Washington - Jenniffer González está confiada en que el Departamento de Justicia estadounidense dará su visto bueno al referéndum estadidad sí o no en Puerto Rico, pese a que la ley puertorriqueña pide una respuesta para el 30 de junio.
“No me preocupan los términos ni esperar por Justicia (federal)”, dijo la comisionada residente en Washington, en una entrevista en la que reconoció que conocía de la advertencia que dio el gobierno de Donald Trump en abril de que se necesitaría “tiempo suficiente” para evaluar una nueva ley de plebiscito en la Isla.
La comisionada González participó el miércoles de una conferencia telefónica del presidente Trump con miles de líderes hispanos, en la que le habló de la asistencia federal a la Isla y de su proyecto para incentivar la producción manufacturera en la isla.
González dijo que no trajo a la atención del presidente Trump – quien ha rechazado la estadidad para Puerto Rico- el tema del referéndum estadidad sí o no que el gobierno de la Isla ha convocado para noviembre, porque “era una llamada para discutir el COVID-19” y la situación a que se enfrenta la comunidad hispana en Estados Unidos.
En 2017, como recordó el Departamento de Justicia federal en un informe al Congreso con fecha de abril, el gobierno de Trump obligó al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares a incluir el status territorial en el plebiscito de aquel año, el cual nunca validó.
Horas después de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó la ley del referéndum, un funcionario de la Casa Blanca afirmó, en declaraciones oficiales, que la “primera prioridad para todos los líderes de Puerto Rico debe ser poner en orden su casa financiera”.
González sostuvo que aún cuando el Departamento de Justicia estadounidense no se vincule con la consulta, la decisión de los partidos Popular Democrático (PPD) e Independentista Puertorriqueño (PIP) de hacer campaña por el ‘no’ en el referéndum, la probabilidad de una alta participación electoral - por coincidir con las elecciones-, y el uso en la papeleta de un lenguaje similar al que propusieron los gobiernos de Hawai y Alaska para reclamar la estadidad, facilitará que el proceso tenga resonancia en el Congreso.
La comisionada advirtió que la ley coloca en manos del gobierno de Vázquez Garced y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) el peso de lograr el visto bueno del Departamento de Justicia federal.
Pero, sostuvo que ha tenido conversaciones con “varios funcionarios” en la Casa Blanca y en el Departamento de Justicia sobre el referéndum. No quiso identificarlos.
Bajo una ley federal de enero de 2014, el gobierno de Puerto Rico puede presentar ante el Departamento de Justicia federal la papeleta y la campaña educativa del referéndum, para que esa dependencia determine si cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal.
De haber una decisión favorable, el Departamento de Justicia estadounidense entonces, 45 días después de sometida su evaluación a los comités de Asignaciones del Congreso, puede desembolsar $2.5 millones para ayudar a financiar la consulta.
Aunque la legislación fue enmendada para tachar el lenguaje que declaraba al ‘no’ como un reclamo de soberanía política, la comisionada González dijo que ella percibirá el ‘no’ en el referéndum como un voto a favor de la independencia.
“Aquí no hay marcha atrás”, dijo.
Junto a la oposición de Trump a la estadidad, el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) se enfrenta a la falta de ambiente para esa propuesta en el Congreso. La oposición más importante ha surgido del líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, quien ha advertido que mientras esté en control de la agenda de la cámara alta estadounidense jamás dará paso a un proyecto para convertir a Puerto Rico o Washington D.C. en otro estado más de EE.UU..
Para McConnell, la estadidad para Puerto Rico y la capital estadounidense son parte de la “agenda socialista” de los demócratas.
Cuando McConnell hizo esas expresiones, la comisionada dijo que buscaría reunirse con el líder de la mayoría del Senado.
González dijo que ha hablado en el último año con McConnell de la asistencia a Puerto Rico para mitigar los huracanes y más recientemente de los proyectos de estímulo económico federal para atenuar la emergencia del coronavirus. Pero, no se ha reunido con el senador republicano para buscar hacerle cambiar de idea sobre la estadidad para Puerto Rico.
"Esa conversación no está descartada", indicó.
Al ser preguntada si quiere que el senador McConnell, que va a la reelección en noviembre, pierda su escaño, la comisionada se limitó a señalar que “ningún republicano ni ningún demócrata me va a decir a mí que no puedo aspirar a la igualdad plena como ciudadana estadounidense” y afirmó que va a “luchar contra el que esté en contra”.
