Las intenciones del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de retar el veto del Ejecutivo sobre el Proyecto del Senado 950, que restringe el aborto en la isla, fueron prácticamente tronchadas ayer cuando el senador novoprogresista Miguel Romero le envió una carta al líder senatorial para consignar su decisión “final” de no prestar su voto para ir por encima de la decisión del mandatario.
No está claro si la mayoría senatorial insistirá en desafiar el veto del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
El Senado necesita 20 votos para ir por encima del veto, pero con la posición de Romero, tendrían solo 19 votos, si toda la mayoría penepé vota a favor, excepto Zoé Laboy, quien desde el principio votó en contra de la medida.
En su misiva, Romero le indicó a Rivera Schatz que si entiende que su posición lacera su confianza en él, entonces “pongo a disposición las presidencias de las comisiones”. Se refirió a la Comisión de Gobierno, Comisión Especial para la Evaluación del Sistema Electoral y la Comisión Conjunta de Revisión del Código Penal.
Romero le dijo a El Nuevo Día que Rivera Schatz interpretó el mensaje como una renuncia, y la aceptó.
“No renuncié a las comisiones”, afirmó Romero, quien aspira a la alcaldía de San Juan. “Le manifesté que le agradecía que estaba ocupando unas posiciones como presidente de comisión, que reconocía que las designaciones son prerrogativas de él como presidente”.
“Lo interpretó como una renuncia”, agregó el legislador. “No tengo ‘issue’ con las consecuencias”.
Ayer, los senadores de mayoría Nelson Cruz Santiago, Luis Daniel Muñiz y Ángel “Chayanne” Martínez indicaron que votarán para desafiar el veto. Luis Berdiel sostuvo que se someterá a la voluntad del caucus y Margarita Nolasco no quiso contestar.
Seilhamer, Carmelo Ríos, Nayda Venegas, Miguel Laureano, Rivera Schatz y Henry Neumann también han dicho que irán por encima del veto expreso.
“Si el proyecto baja a votación, tengo que votar, harán un pase de lista y lo que estoy notificando es que, si el proyecto baja a votación para buscar un voto a favor de ir por encima del veto del gobernador, mi decisión final es que no voy a votar para aprobar el (Proyecto del Senado) 950 e ir por encima del veto”, enfatizó Romero en entrevista con El Nuevo Día.
“No es un asunto programático del PNP. Se han dado unas expresiones del gobernador, hay coincidencias y reparos sobre la medida, y lo responsable es que miremos esto… pero no atender el asunto al ir por encima de un veto, sino que se presente un proyecto diferente, si es que lo quieren presentar”, sostuvo el senador por San Juan.
Rivera Schatz no estuvo disponible ayer para este diario, pero en una entrevista radial (NotiUno) recordó que Romero aceptó que se corrigieron aspectos legales de la medida y que había dicho que le complacía como estaba redactado el proyecto. Resaltó también que Romero no hizo un solo señalamiento hasta que la Cámara decidió irse por encima del veto.
Frente a posibles repercusiones políticas o dentro de su propio caucus, Romero dijo que las enfrentará “sin problemas”.
“Tengo un ejercicio legislativo que llevar a cabo y ese ejercicio tiene que estar dictado por mi conciencia y mis principios y, sobre todo, por lo que entiendo es correcto. Lo que no puedo hacer es permitir que el pensar en las consecuencias determine mi proceder. Las cosas se hacen y punto”, subrayó.
Resaltó que no sería el primer senador que emite votos distintos entre la evaluación de una medida y el momento de defenderla ante un veto.
“Ha habido instancias en que proyectos del Senado han sido elevados al pleno para votar e ir por encima del veto del gobernador. He votado a favor en uno (Proyecto del Senado 43). En el Proyecto del Senado 489, tuvo originalmente el aval de todos los senadores y cuando se buscó ir por encima del veto del gobernador, algunos votaron en contra, incluyendo un autor”, dijo en referencia al senador Abel Nazario.
Romero votó a favor del Proyecto del Senado 950 tras lograr que se incluyeran dos enmiendas: una que rebajaba de 21 a 18 años la edad para poder realizarse un aborto sin el consentimiento del padre, madre o tutor legal y otra enmienda que aceleraba el proceso en un tribunal en caso de que la menor tuviera que acudir a esa vía para terminar un embarazo.
Romero dijo que confiaba en que el proyecto fuera enmendado en la Cámara, lo que hubiera implicado que regresaría al Senado, donde no se concurriría con las enmiendas. Entonces, dijo, hubiera aprovechado para intentar rebajar la edad de consentimiento a los 16 años. “Va a depender de las circunstancias”, respondió cuando se le preguntó si su intención era rebajar la edad a 16 años.
“En la mayoría de las jurisdicciones, lo que se hace es reforzar las relaciones entre los menores y los padres. Cuando un menor no tiene la confianza de sus padres para realizarse un aborto, y no tiene la terminación como opción, lo que ocurre es que acuden a procedimientos informales, y eso sí pone en riesgo la salud”, argumentó.
Preguntado por qué votó a favor de un proyecto que no llenaba sus expectativas, contestó que “no hay proyectos perfectos”.
“Existía la posibilidad que fuera enmendado en la Cámara y, si lo devolvían, en el Senado, con enmiendas, tenía la oportunidad de votar a favor o en contra, dependiendo de las enmiendas”, dijo.
Romero recordó que había planteado cuestionamientos sobre la medida de la senadora Nayda Venegas Brown desde diciembre.
“Voté a favor porque lo acorté (los términos en el tribunal), voté a favor porque se eliminaron los menores de 18 a 21 años, pero todavía quedaban menores de entre 16 y 18 años”, recalcó.
“Tenía reservas con que se restringiera el que un menor con suficiente madurez no pudiera terminar un embarazo. La Asociación de Pediatras de Estados Unidos ha expresado que requerir elconsentimiento a un menor en un proceso determinación de embarazo, el requerir que los padres la autoricen, no logra que se proteja ni la salud del menor ni el bienestar del menor”, dijo.
Sin embargo, en su voto explicativo de la medida, el senador hizo un recuento de todas las enmiendas que sufrió la pieza desde que fue presentada por Venegas Brown en mayo del año pasado. Tras repasar las enmiendas que pudo introducir, dijo que la medida cumplía con los parámetros constitucionales, al reconocer “el derecho fundamental de la mujer gestante a determinar si desea o no continuar un embarazo”.
