Se podrían beneficiar de una excarcelación temprana quienes cumplan con al menos uno de cinco criterios establecidos. (GFR Media)

El senador por acumulación Héctor Martínez, presentó legislación para facultar al secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a dejar en libertad a ciertos sectores de la población carcelaria tras la declaración ejecutiva de un estado de emergencia a raíz de una pandemia u otro asunto de salud pública o sanitaria.

Martínez adelantó que la medida se podría considerar en la sesión legislativa de mañana del Senado.

Desde que la gobernadora Wanda Vázquez declaró el lockdown el pasado 15 de marzo, Martínez Maldonado lidera esfuerzos para que -por razones salubristas y humanitarias-, parte de la población correccional pueda terminar de cumplir su condena fuera de las instituciones y así minimizar los riesgos de propagación del COVID-19.

“El secretario del DCR, Eduardo Rivera Juanatey, nos ha confirmado varias áreas grises en las leyes habilitadoras que impiden que, en su ejercicio discrecional, pueda liberar confinados por una emergencia de salud. Este Senado va a actuar para proteger la vida de todos los ciudadanos, especialmente aquellos que, privados de su libertad, es el Estado el custodio de su salud y su seguridad”, indicó el senador novoprogresista.

El proyecto del Senado 1584, explicó, establece los criterios a tomar en consideración para dicha excarcelación, y dispone que no cualificarían para este beneficio los confinados que representen un peligro para la comunidad, que hayan tenido querella por actos de indisciplina durante los 12 meses previos a la aprobación de la legislación o que hayan sido convictos por delitos de agresión sexual. Tampoco podrá ser puesto en libertad aquel confinado que tenga pendiente un proceso de extradición o traslado por las autoridades federales.

Mientras, se podrían beneficiar de una excarcelación temprana quienes cumplan con al menos uno de cinco criterios establecidos, siendo estos: que haya cumplido el 80% de la sentencia impuesta o que le resten 12 meses o menos para cumplir la pena impuesta, que esté ingresado por un delito no violento, que padezca de una enfermedad terminal o que se encuentre dentro del grupo de alto riesgo, según establecido por el Departamento de Salud o por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Asimismo, explicó, que como requisito está el haber alcanzado un alto grado de rehabilitación y tener un plan de salida viable que incluya, un hogar a residir y tratamiento médico de así requerirlo, entre otros aspectos.“Esta medida no se trata de propiciar la impunidad, sino un acto de humanidad y sensibilidad. El lunes le pediré al presidente del Senado, que se apruebe”, sostuvo el senador.

La medida, igualmente, faculta al secretario de Corrección a imponer el uso de supervisión electrónica o cualquier otra condición establecida en los programas de desvío, libertad a prueba o bajo palabra. A su vez, para salvaguardar el derecho de las víctimas del crimen, vendrá obligado a notificarles de dicha excarcelación.


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