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Con la promesa de que no habrá impunidad contra quien le falle a la confianza del pueblo, el candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, presentó este miércoles su propuesta para atender el problema de corrupción que vive el país y que este cuatrienio ha implicado el procesamiento de seis alcaldes.

“Tenemos que aspirar a tener un gobierno que podamos pagar, a un gobierno que nos dé la libertad de poder concluir y lograr nuestras aspiraciones y a un gobierno que respete a su pueblo, que los casos de corrupción o (de) mal uso de fondos públicos sea algo del pasado y no una regla general…”, señaló Jiménez, en conferencia de prensa.

Durante este cuatrienio, fueron arrestados y procesados por corrupción los alcaldes de Cataño, Félix “el Cano” Delgado; Guaynabo, Ángel Pérez Otero; Trujillo Alto, José Luis Cruz; Guayama, Eduardo Cintrón; Humacao, Reinaldo Vargas Rodríguez; y Aguas Buenas, Javier García. Todos renunciaron. A ellos, se suman los ejecutivos municipales de Ponce, Luis Irizarry Pabón; y Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, cuyos casos están pendientes.

“Una de las cosas que a mí más me duele es cuando uno ve a un funcionario, a un contratista o a una compañía de la empresa privada que viene, se lucra, compra a políticos, vive bien a través de esas compras y, subsiguientemente, se hace testigo del pueblo y lo que paga son penas que son un chiste”, aseveró el candidato previo a hacer el desglose su propuesta, que tiene como base el fortalecimiento de las agencias, entidades y unidades encargadas del procesamiento de delitos contra la función pública.

Entre las organizaciones a fortalecer que mencionó, está la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), a la cual, según su propuesta, pasarían todas las divisiones de auditoría del gobierno central y los municipios que actualmente maneja la Oficina del Inspector General (OIG), ente que sería eliminado. La transacción incluiría la trasferencia de personal y del presupuesto. “De esa forma, todas las dependencias estatales y municipales van a tener una auditoría continua”, dijo.

Asimismo, Jiménez propuso disminuir la contratación de servicios profesionales en asesoría, el reclutamiento de 100 nuevos auditores para la OCPR y que toda subasta de la Administración de Servicios Generales sea evaluada por la OCPR. La radicación de legislación para que ningún contrato sea otorgado por un término mayor al que fue electo el funcionario que lo concede también forma parte de su propuesta.

La contratación de los 100 auditores, dijo, sería con los ahorros que se lograrían con el cierre de la OIG.

“Muchos de los casos que hemos visto han sido individuos que buscan que alcaldes firmen contratos por tiempo indefinidos, y por concepto de esas firmas hemos visto que esos inversionistas políticos están dispuestos a hacer lo que sea”, expresó, acompañado por su compañera de papeleta, la candidata a comisionada residente en Washington, Viviana Ramírez.

La educación, añadió Jiménez, será protagonista en la prevención. Para ello, sugirió el desarrollo de un currículo que atienda las áreas de ética, respeto y dignidad del ser humano, así como de una academia –en colaboración con la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la OCPR– para que los funcionarios tengan las destrezas necesarias en las áreas de supervisión y prevención.

Jiménez propuso, asimismo, fortalecer y ajustar la composición del “Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción, según el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico (Ley 2-2018)”, que tiene, entre sus funciones, el desarrollo de un programa de educación continua para la Rama Ejecutiva. Otro punto en la agenda de la colectividad es que todo contratista de gobierno cuente con un “sistema ético preventivo”.

“Con estas medidas, vamos a tener la vigilancia de nuestros fondos públicos y estoy seguro que, si logramos eso, vamos a poder tener unas economías y unos ingresos adicionales que hoy se están perdiendo por malas decisiones, por fraude o por otros comportamientos indebidos”, dijo, al referirse a expresiones de la contralora Yesmín Valdivieso, quien indicó que el gobierno pierde cerca de un 10% de su presupuesto por ineficiencia y corrupción.

El también alcalde de San Sebastián enfatizó sobre la necesidad de promover acuerdos colaborativos con el gobierno federal y en fortalecer la operación de la Oficina de Ética Gubernamental, al igual que las unidades investigativas encargadas del procesamiento de delitos contra la función pública del Departamento de Justicia y la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

Sobre esta última dependencia, Jiménez defendió su fortalecimiento a pesar de las múltiples críticas que ha recibido durante el cuatrienio ante los reveses experimentados en casos de presunta corrupción. “Creo que debemos fortalecerla y creo, también, que tenemos que hacer un análisis de todas las leyes nuestras”, expuso. Hay asuntos que, dijo, pueden atenderse administrativamente –con la imposición de multas– y enfocar los esfuerzos en esquemas como el que surgió este cuatrienio, donde legisladores (como en el caso de la convicta exlegisladora Milagros “Tata” Charbonier Laureano) le inflaban el salario a empleados para que estos le devolvieron parte de lo recibido.

Por último, Jiménez sostuvo que visualiza la imposición de “severas” consecuencias administrativas y disciplinarias contra los servidores públicos que no implementen las acciones correctivas que imponga la OCPR como resultado de sus investigaciones.