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Pedro Pierluisi vuelve permanentemente a Puerto Rico después de ocho años como comisionado residente en Washington.

A mediados de enero se integrará a un bufete de abogados en San Juan a trabajar asuntos corporativos, gubernamentales y comerciales.

No confirmó si se planifica un retorno al bufete O’Neill y Borges del que salió hace una década –y en el que trabajó su hijo mayor, Michael, hasta ser designado secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)–, pero ese puede ser el camino.

La empresa O’Neill y Borges recién obtuvo un contrato de asesoría legal con la Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas públicas de Puerto Rico, como parte de la ley PROMESA que Pierluisi respaldó –por la posibilidad que ofrece de reestructurar la deuda pública–.

Aunque evitó precisar si retornará al bufete del que fue socio, Pierluisi indicó que por la naturaleza de su cargo, “donde único pudiera tener conflicto es en gestiones que haga en el Congreso”. “La regla es que no puedo cabildear en el Congreso durante un año después de dejar el cargo”, sostuvo.

Pierluisi, quien antes fue secretario de Justicia de Puerto Rico y estuvo tres años y medio como presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), reafirmó estar plenamente satisfecho con su trabajo en la Cámara de Representantes de EE.UU., donde el comisionado vota en comités legislativos, pero no en el hemiciclo.

“Pienso que estos ocho años fueron de muchos retos, trabajo y logros”, dijo, en una entrevista en la que volvió a destacar los que considera los momentos más significativos de su labor en el Congreso.

En ese sentido, mencionó los $7,000 millones asignados por la ley de estímulo económico ARRA; los $6,400 millones en Medicaid otorgados por Obamacare para el plan Mi Salud; el lenguaje federal que permite asignar $2.5 millones para una consulta supervisada por el Departamento de Justicia de EE.UU.; la elaboración por el gobierno federal de una Estrategia Antinarcóticos; la Medalla de Oro del Congreso a los veteranos de la guerra de Corea del regimiento 65 de Infantería; y la ley PROMESA, que le impuso al Gobierno de Puerto Rico control sobre sus finanzas, a cambio de un mecanismo que puede permitir una reestructuración abarcadora de la deuda de $69,000 millones que le ahoga.

Los resultados de la ley PROMESA aún están por verse, en momentos en que la Junta de Supervisión Fiscal que controla las decisiones presupuestarias y financieras del Gobierno de Puerto Rico comienza a establecer sus prioridades hacia la austeridad fiscal, la privatización, el reajuste del cobro de servicios del gobierno y las negociaciones hacia la reestructuración de la deuda pública.

“Es una legislación controversial, pero absolutamente necesaria”, dijo Pierluisi.

Para el comisionado –título que mantiene todavía por una semana más, pues Jenniffer González asumirá el puesto el 3 de enero–, no hubo decepciones en su trabajo legislativo.

Pero, reconoce como “un sentimiento encontrado no haber logrado la aspiración de ser el próximo gobernador de Puerto Rico”. 

“Ese es el único sentimiento encontrado que puedo albergar y lo he aceptado, y por eso estoy listo para el próximo capítulo en mi vida”, indicó, en referencia a su derrota en las primarias del PNP en junio pasado frente al ahora gobernador electo, Ricardo Rosselló.

Durante la campaña, Rosselló y la ahora comisionada electa González le criticaron duramente por dos cosas: consideraron que no hizo suficiente por la estadidad y denunciaron su firme respaldo a la necesidad de reestructurar la deuda.

Con respecto a la deuda, el tiempo le ha dado la razón. Hasta Rosselló recientemente reconoció la necesidad de reestructurar la deuda, lo que la Junta de Supervisión Fiscal ha establecido como inevitable.

El nuevo liderato del PNP consideró, además, insuficiente el proyecto pro estadidad que Pierluisi presentó en la sesión del Congreso que cerró a principios de mes, el cual se vinculaba a un proceso para la admisión de Puerto Rico como estado de EE.UU.

Pierluisi hace claro que la respuesta del gobierno del presidente Barack Obama y el Congreso al plebiscito de 2012 –en el que con claridad el 54% de los electores rechazó el actual sistema territorial/colonial– fue el lenguaje incluido en una ley federal de enero de 2014, en el que asigna $2.5 millones para la campaña educativa de un próximo referéndum a cambio de que el Departamento de Justicia de EE.UU. apruebe las definiciones de estatus que se incluyan en la papeleta electoral.

Pero, da la bienvenida a los esfuerzos de la comisionada electa González y el gobernador electo que prometieron a su militancia un plan Tenesí para conseguir un referéndum por el cual el Congreso, con las condiciones y beneficios ya precisadas, le ofrezca a Puerto Rico integrarse como estado a EE.UU.

¿Usted cree que un referéndum local a base de la ley federal de 2014 será la próxima consulta de estatus?

—Es inevitable que, antes de que Puerto Rico sea admitido a la unión americana, el pueblo de Puerto Rico va a tener que decir si quiere esa admisión. Esa consulta es inevitable. El proyecto de admisión que yo presenté la tenía. Tarde o temprano, el pueblo de Puerto Rico va a tener que decirle que sí directamente a la estadidad. ¿Cuándo va a ocurrir? Mientras antes ocurra, mejor.

¿El lenguaje de enero de 2014 fue la respuesta al plebiscito de 2012?

—Esa fue la respuesta del presidente y el Congreso. Algunos podían esperar más, otros menos, pero eso está ahí para la historia.

Si el Congreso no aprobó su proyecto pro estadidad y la respuesta fue la ley de enero de 2014, ¿por qué esperar que ahora se apruebe un proyecto de admisión como el que quieren Rosselló y González?

—No debo prejuzgar el asunto. Hay que darle la oportunidad a la comisionada Jenniffer González, que tiene acceso al liderato republicano del Congreso y es una líder reconocida de ese partido en Puerto Rico, que haga su gestión, presente su proyecto de admisión y lo cabildee en el Congreso.

¿Puede haber un cambio de estatus hacia la estadidad o la soberanía mientras exista una junta federal que controle los asuntos fiscales del Gobierno de Puerto Rico?

—La ley (PROMESA) reconoce que el Gobierno de Puerto Rico tiene el derecho de llevar a cabo una consulta de estatus conforme a la legislación que el Congreso aprobó en 2014. Tan es así que el Grupo de Trabajo creado por la ley PROMESA emite un informe en el que expresa que, si el Gobierno de Puerto Rico lleva una consulta de estatus, el Congreso debe estudiar minuciosamente la legislación que corresponda. Si la pregunta es si puede existir una Junta de Supervisión Fiscal en un estado de la unión, la respuesta es no. Una manera de ponerle fin a la existencia de la junta es logrando la estadidad. La otra es cumpliendo con los requisitos que establece la ley PROMESA, es decir, que el gobierno logre cuatro presupuestos debidamente balanceados en cuatro años consecutivos y tener acceso a los mercados financieros en términos razonables.

Hay unos que dicen que la junta dura por lo menos cinco años y otros piensan que estará controlando los temas fiscales durante una década.

—Eso dependerá de las ejecutorias de tanto el gobierno entrante como de la junta. Si se hacen las cosas como Dios manda, y la economía de Puerto Rico reacciona favorablemente, es factible que la junta culmine su labor en un período de cinco años.

¿Habrá ambiente para una consulta de estatus en medio de recortes en el presupuesto y reformas fiscales?

—Es importante que cuando se haga la consulta se deslinde el asunto del estatus del asunto político partidista o gubernamental. Si alguien está disgustado porque existe la junta o no nos tratan con igualdad, que apoye la estadidad en la consulta.

¿Habrá despidos? ¿Coincide con las propuestas de la junta?

—Todavía estamos en generalidades. Hay que esperar a que se certifique el plan fiscal para tener una idea clara de todos los ajustes que se van a llevar a cabo. Hay que reducir el costo de la deuda y los gastos del gobierno. Me agrada que la junta no está proponiendo alzas en contribuciones, sino una reforma contributiva que reduzca la carga de las personas y el sector empresarial. Pienso que nadie debe estar hablando de despidos, porque hoy más que nunca necesitas un personal público que cumpla su función y aporte a los sistemas de pensión. Hay que consolidar agencias, utilizar el personal y la tecnología de manera más efectiva.

Dicen que no debe haber nuevas contribuciones, pero entre otras cosas recomiendan la retasación de la propiedad.

—No hay duda de que el sistema de contribución de propiedad es anticuado.

Proponen quitar beneficios a los trabajadores en momentos en que los demócratas y el presidente Obama han tratado de extenderlos en EE.UU.

—Se necesita un balance. Hay que buscar la manera de que en Puerto Rico los empleados puedan optar por laborar cuatro días a la semana en vez de cinco o seis. Hay un sistema establecido en el Departamento del Trabajo, pero hay que simplificarlo. Cuando hablamos de reforma laboral, hay que comparar a Puerto Rico con los estados y a su vez con países extranjeros vecinos, y a base de esa comparación hacer los ajustes necesarios en las leyes laborales. No puedes comparar las políticas a nivel federal con las que cada estado o territorio tiene. Llegó el momento del cambio y nadie debe estar aferrándose a lo que tienen.

¿Perdió la primaria del PNP por la campaña en su contra de que no hizo suficiente por la estadidad o por la ley PROMESA?

—Estaríamos especulando. Fue una primaria de poca participación en la que prevaleció Ricardo Rosselló y yo acepté el resultado, como acepto la democracia.

¿Qué hará a partir de enero?

—Me voy a quedar en Puerto Rico junto a mi familia. Ya tres de mis cuatro hijos van a estar radicados permanentemente en Puerto Rico. Voy a retornar a la práctica de mi profesión. Estoy explorando opciones. La decisión no está tomada.

¿Volverá a aspirar a un puesto electivo?

—No está en el panorama. Deseo estar activo como miembro del directorio del PNP a partir de enero, como expresidente. Voy a poner mi granito de arena. El futuro dirá, pero estoy totalmente enfocado en regresar a la práctica privada de mi profesión.