La exsecretaria de la Familia Yanitsia Irizarry. (Suministrada)

Al concretarse la renuncia del alcalde Carlos Méndez, la exsecretaria de la Familia Yanitsia Irizarry radicó hoy su candidatura para convertirse en su sucesora en la alcaldía de Aguadilla.

Irizarry se convertiría en la próxima alcaldesa de Aguadilla, a menos que alguien más presente su candidatura en o antes del mediodía de este viernes y obligue la celebración de una elección especial de delegados del Partido Nuevo Progresista (PNP) el martes de la semana entrante.

"He tenido un contacto continuo y constante con las comunidades, y no quiero dejar en el aire el trabajo y quiero continuar lo que nuestro alcalde inició hace 24 años", dijo ayer Irizarry a El Nuevo Día.

La exjefa en Familia durante la administración de Luis Fortuño competirá en las primarias de junio contra el exrepresentante José Luis Rivera Guerra y Jonathan González Flores por la candidatura a la alcaldía aguadillana.

Rivera Guerra anunció hoy por la mañana, en declaraciones escritas, que se enfocará en la primaria de junio y no competiría en la elección de delegados.

Irizarry, quien con la renuncia de Méndez pasa a convertirse en la presidenta del PNP en Aguadilla, dijo estar confiada en que, si tuviera algún rival en la elección especial, contaría con el apoyo masivo de los delegados.

Recordó que decidió aspirar a la alcaldía en el 2018, luego que Méndez anunciara que este sería su último cuatrienio.

Aseguró a El nuevo Día que, desde septiembre de ese año, cuando se reorganizó el PNP en Aguadilla y pasó a convertirse en la primera vicepresidenta del comité municipal, ha trabajado “de forma activa” con las comunidades.

“Así que no veo razón para esperar”, manifestó, al explicar por qué decidió aspirar a convertirse en alcaldesa ahora y no esperar a las elecciones de noviembre.

La exsecretaria se gana la vida mayormente como abogada en casos de familia, y ha sido contratista del Municipio de Aguadilla desde 2013 y, hasta el 30 de junio del 2017, había firmado contratos ascendentes a $186,000 con el ayuntamiento. Su penúltimo contrato, que expiró en junio de 2018, inicialmente fue por $20,000 y fue enmendado para restarle $9,995. El último contrato con el gobierno municipal fue por $4 entre marzo y junio del 2019.

Por años, Méndez, cuya renuncia cobró efecto ayer, proyectó una imagen bonanza económica en Aguadilla que, poco a poco, se ha ido desvaneciendo. La situación en ese pueblo se agravó tras el paso del huracán María, en 2017, que averió varias estructuras, incluida la pista de patinaje sobre hielo que administra el gobierno municipal y que puso a la venta.

Para principios del 2017, Méndez tuvo que reducir el salario mínimo de los empleados municipales de $10.25 a $8.25. Para entonces, permanecía cerrado el hotel del complejo recreativo Las Cascadas y no había dinero para amueblarlo.

Irizarry, sin embargo, atribuyó la situación económica de Aguadilla al gobierno central por la retención de las remesas de los ayuntamientos.

“El Municipio de Aguadilla está operando con un superávit, no es un déficit… Todos los municipios, desde antes de María, han sido víctimas, lamentablemente, de decisiones tomadas a nivel central que los han perjudicado”, indicó, al afirmar que el superávit es de $6.5 millones.

“Pero el alcalde tuvo que tomar unas decisiones que son antipáticas cuando vio la reducción de ingresos de 2017. Los municipios, en general, ha confrontado serios retos”, aseveró.

Irizarry dijo que la puesta en venta de ciertas propiedades del gobierno municipal fue una prerrogativa de Méndez, pero que, de llegar a la alcaldía, va a “mirar” esas decisiones y tomará su propia determinación.

El gobierno municipal de Aguadilla encabeza una demanda de clase en la que participan otros municipales contra la aseguradora Mapfre Praico Insurance Company por no pagar adecuadamente el dinero reclamado por los daños causados por el huracán María a sus propiedades.

Irizarry indicó que el reclamo del gobierno municipal de Aguadilla es de $30 millones, y Méndez dijo, en una conferencia de prensa en septiembre, que había recibido menos de $3 millones.

La exfuncionaria, quien indicó que ha asesorado al gobierno municipal en temas comunitarios, sostuvo que la subasta para la reparación de la pista de patinaje sobre hielo ya se hizo, al igual que la reparación del “City Center”, edificio que alberga las oficinas de la Administración para el Sustento de Menores (Asume), el Tribunal de Primera Instancia y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Añadió que el hotel de Las Cascadas está arrendado a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que paga un canon anual de $3.5 millones.

Tras su salida del Departamento de la Familia, en diciembre de 2012, El Nuevo Día destapó un esquema para el cierre acelerado de querellas sin investigar en esa agencia y que supuestamente fue dirigido por Irizarry.

La exsecretaria rechazó haber ordenado el cierre de las querellas y atribuyó, en una entrevista previa con este medio, que se llegaron a reportar 42,000 querellas sin atender por problemas de mecanización de la agencia.

En septiembre de 2013, una investigación senatorial encabezada por la senadora popular Rossana López arrojó que siete empleados del Departamento de la Familia confabularon presuntamente para cerrar administrativamente y de forma ilegal 47,000 referidos de maltrato durante la estadía de Irizarry en Familia.

López no identificó a Irizarry como participante del esquema, pero dijo que todos respondían a la exsecretaria.

Al preguntársele sobre ese asunto y si entendía que podría resurgir durante la campaña electoral, Irizarry dijo hoy que su récord “habla por sí solo”.

“El pueblo de Aguadilla y el pueblo de Puerto Rico pensante, que se informa, está claro. Lo que fue el inicio de una investigación, una resolución para la cual nunca me llamaron a declarar, que nunca se me hizo una imputación criminal ni administrativa, quedó en nada”, subrayó.


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