principales (de obligaciones) en enero con mucha dificultad, en parte, para poder comprar tiempo y sentarnos en una reestructuración (de la deuda pública de $72,000 millones)”, dijo, en una conferencia telefónica en la que participó, además, el principal asesor de reestructuración, Jim Millstein.

Ambos explicaron que el “Plan de Crecimiento Económico y Fiscal para Puerto Rico” se modificó para reflejar estimados para los años fiscales 2016 al 2020 a tono con la situación actual y, en respuesta a un pedido de información adicional por parte de los acreedores del Gobierno, extender las proyecciones hasta el 2025.

En concreto, Acosta y Millstein detallaron que el estimado de ingresos del Fondo General incluido en la versión original del plan disminuyó de $9,460 millones a $9,210 millones para este año fiscal; el estimado de déficit a cinco años aumentó de aproximadamente $14,000 millones a $ 16,100  millones -incluso habiendo crecimiento económico e implementado todas las acciones del plan-; y el estimado a 10 años proyecta un déficit de $23,900 millones.

"No ayudan"

El cuadro antes descrito, indicaron Acosta y Millstein, ha deteriorado la liquidez del Gobierno, provocando, a su vez, que se sigan implementando medidas extraordinarias para evitar un impago de grandes proporciones.

Algunas de estas medidas incluyen el retraso del pago de reintegros y a suplidores, así como la activación de la cláusula constitucional de retención de ingresos (“clawback”).

“Pero estas son medidas que no ayudan a la economía. Lo estamos viendo y lo estamos sintiendo, pero la Constitución tiene un orden de prioridades: primero los GOs y después los servicios básicos”, dijo Acosta, quien hizo referencia a los problemas -reseñados en El Nuevo Día- que están enfrentando los ciudadanos en áreas como educación especial, salud y transportación pública, entre otras, debido a la crisis.

 Acosta reconoció que las medidas extraordinarias implementadas permitieron a principios de mes el pago de obligaciones casi en su totalidad. 

El pasado 4 de enero, se concretó el impago de $35.9 millones en bonos de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI0 y de $1.4 millones en bonos de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés).

 “Ya para junio, que el Gobierno tiene que hacer pagos grandes, la cosa es distinta. No creemos que podamos seguir estirando los pagos de reintegros y a suplidores, afectando servicios esenciales de educación especial, hospitales y cárceles. Tenemos que buscar ya otras alternativas, pero no podemos seguir deprimiendo la economía”, dijo Acosta.

Según contenido en la nueva versión del plan, si el Gobierno logra cumplir con todas las obligaciones que tiene pendientes en junio, enfrentará un problema de liquidez por la suma de $923 millones.

“Hay que ver cuáles son todos los pagos que vencen en junio y cuáles están en riesgo, pero son muchísimos créditos”, agregó Acosta.

"Sin poder avanzar" 

Millstein, por su parte, comentó que el crecimiento económico en la Isla se ha retrasado “porque la reestructuración de la deuda también se ha retrasado y eso es esencial”.

 “Hemos alcanzado un punto en el que no podemos avanzar más; no podemos ir más hacia adelante. Hemos sido claros con nuestros acreedores respecto a que el impago sería inevitable en junio. Cuando vengan los pagos grandes de GOs y otras deudas, no tendremos el ‘cash’ para cumplir”, dijo Millstein, al insistir en que la reestructuración de la deuda “es imperativa”, así como la toma de acción por parte del Congreso.

Hoy por hoy, el Congreso discute si reinserta a Puerto Rico en las disposiciones del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras Federal, y la mayoría republicana se ha comprometido a encontrar una solución en o antes de marzo. Simultáneamente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos evalúa la constitucionalidad de la Ley de Quiebra Criolla, y su determinación podría bajar en o antes de junio.

 Acosta y Millstein indicaron que el nuevo “Plan de Crecimiento Económico y Fiscal para Puerto Rico” se les estará presentando a los acreedores del Gobierno, quienes, según señalaron ambos, están en “actitud de escuchar y entender”.

“La propuesta tuvo que ser enmendada por razones obvias: los números cambiaron. Estuve en Nueva York la semana pasada con consultores y banqueros trabajando con la propuesta revisada; también hubollamadas con consultores de los acreedores. Estamos modelando distintos escenarios y esperamos iniciar pronto las conversaciones”, dijo Acosta.


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