Algunas de las propuestas del proyecto de ley del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para reformar el sistema electoral puede abrir la puerta para el “fraude”, sostuvo ayer el presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres.
“Si el proyecto permanece como fue presentado y visto por nosotros, no hay manera de que podamos apoyarlo”, adelantó Torres.
En términos similares, se expresó también el senador independentista Juan Dalmau.
“Anticipo que para nosotros es clave la más amplia participación democrática de los actores electorales en igualdad de condiciones, la seguridad y la confianza en los procesos”, sostuvo Dalmau.
El proyecto de ley del Senado 1314 busca, entre otros asuntos, ampliar el acceso de los votantes a los procesos electorales, establecer herramientas electrónicas y tecnológicas para facilitar el voto y ahorrar dinero en las operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
El portavoz de la mayoría novoprogresista en el Senado, Carmelo Ríos, dijo que “muy posiblemente” se celebre -al menos- una vista pública sobre el proyecto con la participación de los presidentes de los partidos políticos.
“Pero hay una necesidad de aprobar el proyecto ahora porque hay unas cosas que entran en vigor ahora, aunque otras en el 2020 y el 2024”, apuntó Ríos.
Como proyecto piloto y para las elecciones del 2020 se amplía el margen de electores que pueden usar el voto adelantado y el voto ausente, según el proyecto.
“Abren unas puertas inmensas para el fraude”, opinó Torres sobre esa propuesta.
También cuestionó el calendario que propone la medida y la propuesta para que el sufragio en las elecciones generales del 2024 sea por internet.
“No nos oponemos a la tecnología, pero tiene que haber una salvaguarda que impida un posible fraude, evidencia de cuál fue la intención de ese elector para luego hacer un recuento o un escrutinio”, dijo.
El proyecto de ley deja en manos de los jueces del Tribunal Supremo la selección del presidente y un presidente alterno de la CEE, establece un nuevo proceso para la recusación de electores, extiende el voto adelantado y el voto ausente, y crea el voto por internet.
El PPD, explicó Torres, plantea que dejarles a los jueces del Supremo esa selección “menoscaba los principios constitucionales de separación de poderes y las doctrinas sobre las cláusulas de nombramientos”.
Respecto a las recusaciones, Torres dijo que el proceso, según lo dispuesto en el proyecto, es “criminalizado” porque establece que emplazar al elector o tomar fotografías, puede dar pie para ser acusado por acecho.
