Jenniffer González. (GFR Media)

Washington - La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, favoreció hoy que se investiguen las denuncias de que funcionarios públicos de Puerto Rico pueden haber utilizado la entrega de suministros durante la emergencia causada por los terremotos de este mes para beneficios electorales personales.

“Todo eso tiene que investigarse…Cuando hay fondos públicos involucrados tiene que haber constancia de que se actúa con propiedad”, dijo la comisionada, al preguntársele por la advertencia de la destituida secretaria de la Familia, Glorimar Andújar, de que la suspensión de la jefa de la Administración de Desarrollo Socieconómico de la Familia (ADSEF), Surima Quiñones, se basó en el posible uso de suministros para adelantar agendas políticas personales.

Fuentes de El Nuevo Día han mencionado que políticos que respaldan la aspiración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced a la candidatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) a La Fortaleza, como la senadora Evelyn Vázquez, pudieron haber sido parte de la estrategia que denunció Andújar.

La propia comisionada González y el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, recibieron críticas por paquetes de asistencia para damnificados del sur tener inicialmente el logo de la oficina de la comisionada y del municipio.

“Ni el alcalde ni yo estábamos repartiendo eso”, dijo hoy la comisionada al indicar que las bolsas con asistencia se enviaron al “Banco de Alimentos” y que “cuando me di cuenta” de que incluían el logo con su nombre y puesto, dio órdenes para que se eliminaran.

La comisionada indicó que se trató de una iniciativa del municipio de Bayamón, a la que ella se unió.

En las redes sociales, la primera dama de Bayamón y directora de la oficina de distrito de la comisionada González, Narel Waleska Colón Torres, atribuyó a “voluntarios” el error de colocar las identificaciones oficiales en las bolsas con asistencia para los damnificados de los terremotos.

Tras ser cesada como secretaria de la Familia, Andújar sostuvo que la razón verdadera para su destitución fue que se negó a restablecer a Quiñones en ADSEF, en medio de las denuncias sobre el uso político de suministros.

Aunque originalmente la gobernadora Vázquez Garced negó que desde la Fortaleza se ordenara la restitución de Quiñones, fue desmentida por un correo electrónico publicado por Telemundo en el que el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, solicitó a Andújar que revirtiera la suspensiónal alegar que nose hicieron las “advertencias” procesales.

Se supone que esté en marcha una investigación administrativa sobre el desempeño de la administradora de ADSEF.

Repercusiones

La comisionada González, por otro lado, afirmó que son innegables las repercusiones negativas en Washington de la controversia que ha rodeado las destituciones de los secretarios de Vivienda y la Familia, y el mal manejo de suministros.

También defendió las nuevas restricciones impuestas por el Departamento de Vivienda federal (HUD) para el uso de los fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR), que rondan los $20,500 millones.

González reconoció que inicialmente le causó preocupación la destitución de Fernando Gil Enseñat – por criticar las restricciones impuestas por HUD-, debido a que ha sido la persona a cargo de una gran parte de los fondos destinados a la reconstrucción de la Isla.

Por eso, dijo, telefoneó sorprendida a Gil Enseñat el mismo domingo en que la gobernadora le destituyó.

Pero, indicó que el nombramiento como secretario interino de la Vivienda de Dennis González, quien era subsecretario para el tema de los fondos CDBG-DR, redujo sus preocupaciones porque “es una persona que conoce y ha trabajado con las guías de HUD en el pasado”.

La gobernadora Vázquez Garced justificó la destitución de Gil Enseñat por sus críticas en contra de los requisitos de HUD, que incluyen la imposición de un monitor financiero federal, más autoridad para la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de la Isla, la obligación de cumplir con los objetivos de una reforma del registro de la propiedad y un estricto proceso administrativo.

Vázquez Garced afirmó, sin embargo, que la preocupación por las expresiones de Gil Enseñat no le fueron comunicadas directamente a través de HUD, sino de “un alcalde”.

En su caso, la comisionada González sostuvo que el pasado martes – 21 de enero-, dos días después de la destitución de Gil Enseñat, un funcionario de HUD le llamó para cuestionar las críticas del exfuncionario del gobierno de Puerto Rico.

“La gobernadora tiene la facultad de escoger a su gabinete. No me preocupa la persona, sino el proceso…El que haya escogido a Dennis González aguanta esas preocupaciones”, indicó la comisionada, quien no ha conversado con la gobernadora por lo menos desde que se desató el escándalo sobre los suministros en un almacén de Ponce.

En torno a los requisitos que impone HUD en el uso de los fondos CDBG-DR, la comisionada consideró que persiguen que haya “más transparencia”. “No son guías onerosas”, agregó, al coincidir con el punto de vista de la gobernadora Vázquez Garced.

La comisionada, a su vez, se expresó sorprendida inicialmente por la destitución de Andújar y dijo que su salida se da en momentos en que solicita nueva asistencia alimentaria de emergencia, como parte de una legislación que impulsará la mayoría demócrata de la Cámara baja federal para asignar unos $3,350 millones a la Isla.

La comisionada rechazó que la gobernadora Vázquez Garced tenga que renunciar a su precandidatura a La Fortaleza o dimitir a su puesto, un tema que levantaron varios políticos del PNP, incluido el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, en una reunión de esa colectividad el pasado jueves en Arecibo, según fuentes de El Nuevo Día.

“Ella está aspirando a la gobernación, a lo que tiene perfecto derecho”, dijo la comisionada González, quien no estuvo presente en la reunión del jueves del PNP y respalda la precandidatura a la gobernación de Pedro Pierluisi.

El ex comisionado Pierluisi ha visto en los despidos decisiones políticas electorales de la gobernadora Vázquez Garced a quien le solicitó que “de inmediato cese la persecución de funcionarios”.

La comisionada González tampoco ve validez en los reclamos a favor de la renuncia de Vázquez Garced a la gobernación, pues considera que actuó con rapidez y destituyó al director del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres Carlos Acevedo, cuando ciudadanos confirmaron la existencia de suministros en un almacén de Ponce que no fueron distribuidos durante los primeros días de la emergencia causada por los terremotos.

“Si vamos a estar pidiéndole la renuncia al gobernador que esté por un suceso malo, lamentable, en el gobierno, se va a convertir en una anarquía”, indicó.

Para la comisionada, las fallas de la emergencia tras los terremotos de principios de año no alcanzan la “cadena de eventos” que en el verano de 2019 generaron multitudinarias manifestaciones y que el pueblo perdiera la confianza en Ricardo Rosselló Nevares, quien renunció a la gobernación.


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