El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, informó este martes que solicitó una investigación al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jorge Rivera Rueda, sobre el bono que la ex presidenta alterna Jessika Padilla Rivera otorgó a 67 empleados exentos del ente, incluida ella.

Además, no descartó que el dinero otorgado –cuyo monto total se desconoce al momento– deba ser devuelto, si la pesquisa concluye que se incumplió con el debido proceso.

“(Es una investigación) interna y que se refiera esto, si hay que referirlo, a las autoridades, como es la Oficina del Contralor, la Oficina del Inspector (General)... para saber si se otorgó correctamente o no, si se cumplió con todos los parámetros”, dijo Vega Borges.

“Lo que sucede es que nosotros queríamos saber bajo qué criterios se habían otorgado (los bonos), o si iba a ser uniforme para todos los empleados, pero no fue así. Yo creo que, si no se cumplió con este procedimiento de objetividad y de los criterios, que fueran válidos, bueno, se debe devolver (el dinero). Si se otorgó legalmente, pues, que se haya otorgado legalmente”, agregó.

Destacó que sus homólogos de los demás partidos y el comisionado alterno del PNP, Felixavier Méndez Soto, solicitaron información a Padilla Rivera sobre la cuantía total de los bonos y los criterios seguidos para su otorgación, y nunca se les proporcionó.

En entrevistas separadas, los comisionados electorales del Partido Independentista Puertorriqueño y Partido Popular Democrático, Roberto Iván Aponte y Ernesto González, respectivamente, exigieron a Rivera Rueda que rinda un informe con todos los pormenores de la concesión de los bonos.

Vega Borges reveló que Padilla Rivera, antes de reintegrarse a la Judicatura, cargó con una bonificación cercana a los $9,000. “El mayor de todos (los bonos) lo tenía ella”, afirmó el exrepresentante, al destacar que este tema será objeto de discusión mañana, miércoles, en el pleno de la CEE.

“Me preocupa cómo fue que se llegó a esta determinación de la cantidad para cada uno de los empleados. Se dejaron a algunos fuera también”, abundó, tras opinar que Padilla Rivera, al concederse un bono a sí misma, “no fue prudente”.

El Nuevo Día reveló, la semana pasada, que, sin el aval de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ni la Junta de Supervisión Fiscal, Padilla Rivera concedió un bono a 67 trabajadores de la CEE bajo el nombre “pago único no recurrente a los empleados exentos”.

Padilla Rivera, quien tiene un nombramiento como jueza por un término de 16 años, no se ha expresado hasta el momento.

Por otro lado, La Fortaleza informó que, “como parte de las funciones de la OGP de supervisar y fiscalizar los fondos del gobierno, su director, Orlando Rivera, requirió información a la CEE sobre este desembolso de fondos para pago de bonos, que no contó con las debidas autorizaciones, en o antes de este miércoles”.

No se informó, de inmediato, de posibles consecuencias.

Cuestionada sobre el tema, la gobernadora Jenniffer González dijo estar al tanto de la petición de Vega Borges, y dejó claro que la concesión de los bonos no fue una instrucción de su administración.

“Así que yo voy a esperar, porque eso es un proceso interno de la CEE que tiene que cumplir con todos los requisitos que se imponen en las demás agencias de gobierno”, afirmó la mandataria.

“Si se hizo mal, pues, tienen que hacerse las cosas de manera correcta. Eso no fue una instrucción o algo que venga de nuestra administración”, agregó.

La petición de investigación de Vega Borges se une al referido que hizo, la semana pasada, el representante popular José “Conny” Varela a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

“(El referido de Varela) fue recibido el 27 de abril, a través de correo electrónico. El mismo fue referido, el 28 de abril, al Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo (AIPA) para su correspondiente evaluación, conforme al debido proceso”, confirmó el portavoz de la OEG, Luis Albizu.

En tanto, Vega Borges recordó que, a los empleados de las Juntas de Inscripción Permanente que trabajaron para las pasadas elecciones generales, se les concedió un pago porque tenían acumulado “bastante” tiempo compensatorio. “Con ese, nosotros no tenemos problema alguno, porque se discutió prácticamente en Comisión”, afirmó.

Este medio supo que, al interior de la CEE, particularmente entre los empleados que recibieron el bono, hay temor de que se les exija la devolución del dinero.

Según una carta de Padilla Rivera, con fecha del 27 de marzo y dirigida al comisionado electoral alterno del PNP, los empleados recipientes del bono debieron haber trabajado de septiembre a diciembre de 2024.

De acuerdo con la Oficina de la Administración de Tribunales, tras el nombramiento de Rivera Rueda y de Cyndia Irizarry Casino como presidenta alterna de la CEE, Padilla Rivera regresó a la Judicatura y fue asignada a la región judicial de Bayamón.