La representante novoprogresista María Milagros Charbonier defendió hoy, miércoles, las intenciones de la mayoría cameral de aprobar mañana el proyecto del Código Civil, y rechazó que ciertas enmiendas a la medida vayan a crear un lenguaje contradictorio y difícil de interpretar por los tribunales.
Expertos en Derecho, como la expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas Ana Irma Rivera Lassén y el presidente de la Comisión de Derecho Civil de esa institución, José Javier Lamas, plantean, por ejemplo, que los cambios al artículo sobre el concebido, pero no nacido y al artículo referente al cambio de sexo en los certificados de nacimiento crearían confusión en la Rama Judicial.
El proyecto de Código Civil, aprobado el lunes en el Senado, le reconoce -al concebido, pero no nacido- derechos “que le sean favorables”, pero acto seguido, con una enmienda del senador novoprogresista William Villafañe, se consigna que ese lenguaje no chocará con el derecho jurisprudencial de las mujeres a realizarse abortos.
“Es una enmienda para complacer a unos sectores, pero el caso de Roe vs. Wade está vigente… no daña ni abona”, dijo Charbonier en referencia al caso que creó jurisprudencia federal y que le reconoce a la mujer el derecho a terminar su embarazo.
“¿No confunde?”, se le preguntó a la legisladora.
“El que es abogado y sabe de Derecho, y el que no sabe de Derecho, debe saber que hay casos como Roe vs. Wade”, contestó Charbonier, al mencionar ejemplos más recientes sobre el derecho al aborto.
Charbonier atendió a El Nuevo Día, en una conferencia telefónica, junto a los profesores de Derecho Ramón Antonio Guzmán y Miguel Garay. También, participó de la discusión Ayron Díaz, asesor de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, que preside Charbonier.
El artículo 69 del propuesto Código Civil dispone que el concebido se tiene por nacido “para todos los efectos que le son favorables” siempre y cuando nazca con vida. Cuando se le preguntó a Charbonier si se podría interpretar que el derecho a la vida es un elemento que le sería favorable al feto y, por lo tanto, el lenguaje tendría el efecto de limitar el derecho al aborto, ella discrepó, y Guzmán intervino.
“No podemos discutir una cosa tan importante a base de tópicos... le hablo del nasciturus. La disposición del proyecto no cambia para nada derechosvigentes. No se prohíbe el aborto y se respeta la legislación federal”, argumentó Guzmán, quien es profesor en la Universidad Católica de Ponce. Sostuvo que el lenguaje sobre lo que le es “favorable” al feto aplicaría a tratamientos a los que se pueda someter una persona gestante para garantizar la salud del embrión.
“Eso hoy los planes médicos no lo atienden y se basan en que esos fetos no son personas”, dijo Guzmán.
Charbonier agregó que el lenguaje del Código Civil, que se aplica como una ley general, no podría prevalecer sobre jurisprudencia federal. Díaz intervino para señalar que las fuentes del derecho tienen un orden jerárquico y que cerca del tope están las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
De otra parte, la representante rechazó que la enmienda del Senado al artículo sobre el certificado de cambio de sexo, en el certificado de nacimiento, pueda provocar problemas en el futuro. En síntesis, planteó que para que se cumpla con el proceso de cambio de nombre, en el Registro Demográfico, se tiene que cumplir con un proceso contencioso que requiere la intervención judicial y que ella busca lo mismo para el cambio de sexo.
La enmienda para requerir la intervención judicial, en ese proceso, fue incluida por el Senado, pero se le añadió un texto para disponer que lo dispuesto no va a menoscabar el proceso que se lleva a cabo hoy.
Una decisión del Tribunal Federal de Puerto Rico permite que una persona pueda cambiar su sexo en el certificado de nacimiento si presenta ciertos documentos al Registro Demográfico y sin intervención judicial.
“No hay manera de mantener la rigurosidad de lo que es un Registro Demográfico. Si vas a hacer un cambio, tiene que ser un proceso…”, dijo Charbonier, al equiparar el trámite judicial para cambio de nombre y sexo en el certificado de nacimiento.
También, se le preguntó al grupo de entrevistados sobre la inclusión de la palabra “natural” a la definición de matrimonio en el proyecto de Código Civil aprobado por el Senado. La propuesta define el matrimonio como “una institución civil que procede de un contrato civil en virtud del cual dos personas naturales se obligan mutuamente a ser cónyuges”.
Sin embargo, críticos de este lenguaje han manifestado que, en un futuro, a algún tribunal se le podría ocurrir declarar como personas no naturales a los integrantes de la comunidad LBGTTIQ.
Garay, profesor de Derecho en la Universidad Interamericana, indicó que el lenguaje lo que busca es evitar que ciudadanos se casen con corporaciones.
“¿Por qué eso es necesario?”, se le preguntó.
“Para que a nadie se le ocurra”, contestó Garay. “Todo ser humano que nace con vida se puede casar con todo ser humano… eso es lo que quiere decir”, agregó, al opinar que a nadie se le ocurriría argumentar que un integrante de la comunidad LBGTTIQ no sea una persona natural.
“Nacieron con vida y del vientre de la madre”, dijo.
Charbonier rechazó, de otra parte, que modificaciones introducidas por el Senado al artículo relacionado con el hogar seguro pongan en peligro este derecho, y sostuvo que la intervención judicial en esos casos, que el Senado consignó en el proyecto, ya es parte del procedimiento ordinario.
Sostuvo, por otra parte, que el Código Civil, a ser aprobado en la Cámara, incluye derechos adicionales para los consumidores. Por ejemplo, en lo que concierne a los contratos de adhesión, que son acuerdos en que solo una parte tiene el derecho de redactar las cláusulas (contratos de telefonía, cable y gimnasios), se dispone, en el proyecto de ley, que estas “se interpretarán en sentido desfavorable a la persona que las redacta y en favor de la persona que se vio precisada a aceptar su contenido”.
En el documento, se enumeran algunas cláusulas que harían anulables estos contratos como que no se redacten de manera clara, completa y fácilmente legible en español o inglés y que autoricen a la parte que la redactó a modificar unilateralmente los elementos del contrato, entre otros aspectos.
El proyecto también aumenta la cantidad inembargable en reclamaciones de cobro de dinero al incluirse el derecho a hogar seguro, el ajuar de la casa y los electrodomésticos cuyo valor conjunto no exceda de $10,0000, la vestimenta personal del deudor y su familia y otros elementos como utensilios de cultivo o instrumentos de labranza hasta $4,000, las herramientas, instrumentos, animales domésticos y domesticados, muebles, bibliotecas, armas, uniformes requeridos por ley y equipo necesarios para la profesión del deudor cuyo valor no exceda de $10,000.
Igualmente, el vehículo de motor cuando es considerado el instrumento de trabajo de su dueño.
Esta última exención no será aplicable al cobro de deudas relacionadas con el precio de compra, arrendamiento financiero o la adquisición del vehículo.
Además, el proyecto del Código Civil introduce el concepto de la servidumbre de luz solar y eólica, lo que significa que el titular de una propiedad, como puede ser una finca, tendrá derecho a servirse de energía de luz solar o eólica y que todo dueño de un terreno cercano deberá abstenerse de sembrar árboles o plantas que produzcan sombra o que obstruyan el flujo del viento.
