El gobernador Ricardo Rosselló y la primera dama, Beatriz Rosselló. (GFR Media)
Ricardo Rosselló junto a Beatriz Rosselló.

El Departamento de Justicia concluyó este jueves no presentar cargos criminales contra Ricardo Rosselló y su esposa, Beatriz Rosselló, porque “no es posible determinar y probar” que sometió información falsa a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) como parte de su solicitud de voto ausente en la elección especial para escoger a los cabilderos por la estadidad.

Ahora bien, los fiscales a cargo de la investigación Gretchen Camacho Rossy y Rufino Jiménez Cardona determinaron que el matrimonio no es domiciliado en Puerto Rico, según la definición del Código Electoral. El matrimonio había utilizado en la solicitud la dirección del padre de Beatriz, quien reside en College Park, en San Juan.

“En la casa de College Park, el doctor Rosselló nunca ha llevado a cabo actividades habituales. Ciertamente, una persona promedio pudiera decir que en algún futuro incierto los esposos Rosselló Areizaga pudieran y quisieran regresar a Puerto Rico. El problema es que la existencia de una posibilidad de que, en un futuro incierto, una persona tenga el deseo de regresar a Puerto Rico no es suficiente para poder ser catalogado como domiciliado electoral”, indica el informe de 190 páginas emitido por Camacho Rossy y Jiménez Cardona.

Pese a esa conclusión, los fiscales dijeron que no pueden radicar cargos por violación al Código Electoral porque “la prueba recopilada no cumple con el estándar de evidencia requerido para los casos criminales”.

“Existe una inconsistencia en los testimonios sobre asuntos esenciales como el manejo, la procedencia, la custodia y la autenticidad de las solicitudes de voto ausente por parte del personal de la CEE. La evaluación se ciñó al Código Electoral porque, ante la existencia de una ley especial, el Código Penal no es el estatuto aplicable a estos hechos”, se informó en comunicado de prensa.

Según los hallazgos de lo fiscales, existen dos solicitudes de voto ausente para cada uno de estos electores; la que certificó la CEE y la que se recibió en un correo electrónico. Ninguna posee juramento ni firma legible. Además, los testigos de la CEE alegaron que vieron otra solicitud, pero no fue producida, pese a que se peticionó mediante orden judicial.

“Aun cuando el ministerio público lograra la admisión en evidencia de la solicitud que posee la CEE y de la solicitud enviada por correo electrónico, resultado que no se vislumbra al amparo del ordenamiento jurídico vigente, el manejo deficiente, la falta de rigor en el cumplimiento y custodia, y los testimonios que aseguran no se trata del mismo documento que tuvieron ante sí, pone en duda su procedencia, le resta credibilidad y le impide al ministerio público probar más allá de toda duda razonable su caso”, explicó Camacho Rossy.

Se informó que los fiscales entrevistaron a un total de 33 personas, presentaron ante el tribunal y se expidieron órdenes de registro y allanamiento para obtener prueba documental y digital de la CEE y el Departamento de Hacienda.

Además, requirieron mediante subpoena, multiplicidad de documentos de la CEE, del Registro de la Propiedad, el Departamento de Hacienda, Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Centro de Recaudación e Ingresos Municipales, los tribunales de justicia, del Departamento de Transportación del estado de Virginia y de la División de Vehículos de Motor del dicho estado, del Departamento de Elecciones del estado de Virginia. También se emitieron requerimientos para la obtención de evidencia digital tanto en como fuera de la CEE.

“Ante el resultado de la investigación, sería impropio por parte del Departamento de Justicia presentar un caso carente de evidencia que demuestre la comisión de delito por parte del matrimonio Rosselló y Areizaga, tal y cual lo exige nuestro sistema de Derecho, en especial nuestras Reglas de Evidencia. El trabajo del Departamento de Justicia es realizar investigaciones justas y probar los casos de naturaleza criminal más allá de duda razonable, que es el quantum de prueba requerido en el tribunal”, dijo secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, quien acogió el informe de los funcionarios.

La investigación, que inició el 1 de junio de 2021 mediante la presentación de varios referidos por parte de los comisionados electorales de los partidos Proyecto Dignidad, Movimiento Victoria Ciudadana, Partido Independentista Puertorriqueño y Partido Popular Democrático, giraba en torno a la posible violación a los artículos 12.1 y 12.2 del Código Electoral, que tipifican como delito la violación del ordenamiento y reglamentación electoral.

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