Hoy el liderato del Movimiento Victoria Ciudadana, encabezado por Alexandra Lúgaro, exigió transparencia en el proceso. (Teresa Canino Rivera)

Aunque los cinco comisionados electorales concurren en que el Tribunal Supremo intervenga en la controversia por la entrega de listas de electores que votaron usando el voto ausente o el voto adelantado, difieren en términos del efecto que esto tendrá y de la forma en que debe producirse esa intervención.

Así queda manifestado en cada una de los argumentos que presentaron hoy, domingo, al tribunal de mayor jerarquía en la isla luego de que el comisionado del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, pidiera su intervención con lo que se conoce como una certificación intrajurisdiccional.

Con este recurso legal, el PNP buscaba que el Tribunal Supremo acogiera un pleito que conduce la jueza Rebecca de León del Tribunal de Primera Instancia. La jueza ordenó la semana pasada que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) entregue las listas de los electores que solicitaron voto ausente y voto adelantado. Esas listas fueron entregadas a los comisionados electorales.

Pero la CEE no ha cumplido con otra parte de la orden de la jueza que estipula que el ente electoral debe entregar un listado de los electores que, en efecto, votaron ausente o por adelantado. El pleito fue incoado por el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín.

Valentín acudió ante la jueza nuevamente alegando un desacato del presidente de la CEE, el juez Francisco Rosado Colomer por no entregar las listas. Rosado Colomer debe acudir mañana lunes al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para explicar por qué no debe ser hallado incurso en desacato.

El pleito legal tuvo como consecuencia la paralización del escrutinio general que comenzó el pasado miércoles en lo que se producen las listas de los electores que votaron usando el mecanismo de voto ausente y de voto adelantado. Sánchez pide al Tribunal Supremo que reanude el escrutinio general y que se adopte el mismo mecanismo acogido en el 2012 sobre vaciado de listas para que no se divulgue la foto del elector.

Las listas en cuestión contienen la foto, la firma, la dirección y el número electoral del elector.

La CEE favorece que el Supremo tome este caso. De hecho, la moción presentada por la CEE hace constar expresiones previas de Rosado Colomer de que la jueza erró en su determinación.

La CEE cuestiona el recurso de mandamus del MVC ante la jueza porque no procedía y tuvo el efecto de paralizar el escrutinio, y sostiene que la información peticiones “no puede estar disponible hasta que finalice el escrutinio”.

“Vemos que en el presente caso hay múltiples errores cometidos al emitir la sentencia recurrida”, dice la CEE en su moción.

Entretanto, todos los comisionados favorecen la intervención del Tribunal Supremo, pero solo el del MVC no favorece que se reanude el escrutinio general sin que no se produzcan las listas.

“(Esto) priva a los partidos, los candidatos y a los electores de uno de los elementos más importantes para evitar instancias de fraude electoral. De qué sirve el acceso a las listas de electores que votaron adelantado o ausente cuando cualquier irregularidad que revelen ya no pueda tener consecuencia alguna sobre los resultados reportados?”, cuestiona el MVC en su moción.

Además rechaza el argumento del PNP de que las listas no existen. Detalla dónde la CEE debe localizar a cada elector que votó de manera ausente o adelantado. Es decir, dice que el confinado que votó está registrado en cada lista de esa elección, el de domicilio y el de precinto igualmente y el que votó por correo también debe estar registrado.

Además, el MVC descarta el argumento del PNP de que las listas son confidenciales y deben ser manejadas solo por la CEE para uso electoral, según lo dispone el Código Electoral. Al igual que los demás partidos, el MVC sostiene que precisamente las listas no saldrán de la CEE y se usarán durante el escrutinio.

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, descarta el argumento del PNP de que la orden de la jueza De León es ambigua.

“El comisionado del PNP pretende cambiar lo que es un decreto de mandamus claro y definido”, indica el PPD.

Objeta del PPD que se use el mecanismo propuesto por el PNP para la entrega de las listas que corresponde a un acuerdo alcanzado por los comisionados electorales del 2012 sobre una controversia de vaciado de listas.

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, le recuerda al PNP que el Código Electoral precisamente dispone que las listas deben ser usadas “como parte del escrutinio”.

Además, Aponte indica que producir las listas y hacer el escrutinio es “armonizable”.

“Los días de unos cuantos contando votos sin la participación de todos, se acabaron”, sentencia el PIP en su moción.

“El comisionado del PIP no desea que ningún funcionario que juramente el 2 de enero cargue con la cruz de la duda de haber sido verdaderamente electo. Anteriormente hemos visto cómo las actas de escrutinio no cuadraban con el recuento: no es necesario repetir los errores del pasado. Lo que está en juego es la credibilidad del nuevo gobierno y los funcionarios públicos que deben juramentar sus cargos el próximo 2 de enero”, agrega.

El comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau, calificó el recurso del MVC como uno a “destiempo” y lamentó que la decisión de la jueza haya tenido el efecto de paralizar el escrutinio general.

Asimismo, teme que las listas sean utilizadas para “usos ilegítimos”. También dice que le “preocupa sobre manera el control que tanto el MVC y el PPD desean tener sobre la información de votantes adelantados que votaron por adelantado”.

Sin embargo, dijo que Proyecto Dignidad no tiene problemas en que el Tribunal Supremo intervenga. Pero aclaró que esa intervención debe ser con expresiones “claras, prácticas y sucintas, permeadas con sencillez de manera tal que respeten al máximo la estructura del escrutinio general”.