Un informe prevé una crisis fiscal más prolongada

Washington - El Centro para la Investigación Económica y de Política Pública de EE.UU. considera que, para encaminar la recuperación económica de la isla, hará falta un cambio en el trato de Washington hacia Puerto Rico o que el país cambie su status.

“Las personas que diseñaron su ‘rescate’ pronostican otra década perdida si las cosas siguen como se ha planeado. Pero, ese pronóstico es, por desgracia, demasiado optimista”, indicó Mark Weisbrot, codirector y coautor de un informe del Centro (CEPR, por sus siglas en inglés).

Según el análisis, bajo la fuerte austeridad que impulsa el plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión impuesta por el Congreso para controlar las finanzas de la isla, el crecimiento negativo de la economía continuará más allá de 2024.

Advierte que la reestructuración de la deuda pública por la vía judicial es incierta y tiene el potencial de ser de larga duración, debido a las disputas con los bonistas.

La batalla judicial con los bonistas, agrega el informe, puede bloquear el regreso de Puerto Rico a los mercados financieros y “extender aún más su prolongada depresión”.

La subordinación política, señala, agrava las cosas en un país que no tiene pleno control de sus políticas públicas fiscales.

“Si Puerto Rico va a tener la oportunidad de evitar que sus estándares de vida se deterioren de manera continua y que haya más pérdida de población, las políticas impuestas desde afuera tendrán que cambiar o Puerto Rico tendrá que cambiar su status político”, subraya el informe suscrito por Weisbrot, Lara Merling, Kevin Cashman y Jake Johnston.

El análisis de los investigadores del CEPR -con oficina en Washington D.C. y cuyo nombre en inglés es Center for Economic and Policy Research-, indica que, “si Puerto Rico fuera un país independiente, tendría potencialmente más espacio político para responder a los cambios que decide EE.UU. o son negociados en tratados internacionales”.

Como ejemplo, el informe menciona el control sobre sus “políticas monetarias y cambiarias”.

 El estudio llama la atención además a las limitaciones que tiene Puerto Rico en el acceso a programas federales de salud que son clave, como Medicaid y Medicare.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Puerto Rico tendrá este año una economía 13% menor a la de 2005. El estudio advierte que, en 2017, el capital fijo de inversión en Puerto Rico fue 7.9% menos que el Producto Interno Bruto, lo que representa una baja de casi 40% en comparación con 2007.

Asimismo, expresa su oposición a las recomendaciones de sectores conservadores a favor de reducir el salario mínimo en Puerto Rico, donde la mediana del sueldo por hora es de $9.73, en comparación con $17.81 en EE.UU.

El CEPR se fijó en las decisiones que se han tomado en Washington D.C. que han provocado, desde la década de 1990, “golpes negativos” a la economía de la Isla.

Por un lado, menciona la apertura del mercado de EE.UU. a través de acuerdos de libre comercio que les dieron a otros países el mismo acceso que ha tenido la Isla.

También alude a la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal, que ofreció privilegios tributarios a manufactureras estadounidenses en Puerto Rico.

Aunque advierte que hay informes que indican que el impacto de la derogación de la 936 ha sido menor, el reporte toma nota de que hubo una caída significativa en el empleo de la manufactura en Puerto Rico, “del pico de cerca de 159,000 (entre el 15% y el 16% de la fuerza trabajadora) en 1990 y 1995, a 74,000 en 2016 (alrededor del 7% de la fuerza laboral)”.

El estudio destaca que rara vez en el pasado siglo ha habido un país con una depresión tan larga como la que ha sufrido la isla.

Menciona a Grecia, que ha vivido una crisis de casi una década que, “ciertamente no padecería si pudiese controlar sus políticas macroeconómicas más importantes”. Y sostiene que, entre los vecinos del Caribe, solo Jamaica ha tenido un ritmo de crecimiento económico peor que el de Puerto Rico en los últimos 20 años.