El senador Héctor Martínez Maldonado radicó una medida que, a su juicio, atenderá la controversia suscitada luego que el Tribunal Supremo adoptó el nuevo Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio y que entró en vigor el 1 de enero.
El legislador penepé pretende, mediante el Proyecto del Senado 1498, crear lo que denominó como un Panel de Abogados de Oficio, similar al que existe a nivel federal y adscrito al Tribunal Supremo.
La versión criolla, que atendería casos criminales, civiles, administrativos y de familia, operaría con los fondos que la Rama Judicial identificó para solicitar, sin éxito, a la Legislatura un aumento de salario a los jueces a finales de la sesión legislativa que concluyó en noviembre.
El Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio, entre otras cosas, obliga a los abogados a rendir servicios de manera gratuita en casos civiles o criminales por las primeras 30 horas de trabajo por caso. El Colegio de Abogados y Abogadas ha impugnado la constitucionalidad del reglamento por la vía judicial y su presidente, Edgardo Román Espada, ha argumentado que el reglamento tiene como efecto crear la servidumbre involuntaria de la abogacía y aleja al Estado de cumplir con su obligación de brindar servicios legales gratuitos en ciertos casos.
En la demanda también se sostiene que el nuevo reglamento viola la Ley Federal de Derechos Civiles.
Román Espada también ha señalado que el nuevo reglamento no dispone en cuánto tiempo el abogado cobraría por los servicios rendidos en exceso de las primeras 30 horas.
Por su parte, Martínez Maldonado aclaró, en entrevista con El Nuevo Día, que el nuevo panel no atentaría contra las operaciones de organizaciones como Servicios Legales, Pro-Bono y la Sociedad Para la Asistencia Legal, que reciben fondos públicos para brindar servicios legales de todo tipo a las personas que cualifican.
“En nada se van a afectar”, dijo el senador.
“Lo que busco es que el panel trabaje como si fuera en la esfera federal, que entra cuando hayalgún conflicto con Asistencial Legal o con Servicios legales. Que esos abogados puedan representar a los ciudadanos”, dijo Martínez Maldonado.
“Queremos que los abogados, en vez de trabajar de manera gratuita, cojan los fondos que se iban a asignar para el aumento de los jueces, que se saque una partida de ahí para pagarles a los abogados”.
El senador indicó que la aplicación del nuevo reglamento “está siendo más oneroso para los abogados”.
“En medio de la situación difícil en que está la economía, hay abogados que les asignan hasta seis casos al año, incluyendo casos de asesinato. Los obligan a cerrar prácticamente sus oficinas para trabajar de gratis”, dijo el senador por Carolina.
“Este nuevo reglamento no recoge las preocupaciones de los abogados… no puede ser de manera abusiva porque en ninguna profesión se le exige a la persona trabajar de gratis”, añadió Martínez Maldonado, quien indicó que al ejercer la abogacía enfrentó instancias en que le asignaban casos de menores todos los meses.
Todavía se desconoce a qué comisión del Senado sería asignado el proyecto.
