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El sistema contributivo puertorriqueño enfrenta una transformación histórica que supondría la eliminación del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y que más del 80% de los contribuyentes ya no tengan que radicar “la dolorosa”. 

La reforma propuesta descansa en el  Impuesto al Valor Agregado (IVA) como principal herramienta de recaudo, lo que supone un cambio de enfoque para que se  tribute  por el consumo y no la productividad.

Con la reforma, que  está en  “etapa final de modelaje”, el IVA sustituiría al Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), duramente criticado desde su creación hace dos cuatrienios no solo porque los recaudos siempre han estado por debajo de lo proyectado, sino por su pobre fiscalización. 

 Como se anticipa que la carga del IVA  duplicaría el 7% del IVU, la reforma elevaría los topes de exención tanto para solteros como para casados, de tal forma que unos   835,000 contribuyentes (82%) no rendirían planillas bajo la nueva estructura.

 Otro elemento considerado es la implementación de un mecanismo -tipo crédito- para mitigar el impacto del IVA sobre los contribuyentes exentos de más bajos ingresos. Este tipo de mecanismo, comúnmente llamado regressivity relief, consiste en devolver todo o parte del IVA pagado.

La reforma contempla, además, una baja de las tasas contributivas sobre las corporaciones, así como la eliminación de la llamada patente nacional aprobada el año pasado.

En entrevista exclusiva con El Nuevo Día, la exsecretaria de Hacienda y nueva presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, aseveró ayer que “puede que sea tanto el cambio” con la reforma, que al final resulte en un nuevo Código de Rentas Internas. 

Base más amplia

Acosta, a quien le acompañó el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, indicó que con la reforma se busca ampliar la “base contributiva” del País, ya que datos de Hacienda confirman que un grupo -los que ganan $59,000 o más- lleva la mayor carga. 

Dicho en otras palabras, el sistema contributivo actual no  rinde lo que supone (los ingresos se quedan cortos; hay mucha economía subterránea) y no fomenta la equidad.  

“Nuestras estructuras de consumo e ingresos son demasiado complejas, particularmente por la existencia de una plétora de provisiones (créditos, deducciones, exenciones, etc.) que no están sujetas a un análisis de costo-beneficio”, dijo, al destacar que como parte de la reforma se está evaluando cuáles de esas provisiones se mantienen y cuáles se eliminan.

Apoyada en recomendaciones de la firma asesora KPMG -que este próximo viernes, 31 de octubre, entregará su informe final de la reforma contributiva-, Acosta defendió la creación del IVA pues, a su juicio, “mejora la captura porque se cobra desde arriba”, o sea, en todos los niveles de la cadena de producción.

“El sistema (IVA) se fiscaliza a sí mismo a diferencia del sistema actual (IVU), que lo fiscalizan los consumidores”, planteó la funcionaria, quien explicó que el IVA no es un impuesto o tax en negocios, sino sobre el consumo final. 

Agregó que el IVA es un gravamen “amplio” que aplica a la mayoría de los bienes y servicios, pero tiene tres grandes exenciones: bienes y servicios exportados, servicios financieros y rentas de viviendas.

“Estamos estudiando otras exenciones. Cualquier IVA que se apruebe incluirá importantes exenciones para los pequeños negocios y regressivity relief para las personas de bajos ingresos”, dijo Acosta, quien no pudo precisar a cuánto ascendería el IVA puertorriqueño. Destacó, sin embargo, que más de 150 países cuentan con este tipo de impuesto, algunos tan cercanos como Antigua y Barbuda (15%), Colombia (16%), Haití (10%), México (16%) y Perú (18%). 

“Esa raya no se ha tirado todavía; seguimos en etapa de modelaje, pero nos estamos asegurando de poner más peso en el consumo y no en la productividad”, reiteró.

El alivio

Sobre el regressivity relief, Suárez comentó, por su parte, que se pondera enviar este tipo de crédito trimestralmente y su monto fluctuará de acuerdo al ingreso de los contribuyentes. Se estima que este mecanismo costaría entre $500 millones y $600 millones, dinero que saldría de la ampliación de la base contributiva. Aún no está definida si su desembolso a los ciudadanos de menor ingreso se haría mediante herramientas existentes o de nueva creación.

“Que se entienda que es una medida para hacerle justicia a los que menos ganan, que se entiende que con lo que pagarían al comprar bienes y servicios estarían pagando contribuciones, quizás más de lo que les correspondería”, afirmó.

Acosta, entretanto, aclaró que con la eliminación del IVU “no están en riesgo” los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), ya que la resolución que creó dicha entidad permite sustituirlo con otra fuente que garantice iguales o mayores recaudos.

Nuevos topes

En el caso de los individuos, la reforma contempla la posible eliminación de algunas de las 85 provisiones o exenciones contributivas, que actualmente suponen pérdidas por $1,138 millones (no se cobra). Al menos 53 de esas 85 provisiones son reclamadas por menos de mil contribuyentes.

 “(A consecuencia de la creación del IVA), la base de ingresos se amplía y las tasas se reducen”, dijo Acosta, al detallar que aunque se barajan varios escenarios, el “predilecto” es elevar el tope de la exención a $35,000 para solteros y $70,000 para casados. El tope actual es de un salario de no más $20,000 por contribuyente, lo que resulta en unos 523,000 exentos, que son los ciudadanos que no están obligados a radicar planilla.

Bajo ese escenario, el 82% de los contribuyentes del País no rendiría planillas. “Solo tendrían que llenar un papel para Hacienda todos los años indicando dónde trabajan, cuánto ganan y su dirección. Sería solo un página y podría radicarse electrónicamente”, expuso.

“A esos 835,000 contribuyentes les llegaría un cheque más grande todas las quincenas, ya que no se les harían retenciones”, abundó Suárez.

En el caso de las corporaciones, Acosta explicó que con la reforma se prevé llevar el tope de exención contributiva a $70,000 para equipararlo al de los casados.

Según dijo, 38,838 (68%) de las 42,740 corporaciones registradas reportan ingresos por menos de $60,000, lo que “no hace sentido”.

“Para prevenir el uso del sistema actual para evasión contributiva, estamos considerando igualar la tasa corporativa a la más alta de las individuales”, abundó.

Acosta y Suárez señalaron que la implementación de la reforma contributiva vendría acompañada de una “transformación” de Hacienda, al punto que la División de Rentas Internas de la agencia podría funcionar como un ente aparte.

Se espera que el proyecto de ley de la reforma contributiva se radique y apruebe entre enero y marzo de 2015 efectivo ese mismo año. Por lo tanto, se pondría en práctica en la planilla a radicarse en el año 2016.


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