La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, notificó mediante carta a la Comisión de Hacienda de la Cámara que declinaba una invitación a deponer. (semisquare-x3)
La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, notificó mediante carta a la Comisión de Hacienda de la Cámara que declinaba una invitación a deponer. (Juan Luis Martínez Pérez)

La Cámara de Representantes inició hoy la evaluación del informe de ingresos y gastos del gobierno, tomando como punto de partida la versión del Ejecutivo, que totaliza $9,624 millones.

Sin embargo, el análisis comenzó pese a la ausencia de representantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y en anticipo de un proceso que podría ser pro-forma, en la medida en que la Ley Promesa faculta al ente fiscal a imponer su presupuesto.

El presupuesto de la JSF es de $570 millones menos, siendo las principales discrepancias con el gobierno las partidas que la JSF ha recortado al Departamento de Educación ($262 millones), la Comisión Estatal de Elecciones (CEE, $25 millones), el pago de las pensiones de los municipios ($166 millones) y el pago de los municipios por el Plan Vital ($120 millones).

Hoy la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, notificó mediante carta a la Comisión de Hacienda de la Cámara que declinaba una invitación a deponer amparándose en cómo la Ley Promesa le prohíbe a la Legislatura y al Gobernador algún control o supervisión sobre la JSF o sus actividades. La JSF también extendió la fecha límite para que la Legislatura entregue el presupuesto aprobado hasta el 25 de junio.

“Respetuosamente declinamos la invitación de anoche (el martes) de testificar”, dijo Jaresko al indicar que tiene pautada una reunión mañana a las 4:00 p.m. en el Capitolio con los presidentes legislativos. 

“La JSF está profundamente preocupada de que la Legislatura haya tenido el presupuesto desde el 28 de mayo y las vistas apenas comienzan”, lee un tuit publicado por el ente fiscal.

Aunque se suponía que las vistas de presupuesto fueran conjuntas, iniciaron hoy sólo con la presencia de representantes pues la resolución del presupuesto no había recibido una primera lectura en el Senado.

La senadora Migdalia Padilla, presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, dijo a El Nuevo Día que comenzará las vistas públicas el lunes con el componente fiscal del ejecutivo, incluyendo al Departamento de Desarrollo Económico (DDEC). Las audiencias se extenderán hasta el jueves que viene y no citará a la JSF.

El martes le toca a la CEE y los gremios que agrupan a los alcaldes. El miércoles depondrían el Departamento de Seguridad Pública (DSP), el Departamento de Salud y la Administración de Seguros Médicos (ASEM).

El jueves finalizan con Educación, la Universidad de Puerto Rico y el principal oficial financiero del gobierno, Raúl Maldonado Gautier.

En la vista de hoy participaron representantes del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

Soto logró que la discusión girara en torno a cómo la JSF supuestamente incumplió con la Ley Promesa al no remitir a la Asamblea Legislativa un estimado de ingresos del año fiscal y que, según el Ejecutivo, supera los $11,000 millones. 

Sin considerar los ingresos de abril, mayo y junio, la JSF incluyó en el plan fiscal un estimado de ingresos de $10,400 millones, pero sólo autoriza al gobierno a gastar $9,051 millones, que es el monto del presupuesto de la JSF, que sí contempla sobre $900 millones asignados a Administración de Seguros Médicos que no fueron identificados en el presupuesto vigente.

El estimado de ingresos para el año fiscal vigente inicialmente fue fijado por el ente fiscal en $8,757 millones para luego ser revisado por la JSF.

“Es fácil decir que gobierno va a recibir $10,400 millones, pero el gasto debe ser de $9,051 millones. Hemos sido categóricos es que no es aumentar el gasto por malgastar, es tener dinero para la gente y es que hay áreas necesarias… la misma Junta reconoce en su plan fiscal que el ingreso del Estado será de $10.4 billones”, sostuvo Soto.

La postura de la JSF ha sido que el sobrante en el presupuesto deberá ser utilizado en el futuro para el pago de la deuda. Ese pago, en lo que corresponde al Fondo General, se fijó en $417 millones para el próximo año fiscal.

“Lo que está tratando de hacer la JSF es crear un sobrante entre los recaudos y lo que sería el presupuesto. Ese sobrante sería destinado al servicio de la deuda”, reconoció Mohammad Yassin, abogado de Aafaf.

Soto solicitó un desglose agencia por agencia de la nómina de cada dependencia, esto para atender el recorte en nómina que impuso la JSF. Según un representante de la OGP, la JSF no contempló, al aplicarle un recorte de $25 millones a la CEE, gastos a incurrirse para la inscripción de nuevos partidos, para el recogido de endosos para candidatos, las campañas de orientación al electorado y el dinero necesario para el mantenimiento de las máquinas de escrutinio electrónico.

Hoy trascendió que el presupuesto de la JSF contempla $224 millones menos en gastos de nómina, aunque sí reconoce aumentos a maestros, policías y bomberos que totalizan $141.8 millones. Francisco Peña, subsecretario de Hacienda, dijo que el presupuesto del Ejecutivo “incluye los recursos para darle continuidad al gobierno… es la nómina actual. Debo presumir (que la JSF) quiere reformas más agresivas como consolidación de agencias y programas de terminación (de empleo)”, dijo. 

Preguntado en un aparte con la prensa si el presupuesto de la JSF traía consigo despidos en el gobierno, Soto contestó: “al final del día Hacienda tiene la chequera”.

“Ellos (la JSF) alegan que no. Alegan que el presupuesto que enviaron cumple con el plan fiscal. Tendrán que explicarlo en su momento”, agregó.

Durante la vista, Soto rechazó una serie de recortes propuestos por el Ejecutivo a partidas sensitivas dentro del Departamento de Educación como el Programa de Educación Especial, al que se le recortan $16.5 millones a pesar de que la JSF recomendó $8 millones más; Instituto Nueva Escuela ($2.3 millones menos) y Colegio San Gabriel ($290,000 menos). En el caso de la Alianza para la Educación Alternativa, el incremento del gobierno es de $2.4 millones y el de la JSF de $9.6 millones.

“Vamos a garantizar que estas organizaciones tengan los recursos necesarios para brindar el servicio”, dijo Soto.

El representante popular Jesús Santa recordó que el gobierno goza de un sobrante de casi $2,000 millones precisamente porque no se está pagando casi nada de deuda.

“Son $10,400 y pretendemos gastarlo todo. Cuidado que no estés gastando eso sin pagar la hipoteca”, dijo.

Para el representante independentista Denis Márquez, el ejercicio de hoy será fútil en la medida en que la JSF impondrá su propio presupuesto.

"Se aprobó el presupuesto del país y lo hizo la JSF. Aquí estamos haciendo un buen ejercicio para los estudiantes de verano que están viniendo a las vistas públicas", dijo.


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