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La senadora Nayda Venegas Brown. (Xavier J. Araújo Berríos)

El Senado aprobó esta tarde, a viva voz, el proyecto del Senado 950 que busca establecer ciertas cortapisas sobre la práctica del aborto en Puerto Rico.

Igualmente, dio paso al proyecto del Senado 1000 que prohíbe las terapias de conversión, típicamente aplicadas a miembros de la comunidad LBGTT.

La votación a favor del proyecto 950 fue de 20 a favor y 9 en contra, mientras que la del 1000 fue de 20 a favor y 7 en contra con 2 abstenidos. 

Ambas medidas sufrieron enmiendas en sala, en un hemiciclo cuyas gradas fueron cerradas por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, argumentando que se realizan trabajos en el techo.

Rivera Schatz dijo que la sesión podía ser seguida por la internet.

El gobernador Ricardo Rosselló ha dicho que no favorece el proyecto del Senado 1000 original, pero no se ha expresado sobre la versión más reciente.

En el caso del proyecto del Senado 950, el senador de mayoría Miguel Romero presentó un cambio con que se rebaja de 21 años a 18 años la edad en que aplicará la prohibición del aborto sin el consentimiento de un padre, una madre o un tutor legal. La medida original le requería el consentimiento de los padres o un tutor legal a una menor de 21 años para poder someterse al procedimiento.

Otra enmienda de Romero, reduce el plazo en que los tribunales atenderían de principio a fin una petición de una menor de 18 años para realizarse un aborto. Esa menor tendría que recurrir al tribunal si no recibe el consentimiento de sus padres o tutores. En el proyecto original se ordenaba al juez a atender el caso en 10 días y se rebajó a tres. La resolución del caso será tomada en 48 horas y no en cinco días como sostenía el proyecto original.

“Hay un consentimiento que buscar, pero es expedito”, dijo al sostener que todo el procedimiento judicial se completaría en 72 horas.

El estado de derecho actual y la jurisprudencia no establece una edad mínima para que una menor se realice un aborto, pero las clínicas usualmente no aceptan pacientes de menos de 15 años, supo El Nuevo Día.

Al asumir un turno sobre la medida, el senador popular Miguel Pereira insistió en que el proyecto busca “registrar preceptos personalismos de carácter religioso para imponerle a la mujer puertorriqueña restricciones sobre su anatomía y el control sobre su salud reproductiva y el disfrute de sus derechos civiles”.

Pereira recordó que el Departamento de Salud se opuso al proyecto en vistas públicas y señaló que la pieza legislativa de la senadora Nayda Venegas Brown no atiende ningún problema.

“No se evidenció que hay clínicas clandestinas. Se contradice el proyecto cuando admite que aplican a Puerto Rico las determinaciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos que reconocen el derecho a la intimidad… pero trata de justificar la prohibición de esta ley con la excusa de que hay un vacío en el ordenamiento jurídico”, dijo Pereira al recordar que el Departamento de Salud regula las operaciones de las clínicas de terminación de embarazos.

“Legislar asuntos que puedan ser enmendados continuamente tiene el efecto de vulnerar protecciones que dicen querer proteger. El proyecto no tiene ninguna protección nueva”, afirmó.

“La verdadera intención del PS950 es la imposición de conceptos religiosos que nada tienen que ver con la salud de nuestras mujeres y ni siquiera responden a asuntos de moralidad”, finalizó Pereira.

Al defender su medida, Venegas Brown dejó claro que no está satisfecha con todos los cambios que le fueron introducidos, por lo que “no renunciamos a seguir luchando contra el aborto”.

Según dijo en su turno, no se trata de un proyecto religioso sino de “anatomía básica”.

“Estamos hablando de la vida de la mujer”, agregó al celebrar que la pieza legislativa sea aprobada en la Semana de la Mujer. Venegas Brown dijo que lo que quiere es legislar para “tener orden”.

“No se trata de un proyecto para prohibir el aborto. Ojalá y fuera un proyecto para prohibir el aborto, ojalá, pero no se puede porque hay una ley federal que hay que respetar y el proyecto recoge ese derecho”, dijo.

La medida, entre otras cosas, recalca en la necesidad de que las clínicas cumplan con el concepto de consentimiento informado al atender sus pacientes y obliga al Departamento de Salud a documentar con estadísticas la práctica del aborto.

Las senadoras de mayoría Margarita Nolasco e Itzamar Peña también asumieron turnos a favor de la medida. En el caso de Nolasco, dijo que el proyecto lo que busca son “protecciones para la mujer” mientras que Peña dijo, al favorecer la medida, que el proyecto ofrece unas garantías de seguridad a las mujeres que procuran un aborto.

El senador Ángel “Chayanne” Martínez atacó durante el debate a mujeres embarazadas que defienden el derecho de una mujer a terminar un aborto y dijo que las mujeres, en vez de abortar, deben tener sus hijos y luego darlos en adopción. Martínez asumió su debate sosteniendo una figura simulando un feto dentro del vientre materno.

Carmelo Ríos también asumió un turno a favor del Proyecto del Senado 950, al igual que Larry Seilhamer y el presidente Thomas Rivera Schatz, quien dijo que quisiera prohibir el aborto.

“Creo que en la vida y creo que desde que se fecunda, hay vida, punto”, dijo el líder senatorial. “Creo en la vida y no puedo patrocinar ni auspiciar nada que pueda ponerle fin a una vida, independientemente de las circunstancias”.

Con los cambios al proyecto, se dispone que todo médico autorizado en Puerto Rico podrá realizar abortos, eliminando el requisito de que sea un ginecólogo obstetra, como se pretendió incluir en un entirillado de la medida radicado en noviembre del año pasado. No obstante, se requiere que todo personal que asista al médico cumpla con la Ley 254-2015 que regula la profesión de la enfermería.

A la medida también se le eliminó la prohibición total de los abortos luego de las primeras 20 semanas. En las enmiendas al proyecto original se elimina que se tenga que realizar una visita a la clínica 48 horas antes del procedimiento para una orientación inicial. Este cambio reconoce reclamos de sectores que defienden el derecho al aborto y que habían planteado que ese periodo de espera era innecesario y sólo servía para influenciar a la mujer a repensar su decisión.

Las modificaciones al proyecto original también eliminan el riesgo de cárcel de tres años que enfrentaba cualquier persona que violentara el lenguaje establecido en torno al cumplimiento de la visita 48 horas antes del procedimiento. No obstante, se mantiene una multa de $10,000 contra cualquier clínica por cada violación de la ley propuesta.

También asumió un turno en la sesión de hoy el senador independentista Juan Dalmau Ramírez, quien sostuvo también que el Departamento de Salud tiene a su cargo la regulación de los abortos.

“Eso un paso peligroso. No hay justificación médica que nos diga, estadísticamente, que hay unos niveles de mortandad entre las mujeres que practican abortos. No hay necesidad de establecer política pública y me parece que, en algunas disposiciones, limita el aborto”, dijo.

Dalmau Ramírez dijo que el proyecto “limita enormemente” a la población menor de 18 años.

“La determinación de una mujer al decidir poner fin a un embarazo es traumática, difícil en condiciones emocionales muy fuertes. Estamos aprobando legislación que no responde a una necesidad de política pública”.

En cuanto al proyecto del Senado 1000, la senadora Zoé Laboy introdujo una enmienda para garantizar la prohibición de las terapias de conversión ya que los cambios a la medida, según denunció el senador Eduardo Bhatia, abrían la puerta para que la prohibición solo aplicara a profesionales de la salud, no así a líderes religiosos, padres o madres.

“Nada en esta ley puede ser interpretado como que avala o permite terapias de conversión”, dijo Bhatia al leer su ponencia. El proyecto es una promesa de campaña del gobernador Ricardo Rosselló.

“Puerto Rico se una a la comunidad de naciones en el mundo que ya han declarado que la homosexualidad no es una enfermedad. Este proyecto de ley hace una declaración de política pública de que la homosexualidad no es una enfermedad”.


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