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 Las metas de ahorros no se alcanzaron, en parte porque los despidos en el Gobierno bajo la Ley 7 de Emergencia Fiscal dislocaron la funcionalidad de muchas agencias, las que tuvieron que entrar en un patrón de contratación de personal externo para llenar los huecos que dejaron los desplazados. 

 Para colmo, a mediano plazo la merma en la nómina  tampoco  resolvió el problema de fondo, ya que apenas se cambió la forma en que opera el Gobierno. Salvo por algunos proyectos de reducción de redundancias, como la fusión de los sistemas de retiro  y la administración de procuradurías, las reformas en las instituciones públicas fueron tímidas y no abarataron mucho los costos. 

Para colmo, los despidos aceleraron la caída de la economía de Puerto Rico. El Índice de Actividad Económica del Banco Gubernamental de Fomento bajó 12 puntos entre 2009 y 2011, el Producto Nacional Bruto (PNB) a precios constantes se redujo en $352 millones en el mismo periodo y los recaudos del erario por concepto de contribución sobre ingresos se seguían desplomando.

 No hubo reforma

“Yo creo que el gran defecto es que fue un ejercicio estrictamente contable. No se reformó el aparato gubernamental y solo se buscó bajar la nómina”, opinó el economista Gustavo Vélez.

 Dependiendo de la alianza política, las cifras de los despidos por la Ley 7 varían entre 12,000 y 30,000. Datos del Negociado del Censo, sin embargo, establecen que en  2009 en Puerto Rico había 304,005 personas empleadas en alguna entidad gubernamental, ya sea municipal, estatal o federal. Para  2011, esa cifra se había reducido a 261,517. Esto es una baja de 42,388. Para  2013, la reducción ya alcanzaba los 57,159 empleados. 

Se redujo la nómina

Kenneth McClintock, exsecretario de Estado, afirmó que los gastos de nómina pública se redujeron rápidamente con la Ley 7,  lo que trajo un alivio al fisco. No obstante, reconoció que lo que habría ayudado a un plazo más largo era reestructurar el Gobierno. 

En cuanto al efecto que tuvieron los despidos, McClintock señaló que se trató de mitigar el impacto abriendo un proceso de renuncias voluntarias con beneficios y creando programas de capacitación laboral para los cesanteados, entre otras medidas. 

 El también expresidente del Senado señaló que su lamento con la Ley 7 es que, por razones legales, se tuvo que cesantear usando como criterio  la antigüedad del empleado y no la laboriosidad.

“El sistema jurídico nos obligaba aeso... Eso llevó a que muchas personas que hacían un gran trabajo en el Gobierno tuvieran que salir”, dijo McClintock.

 Fallida Ley 66

La  administración del gobernador Alejandro García Padilla tuvo su versión de contracción del Gobierno. La Ley 66 de 2014 en esencia congeló los costos incrementales, redujo los beneficios marginales de los empleados públicos y paralizó los convenios colectivos. 

 Sin embargo, la propuesta no contemplaba una transformación significativa de las operaciones gubernamentales. Salvo por algunas consolidaciones de agencias con poco peso en el presupuesto, no se promovió un cambio mayor. Además, muchos de los recortes en los gastos que se promovieron se echaron a un lado cuando el Gobierno entró en negociaciones con los sindicatos. 

“No se resolvió el problema porque no se ha tocado el asunto de la eficiencia, tanto en el gobierno central como en las corporaciones públicas”, dijo Vélez.

 Federico Torres Montalvo, de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, explicó que estos intentos fallidos han terminado por minar la confianza de los empleados en los líderes políticos, por lo que se tiende a resistir cualquier cambio que se proponga. 

“Lo que se piensa es que son cambios para beneficios partidistas”, dijo Torres Montalvo.

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