Como preámbulo al 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) Ramón Luis Cruz Burgos, Javier Aponte Dalmau y Jesús Santa denunciaron este martes que la reforma laboral promulgada y aprobada por la administración de Ricardo Rosselló Nevares fue “un fracaso”.
“No es verdad lo que dice el gobernador de que hay más empleo en Puerto Rico y sus números lo demuestran”, dijo Cruz Burgos en conferencia de prensa.
De inmediato, mostró gráficas, con información provista por los informes trimestrales sobre empleo y desempleo confeccionados por el Departamento del Trabajo, que evidencian que para enero de 2016 había 992,000 personas empleadas y para enero de 2019 la cifra era de 984,000.
“La semana pasada, durante su mensaje de situación de estado, Rosselló celebró el nivel de empleo en Puerto Rico y lo relacionó directamente al impacto de la reforma laboral de 2017. Si tomamos los meses de enero, febrero y marzo para los años 2016 a 2019 nos daremos cuenta que el nivel de empleo y el número ajustado de personas empleadas es más bajo en 2019 que en 2016”, dijo Cruz Burgos.
Mostró que para febrero de 2016 había 992,000 personas empleadas y a febrero de 2019 la cifra se redujo a 979,000, mientras que en marzo de 2016 hubo 993,000 y para marzo de este año hay 975,000 trabajadores.
Rosselló Nevares aprobó el 26 de enero de 2017 la Ley de Transformación y Flexibilización Laboral, conocida como la reforma laboral. En ese entonces, el gobierno dijo que los cambios a las leyes laborales redundarían en más empleos y mejores condiciones para el trabajador.
El estatuto estableció que un empleado podrá convertirse en uno permanente al cabo de nueve meses en vez de seis meses. También redujo la licencia de vacaciones y enfermedad para los empleados contratados una vez aprobada la reforma electoral. La paga de tiempo doble a empleados que trabajaran domingo se eliminó con la nueva ley.
La administración de turno argumentaba que los cambios eran necesarios para que aumentaran los empleos y porque el andamiaje laboral existente era muy oneroso para los empleadores.
“Eso no ocurrió. Nosotros (la delegación popular en el Senado y en la Cámara de Representantes) le votamos en contra porque ni siquiera existía un estudio que sustentara el argumento del gobierno”, señaló Santa.
Los legisladores dijeron que su compromiso es revertir la reforma laboral al estado de derecho previo a su aprobación. De hecho, indicaron que ya presentaron legislación a esos efectos en la Cámara de Representantes. Ahora bien, reconocieron que es poco probable que el proyecto sea aprobado entre la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP).
