La senadora Midgalia Padilla y al fondo el senador Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño. (GFR Media) (semisquare-x3)
La senadora Midgalia Padilla y al fondo el senador Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño. (GFR Media)

El mismo día en que afirmaba a la prensa que estaba satisfecha con las medidas de transparencia presentadas por el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) en cuanto al Código de Incentivos, la senadora penepé Migdalia Padilla firmó un informe de resolución investigativa consignando que esa agencia no presenta informes anuales sobre el rendimiento de los incentivos económicos al amparo de la Ley 73-2008 desde el año fiscal 2014-15.

Quien levantó la voz sobre el asunto lo fue el senador popular José Luis Dalmau. 

En el informe de la Resolución del Senado 0005, radicada por el senador independentista Juan Dalmau Ramírez, para que la Comisión de Hacienda investigara si se estaban radicando los citados informes anuales, Padilla sostiene que el informe anual tiene que ser presentado dentro de 180 días después del cierre del año fiscal y que el DDEC cumplió por última vez con esa disposición de la ley en el año fiscal 2013-14.

"Destacaron que, durante el mes de mayo de 2015, se lanzó una nueva plataforma en línea para que los usuarios manejaran las aplicaciones de la Ley 73-2008, y cumplieran con las radicaciones de sus informes anuales. No obstante, desde su lanzamiento la misma ha sufrido un sinnúmero de problemas técnicos. Por lo que, en el año 2015, los informes anuales rendidos por los tenedores de decretos de la Ley 73, en su gran mayoría, fueron presentados en formato físico. Señalaron que los informes anuales presentados en formato físico nunca fueron entrados a una base de datos ni analizados, razón por la cual el Informe Anual del Año Fiscal 2014-2015 no fue preparado y por ende no fue presentado a la Asamblea Legislativa", lee el texto del informe. 

"Eventualmente, se corrigió el sistema para que durante los años fiscales subsiguientes los tenedores de decretos de la Ley 73-2008 pudieran radicar los Informes Anuales de sus entidades en la plataforma en línea. Sin embargo, los problemas continuaron afectando el sistema en línea, lo que impidió que la data contenida en la plataforma pudiera ser sustraída de la misma", abunda el documento al recoger la discusión en las vistas públicas.

"Indicaron que, al llegar en enero de 2017, identificaron la situación y tomaron las medidas para corregir la misma. Actualmente, un grupo compuesto por miembros de la Oficina de Análisis Económico e Inteligencia de Negocio y la Oficina de Exención Contributiva Industrial se encuentran revisando cerca de 1,000 expedientes para entrar así la información contenida en los informes anuales presentados por los negocios exentos en una base de datos y subsiguientemente, analizar dicha data y estar en posición de preparar el Informe Anual del Año Fiscal 2014-2015. Asimismo, mencionaron que, estaban realizando las gestiones correspondientes para contratar a una firma que posibilitará el acceso a la data de los restantes años fiscales que se encuentran en el sistema. Dicho contratista, además, tendrá la encomienda de corregir los problemas actuales de la plataforma para que el DDEC y Pridco (Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, por sus siglas en inglés), en el futuro puedan extraer la data sin necesidad de contratistas independientes".

Al reaccionar a la postura del DDEC y de Pridco, Dalmau Ramírez dijo que no hay manera en que se pueda establecer una política pública de otorgación de incentivos a empresas si no se conoce el rendimiento de estas leyes.

"Ellos (DDEC y Pridco) alegan que es un problema con la empresa que les hace el trámite digital, pero mi planteamiento es que no es excusa. Lo pueden radicar por papel", dijo Dalmau Ramírez a El Nuevo Día. 

"No se puede establecer una política pública de incentivos a empresas donde no hay transparencia para conocer el cumplimiento de los programas por los cuales las empresas reciben incentivos. Estas empresas prometen generar empleos y actividad económica, pero no hay manera de fiscalizar si están cumpliendo", dijo.

Ayer, en una vista pública ante la Comisión de Hacienda del Senado, Laboy sí compartió información sobre el rendimiento de ciertas leyes de incentivos. Colocó en la lista de las más productivas las leyes de cruceros, manufactura, incentivos fílmicos, exportación de servicios e individuos inversionistas. En el otro lado del escenario, con el peor rendimiento, ubicó a las que tienen que ver con la agricultura, la Ley de Oportunidades de Empleo, el Fondo Cinematográfico, la Ley de Cascos Urbanos, la Ley de Subsidio Salarial de Hospitales y la Ley de Indulac.

De otra parte, esta mañana la organización Espacios Abiertos exigió que el gobierno revele el impacto al fiscal de 18 leyes y programas de interés social que no aparecen analizadas en el entirillado del Código de Incentivos que se discute en vistas públicas en la Asamblea Legislativa. 

Un día después de que el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, enumerara en una vista pública del Senado las supuestas medidas incluidas en el proyecto de ley para garantizar la divulgación del rendimiento de los incentivos y la identidad de sus beneficiados, Espacios Abiertos circuló un comunicado de prensa  en que destaca como en el propuesto código no se analizan las 18 leyes o programas de índoles social, por lo que se desconoce su impacto fiscal. El propio proyecto del Ejecutivo sí consigna que 58 leyes de incentivos tienen un costo fiscal de $7,462. millones.

Esta cifra que el gobierno sí reconoce se divide en costo de oportunidad (ingresos que el gobierno deja de recibir por las tasas preferenciales que se conceden sobre el ingreso sujeto a contribuciones y, por lo tanto, el Gobierno no presupuesta su costo), reembolsos y subsidios (el efectivo que se otorga por actividades de estímulo económico, tales como la creación de empleos, la inversión en infraestructura y los pagos de utilidades), estímulos monetarios  (aportación en efectivo del Fondo de Incentivos a un Negocio Exento o una Persona Elegible para promover su desarrollo empresarial) y deducciones especiales (deducciones que se incluyen en la planilla que se conceden a inversiones en maquinaria, energía renovable u otros gastos operacionales relacionados).

Laboy ha dicho que entre estímulo monetarios y créditos contributivos el gobierno recibe un impacto anual de entre $500 y $600 millones.

"Cabe destacar que en el estudio que realizó el DDEC no se incluyó el análisis de Retorno de Inversión de los incentivos dirigidos a atender causas sociales ya que su fin no es de rendimiento económico. Tales incentivos incluyen aquellos que promueven la construcción de vivienda de interés social, el arte y la cultura, entre otros", lee una nota al calce en el proyecto.

Espacios Abiertos sostiene que no se opone a estas leyes de índole social. 

"Nos preguntamos: ¿a cuánto asciende el coste fiscal de esas 18 (leyes)? ¿Cuánto es el costo de las 76 leyes y programas? Apoyamos que se subsidien proyectos y programas que propicien un bienestar económico y social, pero debemos saber cuánto nos cuestan los mismos", lee el comunicado de Espacios Abiertos.


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